Mundo > Perú
Denuncian a la presidenta Dina Boluarte por las muertes causadas por la represión en el mes de diciembre
Las organizaciones Paz y Esperanza, Asociación Pro Derechos Humanos y el Instituto de Defensa Legal presentaron este martes una denuncia ante la Fiscal de la Nación contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte por los delitos contra la vida e integridad de al menos 89 civiles, incluyendo a seis jóvenes y menores de edad que fallecieron por la represión de protestas anti gubernamentales entre el 11 y 14 de diciembre.
La denuncia alcanza también al expresidente del Consejo de ministros Pedro Ángulo Arana; al actual primer ministro, Alberto Ótarola Peñaranda, al exministro del Interior César Cervantes Cárdenas y tres jefes policiales, el comandante general de la Policía, teniente general Raúl Alfaro Alvarado; el jefe del Frente Policial de Apurímac, Luis Flores Solís, y el coronel Alexis Luján Ruiz, jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros.
Beckhan Romario Quispe Garfias fue la primera víctima de la violenta operación que desplegaron la Policía y las Fuerzas Armadas el 11 de diciembre del 2022 en el Aeropuerto de Huancabamba. Ese día, además de Beckhan -quien sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave por un proyectil de arma de fuego- también murieron Wilfredo Lizarme Barboza, Jhon Encino Arias, Cristian Alex Rojas Vásquez, y los menores David y Roberto, de 15 y 16 años.
Las autopsias revelaron que tres de los fallecidos recibieron impactos de proyectil de arma de fuego en el tórax y cráneo. Durante los cinco días más convulsos que dejaron las protestas en las provincias de Andahuaylas, Chincheros, y Abancay, también se registraron decenas de civiles heridos. Sobre la base de estos hechos, los denunciantes solicitan que la Fiscalía inicie una investigación por uso arbitrario de la fuerza policial a fin de determinar la línea de mando y las responsabilidades penales que tuvieron los exministros, los altos mandos de la Policía y los efectivos que actuaron de “manera antirreglamentaria” en las operaciones.
La denuncia considera que se cometieron los delitos de homicidio calificado, lesiones leves y graves, tortura, abuso de autoridad y violaciones a los Derechos Humanos. Incluye la detención de cincuenta comuneros quechua parlantes de Abancay el 14 de diciembre.
Los organismos comprobaron que entre los detenidos había ancianos, un menor de 17 años y otras personas vulnerables. Antes de la medianoche, todos fueron liberados al no tener ningún vínculo con los ataques a la propiedad pública que se registraron durante las protestas.
Los organismos denunciantes solicitan que la Fiscalía requiera al Hospital Subregional de Andahuaylas y de Chincheros los informes médicos para conocer el tipo de proyectil que se extrajo a cada uno de los fallecidos y heridos.
Piden también tomar conocimiento de los audios y transcripciones de las sesiones que tuvo el Consejo de Ministros, entre los días 7 y 31 de diciembre del año pasado, “a efectos de verificar la orden expresa que se dieron a los ministros del Interior y de Defensa para el desalojo de los manifestantes en la región de Apurímac”.
Otro de los requerimientos es que las víctimas sobrevivientes, familiares de los civiles fallecidos y testigos sean incorporados al Programa de Protección del Ministerio Público.
