Integrantes de Iniciativas Sanitarias, una organización civil que viene asesorando a mujeres que pretenden abortar desde antes de que la ley de salud sexual y reproductiva entrara en vigencia, repudió a los ginecólo gos que presentaron un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra ciertos artículos del decreto que reglamentó la ley y que el TCA suspendió hasta que el tribunal se pronuncie definitivamente sobre esa norma. La organzación anunció que denunciará a esos médicos ante el Colegio Médico, por entender que su actitud viola el Código de Éética Médica aprobado en setiembre de este año, y plantean denunciarlos ante la Institución Nacional de Derechos Humanos.
“Este hecho es lo suficientemente grave como para repudiarlo”, dijo a El Observador Mónica Gorgoroso, integrante de la organización. Según Gorgoroso, desde que salió el fallo, hace tres semanas, el trabajo sigue siendo “normal”, aunque notan mayores prejuicios hacia los procedimientos que se utilizan para practicar abortos.
Ante el reclamo de cien ginecólogos, el TCA suspendió en su ejecución diez artículos del decreto reglamentario de la ley de aborto, que obligaban a los médicos a participar de todas las instancia de la interrupción del embarazo (menos del suministro del misoprostol para concretarlo), les prohibía emitir juicios de valor o dar otras alternativas a la mujer que no fueran abortar, y los obligaba a dejar establecido por escrito la objeción de conciencia en la institución.
Iniciativas Sanitarias realizó ayer un panel integrado por médicos y abogados para debatir sobre aborto y objeción de conciencia, en el que todas las voces fueron unánimes en criticar la decisión de presentar el recurso ante la justicia administrativa.
Para Gorgoroso, la objeción de conciencia de los médicos es respetable, pero el recurso presentado ante el TCA genera “barreras” a la atención de las pacientes que quieran practicarse un aborto. Además, agregó que “ofende la ética” de quienes trabajan en esa área y va en contra del Código de Ética Médica.
Por su parte, Cecilia Stapff, otra integrante de Iniciativas Sanitarias, opinó que se hace un “mal uso” de la objeción de conciencia. “Parece que hubiera un desconocimiento sobre qué es lo que realmente se hace en la atención a las usuarias. Por ejemplo, al afirmar que se ha transformado en un direccionamiento de las mujeres en la decisión hacia el aborto sin que haya espacios para manejar alternativas. Esto realmente no es lo que se hace”, apuntó Gorgoroso.
Uno de los encargados de exponer en el panel fue el ginecólogo Francisco Cóppola, grado cuatro de la facultad de Medicina. Cóppola argumentó que estar en contra de algunos artículos del decreto reglamentario tiene que ver con cuestiones de bioética y que debe ser un tribunal médico el que tome posición, no el Estado. En esa línea, cuestionó a aquellos médicos que participaron de la denuncia ante el TCA y son docentes en esa facultad. “Es difícil explicar cómo un médico así puede dar clase de bioética. Parece que dejara la bioética para el ámbito teórico”, sostuvo.
Otro de los expositores fue el doctor Luis Távaro, director de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog). Távaro opinó que la bioética se “entremezlca con las posiciones religiosas o personales del profesional”, y que eso genera un conflicto. “Permanentemente los médicos estamos tomando decisiones dentro de un marco ético. Hay circunstancias en donde el marco ético se vuelve consciente y ahí están los problemas”, dijo.
A la actividad estaban invitadas autoridades del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, ayer comunicaron que no asistirían porque no querían participar de un acto de repudio a médicos, según indicaron Gorgorsa y Stapff.
