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Denunciaron en Argentina a ex militares, policías y civiles

Para sortear los recursos que se plantearán en Uruguay piden a la Justicia argentina que los juzgue

27 de octubre de 2011 22:12 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

Familiares y víctimas denunciaron en Argentina a los militares para que sean juzgados
Familiares y víctimas denunciaron en Argentina a los militares para que sean juzgados

Para sortear el obstáculo de los recursos de inconstitucionalidad contra la ley sustitutiva de la Caducidad aprobada ayer de madrugada –que paralizarán las causas–, familiares de desaparecidos y dirigentes sindicales denunciaron en Argentina a ex militares, ex policías y civiles acusados de delitos cometidos durante la dictadura para que sean extraditados y juzgados en ese país.

La Justicia argentina tiene antecedentes de juzgar los crímenes de la dictadura. Ayer se conoció el fallo de un Tribunal Federal de Argentina que condenó a cadena perpetua al ex capitán de la Marina de guerra, Alfredo Astiz, y a otros 11 militares por crímenes, torturas y secuestros.

Los militares ya anunciaron que una vez que sean citados por nuevos casos, presentarán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra la ley que hace imprescriptibles los delitos de la dictadura y restablece la pretensión punitiva del Estado. Esos recursos paralizarán las causas por un año. Además, si la corporación les diera la razón, los denunciados no podrán ser juzgados en Uruguay.

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En Argentina, no hay impedimentos legales para juzgar a ex represores. La Justicia les ha aplicado figuras delictivas como “privación de libertad agravada”, con penas de cadena perpetua.

Denunciantes y denunciados
Los integrantes de la Mesa Permanente contra la Impunidad, Sergio López Burgos –sobreviviente del centro de torturas Automotores Orletti–, Lille Carusso –esposa del detenido desaparecido Álvaro Balbi–, los coordinadores del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, Juan Castillo y Fernando Pereira, el dirigente Edgardo Oyenart, y Diego Fau, hijo del ex ministro de Defensa Yamandú Fau, presentaron días atrás la acusación ante el juez argentino Norberto Oyarbide, contra un centenar de personas por 128 casos de tortura, homicidio y desaparición forzada. La misma será ratificada el próximo martes 1º de noviembre en Argentina, y se agregará en la causa contra Jorge Rafael Videla.

En la denuncia, a la que accedió El Observador, piden que sean enjuiciados quienes aún no lo fueron en Uruguay y tuvieron participación en el traslado y desaparición de uruguayos en el marco del Plan Cóndor (coordinación de operaciones entre las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia entre 1970 y 1980).

Los denunciados son quienes aparecen nombrados en el libro A todos ellos, redactado por familiares de desaparecidos. En general se trata de militares que actuaron en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y en el Servicio de Información de Defensa (SID).

También solicitaron enjuiciamiento para quienes ya están encarcelados, como el ex dictador Gregorio Álvarez, y el ex canciller Juan Carlos Blanco, entre otros.

Ahora los jueces
La ley de Caducidad será historia en pocas horas con la promulgación del presidente José Mujica. A partir de ese momento el tema pasará estrictamente al terreno judicial. Y es en esa órbita donde comenzarán los trancazos. Por un lado, los abogados patrocinantes de denuncias contra los militares están convocando a la ciudadanía a realizar denuncias masivas. Por otro, los militares interpondrán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la ley recientemente aprobada cada vez que alguno de ellos sea citado a declarar.

Además, tienen previsto presentar acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que la nueva norma “afecta los derechos humanos y los adquiridos” de los militares, dijo a El Observador el presidente del Centro Militar, coronel Guillermo Cedrés.

La tercera medida que llevarán adelante es denunciar por “homicidio especialmente agravado” a militantes tupamaros que no hubieran sido procesados anteriormente por hechos sucedidos antes de la dictadura. “Hay muchos casos en los que sabemos quiénes son y dónde están”, dijo.

El presidente del Centro de Oficiales Retirados, coronel Jorge Puente, dijo que continuarán “incursionando en todos los caminos para que el accionar de la izquierda sobre los retirados y las Fuerzas Armadas se pueda revertir”.

Mientras organizaciones de jóvenes de izquierda convocan para mañana a una jornada de “denuncias masivas” sobre delitos de la dictadura, jóvenes colorados instalaron una “carpa de la democracia” frente a la Torre Ejecutiva y exigen a Mujica que vete la ley aprobada el miércoles por el Parlamento.


José Mujica
presidente de la república
“Terminemos, hay una decisión tomada por la mayoría del Parlamento. Nosotros la acompañaremos y después nos remitiremos a lo que decida la Justicia”



Van Rompaey y derechos humanos
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, dijo ayer que “los derechos humanos no están a disponibilidad de las mayorías. Son derechos de las minorías y deben ser protegidos aun contra la opinión de las mayorías”. El magistrado fue el único de los cinco ministros de la Corte que se pronunció a favor de declarar los delitos cometidos en la dictadura como de lesa humanidad y por tanto, imprescriptibles. En el fallo de la SCJ por la desaparición de Adalberto Soba, Van Rompaey se pronunció a favor de aplicarles a los militares el delito de desaparición forzada, como pedía la fiscal Mirtha Guianze. Ayer advirtió que la SCJ tomará postura sobre si la nueva ley es o no inconstitucional “en el caso eventual de que se plantee alguna acción”.

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Dos militares a prisión
El juez penal Eduardo Pereyra procesó ayer con prisión a los militares retirados Alberto Gómez Graña y a otro de apellido Aguirre, como coautores de un delito de “homicidio muy especialmente agravado”, por la muerte del argentino Gerardo Alter. Además, dictó orden de captura internacional para Hermes Tarigo, quien se fue del país.
Alter era militante del MLN y fue detenido el 19 de agosto de 1973 en Uruguay y conducido al Batallón Florida.

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