Javier Conde
Es periodista de la sección Mundo de El ObservadorMundo > Detrás de las sentencias
Desafío catalán: persistir en la unilateralidad solo conduce a la radicalización
"A Catalunya le sobran bomberos pirómanos y le faltan estadistas audaces", escribe Márius Carol en La Vanguardia de Barcelona este viernes.
Lo hace desde su tribuna de Director, posición que ejerce desde diciembre de 2013 en este periódico fundado en 1881, que fue incautado durante la Guerra Civil, rebautizado después,cuando el franquismo lo devolvió a sus dueños, como La Vanguardia Española y que sigue una línea catalanista. Sin estridencias, mesurada. Pensada.
"Lo más preocupante no son los que pegan fuego a la ciudad cada noche, lo realmente inquietante es que haya gentes capaces de justificarlos. Las sociedades son sus valores éticos y cuando estos se extravían o se confunden, la degradación moral se apodera de sus calles", apunta de entrada, para que no queden dudas adonde va, la nota de Carol.
Licenciado en Filosofía y Letras y Periodismo, de largo recorrido en medios catalanes y españoles, novelista, Carol es sutil y habla con silencios ante tanto alboroto
Porque cuando escribe que haya "gentes capaces de justificarlos", a los pirómanos, hay que leer en verdad: QuimTorra, el presidente del gobierno catalán que, atrapado entre contradicciones, tira para adelante.
Torra, —que sucede a Carles Puigdemont, como este sucedió a Arthur Mas—, condenó con excesiva demora y para la galería, después de ser impelido a ello por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la violencia que cada una de estas noches, desde el lunes de las sentencias del Tribunal Supremo contra una docena de líderes independentistas, se ha desatado con furia en Barcelona y otras ciudades catalanas.
El presidente del Govern cumplido el trámite de esta tardía condena habló luego en el Parlamento catalán y dijo: "Si por poner las urnas para la autodeterminación nos condenan a cien años de cárcel (sumando las penas contra los nueve políticos penados), la respuesta es clara: deberán volverse a poner urnas para la autodeterminación".
Carol, al día siguiente, escribe: "No se puede construir nada, no hay ningún futuro, con quienes apagan el fuego con gasolina". Y hay palabras que son dinamita.
Las sentencias y la unilateralidad
La promulgación de las condenas contra nueve de los 12 líderes independentistas juzgados por el Tribunal Supremo, con penas de cárcel de 9 a 13 años, por sedición y malversación de fondos públicos, es la conclusión de una derrota: el intento fracasado de secesión de octubre de 2017, que significó la más honda crisis política de la democracia española, incluso mayor que el golpe, también frustrado, del coronel Antonio Tejero en febrero de 1981 cuando se apoderó por unas cuantas horas del Congreso de los Diputados y puso en jaque el régimen democrático español tras la larga y muy oscura noche franquista.
Pero 1981 no se parece en nada a 2019. Entonces, aunque apenas balbuceaba la democracia naciente, había un anhelo de cambio, de profunda aspiración democrática amasada durante las décadas de dictadura que unió a partidos e instituciones, con el rey Juan Carlos en posición privilegiada, para sofocar el último pataleo franquista. Tejero fue condenado a 30 años de reclusión por rebelión militar y se le inhabilitó por el tiempo de la condena.
Esta España de cuarenta años después que ha alcanzado avances innegables en todos los ámbitos: sociales, culturales, deportivos, económicos, padece, sin embargo, de serias fisuras en su entramado político, con desprestigio de los partidos principales (Partido Popular y Partido Obrero Socialista Español), e incluso de aquella Monarquía que tan decisiva fue en febrero de 1981.
Es un panorama paradójico: más largo recorrido democrático envuelto en las circunstancias actuales en una cierta sensación de debilidad. España está a una semanas de celebrar sus cuartas elecciones en cuatro años en la búsqueda de un gobierno estable. La inestabilidad es una losa para encarar el desafío catalán. Es un tema de campaña y no un tema de Estado.
Cuando Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) concurrieron está semana por separado al Palacio de la Moncloa, convocados por Pedro Sánchez, cada uno jugó su carta. ¿Faltan estadistas también de este lado?
Unos piden mano dura ya, otro diálogo ya, y, Sánchez pide calma, pide unidad y descarta sobreactuar. El diario El País, el de mayor presencia en el mundo de habla castellana, se posiciona claramente con el presidente de gobierno en su editorial de este viernes: "no se comprende que algunos partidos constitucionalistas lancen ataques contra el Gobierno central en funciones en lugar de cerrar filas con él en su llamamiento a la firmeza, unidad y proporcionalidad".
Un medio "españolista" advierte a los "suyos"; otro, catalanista, lo hace con el liderazgo "propio" que, como Carol recuerda "amenazar con repetir errores es siempre una mala idea".
El error, no reconocido, es persistir en público en la vía unilateral que llevó al intento de secesión de 2017 y a las consiguientes condenas —cuestionadas en su desproporción en ciertos ámbitos democráticos e instituciones, sin embargo — y en proponer su repetición, a pesar de la fragmentada unidad del independentismo, con su paralelismo de "mayor radicalización" y de mayor hartazgo en los sectores antiseparatistas.
- Completa absolución: El Gobierno de Cataluña ha denunciado su naturaleza política, enfatizando que la negociación y el diálogo –en lugar de los tribunales y las celdas de prisión– son la única salida del actual contexto político. Y la completa absolución y puesta en libertad.
- Error histórico: Las engañosas interpretaciones del Código Penal, las investigaciones irregulares, y las desviaciones heterodoxas de la jurisprudencia y de la práctica jurídica establecida confirman el intento de la justicia española de castigar legalmente las actividades políticas de los acusados.
- Ni puede, ni quiere. el juicio ha demostrado que Pedro Sánchez no sólo ha sido incapaz de resolver la situación, sino que tampoco ha querido. Este hecho se plasma en las penas que pidieron tanto la Fiscalía como la Abogacía General del Estado, dos instancias nombradas a propuesta del gobierno español.
- .El silencio no es solución. Esta sentencia pondrá ahora más presión sobre la comunidad internacional. Ha llegado el momento de que los actores globales den finalmente un paso adelante: nadie puede quedarse callado ante esta sentencia inaceptable, en la cual se vulneran derechos fundamentales. El silencio ya no es una solución, ya que no arregla el problema, sino que sólo retrasa su resolución.
