7 de septiembre de 2015 5:00 hs

Una investigación comandada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desplomó la versión oficial sobre la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en 2014. Según este nuevo estudio, los cuerpos de los jóvenes normalistas no fueron cremados y su búsqueda debe continuar.

"No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada a base de testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula", se afirma en el informe de la pesquisa realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

En sus cerca de 500 páginas, el texto critica la inacción de las fuerzas federales y pone sobre la mesa un "elemento clave" que no ha sido considerado por la fiscalía: un quinto ómnibus que pudo transportar droga al momento del ataque. Ese bus no figura en la investigación oficial.

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La fiscalía afirmó que los 43 cuerpos fueron incinerados apenas horas después de su desaparición y arrojados a un río. Pero los investigadores aseguran que para esto se habrían usado más de 30 toneladas de madera y 13 de neumáticos, cantidades no disponibles en esa zona del país. Y los restos habrían tardado unas 60 horas en consumirse. Por eso es que los expertos solicitaron escrutar el posible uso de hornos de cremación públicos y privados en los municipios aledaños.

Por otro lado, el informe deplora que la Policía estatal, federal y el Ejército no auxiliaron a los estudiantes pese a presenciar los ataques e incluso recibir llamadas de auxilio.

Muchos lesionados permanecieron sin atención médica, lo que "en algún caso probablemente precipitó la muerte".

Esto pone en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya popularidad se ha ido a pique a raíz de este episodio.

Alegando tener una "verdad histórica", la fiscalía mexicana concluyó que, la noche del 26 de setiembre del año pasado, decenas de estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa fueron atacados por sicarios y policías corruptos en la cercana Iguala.

Los jóvenes estaban tomando a la fuerza cuatro autobuses para sus movilizaciones políticas. Pero después de agredirlos, los policías los entregaron a narcotraficantes del cartel local Guerreros Unidos, que los asesinaron por sospechar que eran miembros de un cartel rival.

Los padres de los jóvenes nunca creyeron esta versión y siguen pidiendo justicia y transparencia.

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