Nacional > Medidas
Despliegan más tropas en la frontera para impedir ingresos ilegales
Con un inicio casi dos horas después de lo previsto y con varias reuniones para afinar detalles de por medio, la Cámara de Senadores debatió y aprobó, solo con los votos del oficialismo, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para limitar el derecho a reunión durante 60 días y cerrar las fronteras desde la promulgación del texto y hasta el 10 de enero excepto para transportistas de carga y aquellos que ya tuvieran pasaje.
Con la pandemia de fondo, las Fuerzas Armadas jugarán un rol clave en el patrullaje fronterizo, una potestad que ya aplica. El ministro de Defensa, Javier García, confirmó que el gobierno desplegará más tropas en las fronteras para impedir ingresos ilegales, tanto por la vía marítima como terrestre.
La jurisdicción en materia de fronteras es competencia de Defensa e Interior, y por esta razón, García y el ministro del Interior Jorge Larrañaga tuvieron este viernes la primera de una serie de reuniones que se extenderán durante el fin de semana para definir un protocolo de actuación.
“Habrá un trabajo conjunto para aplicar una ley que nadie alegremente la impulsa pero estamos obligados desde el punto de vista de la responsabilidad social de proteger un derecho individual de salud y vida”, expresó García.
En cuanto a la limitación del derecho de reunión, si bien el presidente Luis Lacalle Pou había adelantado el miércoles que el gobierno definiría el concepto de aglomeración, ni la ley ni su reglamentación establecerán un número exacto de personas.
“El objetivo es desalentar las reuniones. Si pones 30 y son 29, ¿no es una aglomeración?”, explicó a El Observador el senador Gustavo Penadés.
El proyecto que al cierre de esta edición el oficialismo se aprestaba a votar en la Cámara de Diputados establece la suspensión de las aglomeraciones de personas “que generen un notorio riesgo sanitario” por 60 días desde la publicación de ley. Además, detalla que abarca la “concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas, protectores faciales y otros elementos de similar naturaleza”.
Más allá del debate que llevó todo el viernes en el Parlamento, la discusión continuará durante el fin de semana con reuniones entre representantes del Poder Ejecutivo para terminar de definir los detalles de la reglamentación.
El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa van a trabajar durante todo el sábado y tendrán un encuentro el domingo. Además mantendrán contactos con Presidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública, dijeron a El Observador fuentes del gobierno.
Uno de los puntos más debatidos en el Parlamento fue sobre quién recaerá la disposición final de disolver una eventual aglomeración. En el oficialismo asumen que habrá coordinación entre dependencias pero la policía jugará un rol clave por ser la fuerza pública.
“La policía va a tener un instrumento jurídico que jamás va a ser utilizado en contra de la gente para cercenar y menoscabar derechos y garantías, pero sí para preservar lo que es muy caro para los uruguayos que es la salud de la gente y por eso el presidente de la República envió ese mensaje que nosotros vamos por supuesto a aplicar en el marco de lo que refiere a la Policía”, dijo este viernes en conferencia de prensa el ministro del Interior Jorge Larrañaga.
El debate
Durante la discusión en la Cámara Alta, el oficialismo y la oposición estuvieron de acuerdo en el objetivo del proyecto y de las medidas planteadas –disminuir la circulación para reducir los contagios- pero discreparon en las formas. Por eso, el Frente Amplio presentó un texto alternativo que en vez de regular el artículo 38 de la Constitución (derecho a reunión) como planteó el gobierno, proponía ir por la reglamentación del artículo 44 de la Carta Magna (deber de cuidar la salud). En una primera versión del texto de la oposición se definía exactamente qué es una aglomeración (hablaba de 30 personas) pero luego concluyeron que es “virtualmente imposible” definirlo, según dijo el senador Mario Bergara (Fuerza Renovadora) en el plenario.
Desde la oposición también cuestionaron la velocidad con la que se trató este tema. El senador Alejandro Sánchez (MPP) criticó la rapidez con que se legisló sobre “un derecho fundamental”, dijo sobre las 15:30, la hora en la que estaba citada la Cámara de Diputados para tratar el proyecto.
Sin embargo, la sesión del Senado se extendió hasta pasadas las 18 horas. El proyecto fue presentado por el gobierno en la tarde de este jueves y tratado en carácter de urgente este viernes en ambas cámaras. La sesión de la Cámara de Diputados inició a las 19 horas y al cierre de esta edición todavía no se había terminado de votar pero el oficialismo se aprestaba a darle sanción definitiva.
Dentro de la coalición de gobierno fue el Partido Nacional el encargado de defender el proyecto del Poder Ejecutivo y dejaron clara la “incomodidad” que sentían a la hora de votar una restricción de una libertad.
“Si un blanco limita por 60 días la libertad de reunión, es porque esto no es moco de pavo. Hay olor a CTI, hay olor a circunstancias complicadas”, dijo el senador Sebastián Da Silva (Espacio 40).
Tanto oficialismo como oposición utilizaron cuartos intermedios para afinar detalles de los textos que presentaron. Finalmente, la coalición acordó que el Poder Ejecutivo tenga la potestad de extender la limitación del derecho a reunión por 60 días (el texto original permitía una prórroga de 30 días).
Incluso, desde Cabildo Abierto plantearon a la bancada nacionalista la inquietud respecto a la posibilidad de que los uruguayos que lleguen hasta las fronteras por sus propios medios también puedan ingresar al país pero esa posibilidad fue rápidamente descartada.
Desde el Partido Nacional plantearon a los legisladores de Cabildo Abierto que la cantidad de personas que puede llegar a entrar vía terrestre es el número “más importante” y los que “más probabilidades” tienen de traer el virus, según contaron fuentes parlamentarias a El Observador.
El rol de la Policía
Una de las principales diferencias entre los proyectos presentados es respecto a quien es la autoridad competente para fiscalizar. Mientras el texto del oficialismo facultó a disponer el cese de aglomeraciones “al Poder Ejecutivo, a través de los ministerios competentes y a los gobiernos departamentales en sus respectivas jurisdicciones”, en el de la oposición apuntaron al Ministerio de Salud Pública en su rol de policía sanitaria.
“El cuerpo inspectivo del Ministerio de Salud Pública tiene 13 personas. Actualmente tiene 274 inspecciones pendientes”, dijo el senador blanco Jorge Gandini para responder al pedido.
Desde el Frente Amplio hubo dos reacciones a este planteo. Por un lado, el senador de la Vertiente Artiguista, Eduardo Brenta, aseguró que el MSP debe trabajar en conjunto con los gobiernos departamentales y señaló a modo de ejemplo que la Intendencia de Montevideo tiene un cuerpo inspectivo con más de 200 personas.
Pero el senador Sánchez pidió aumentar los recursos en este momento de “excepcionalidad” para el cuerpo inspectivo del Ministerio de Salud Pública y tener asignar recursos humanos.
El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró que esta diferencia se da porque en la oposición “subyace una desconfianza” a la policía. “Aquí se presentan dos proyectos, en el fondo se difiere en qué ministerio va a ser el protagonista. El MSP tiene serias limitaciones para hacer de esa policía sanitaria. Creemos que ese es el fondo de la diferencia más allá de algún otra pequeño diferendo y nosotros creemos sinceramente que en el fondo subyace una desconfianza al instituto policial”, dijo.
El ministro del Interior, por su parte, reafirmó este viernes el rol de la policía en el “control” de la salud y aseguró que se trata de una ley de “protección para todos los uruguayos en una circunstancia excepcional”.
Otra de las diferencias en el debate estuvo vinculada al cierre de fronteras. Desde el Frente Amplio aseguraron que es inconstitucional. El texto del Poder Ejecutivo estableció que las fronteras quedarán cerradas excepto para los transportistas de carga y para aquellos que al 16 de diciembre ya tenían el pasaje comprado y los permisos correspondientes tramitados.
Desde ambas bancadas se plantearon la necesidad de votar un texto de consenso para enviar una señal a la población. Sin embargo, los senadores no se pusieron de acuerdo y el texto del gobierno fue votado solo con los votos del oficialismo y el del Frente Amplio fue rechazado.
