La operaron, se sintió mal, volvió al hospital y supo la verdad: los médicos le robaron un riñón

Los cuatro médicos están "vinculados con la extracción ilegal de un riñón a un paciente a quien se dio otro diagnóstico para justificar la intervención", dijo a los periodistas el vocero de la fiscalía, Moisés Ortiz.

En una primera declaración, el funcionario había anunciado la detención de tres médicos. Posteriormente, informó del arresto de un cuarto profesional en una zona de la periferia sur de la capital.

Las otras tres aprehensiones se realizaron en la capital con ayuda de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), indicó Ortiz.

Ortiz aclaró que las cuatro detenciones fueron en Ciudad de Guatemala y ninguna en Amatitlán, aledaño al sur de la capital, como se dijo al principio.

Los cuatro médicos, dos urológos, un cirujano y un patólogo, fueron remitidos ante un juez para notificarles los motivos de su detención. Al final de la cita, el magistrado les otorgó libertad condicional y fijó la audiencia de primera declaración para el 14 de marzo.

Los cuatro médicos están acusados de disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. A uno de ellos le imputan el delito de encubrimiento propio.

Las pesquisas se iniciaron con una denuncia interpuesta en mayo de 2022. Según la prensa local, la intervención quirúrgica ocurrió en un hospital privado de Ciudad de Guatemala, un dato que Ortiz no confirmó a AFP.

Según la fiscalía, los detenidos están "vinculados con la extracción ilegal de un riñón a un paciente a quien se le diagnosticó extracción de glándula suprarrenal para justificar la intervención".

La víctima, una mujer sexagenaria, dijo al diario local Prensa Libre que sintió "molestias después de la intervención, y por eso regresé a que me revisaran" y fue cuando comprobó que le habían extraído el riñón.

Por el momento se desconoce si se trata del único caso en el que están involucrados los detenidos o si integran una red dedicada al tráfico internacional de órganos.

El jefe de la Fiscalía contra la Trata de Personas, Alexander Colop, afirmó que este es el primer caso de robo de órganos registrado en Guatemala.

El apoyo estadounidense

La colaboración de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el caso, solicitada por la justicia guatemalteca, se debió a la experiencia de ese organismo en la lucha contra el tráfico de órganos, considerado un delito en el país del norte desde 1984.

Ese año, la Ley Nacional de Trasplante de Órganosprohibió la venta o compra de órganos y tejidos humanos en los Estados Unidos. La venta de órganos y tejidos es un delito y los infractores pueden recibir penas que van desde multas hasta el encarcelamiento.

“Una de las razones por las que el Congreso promulgó esta ley fue para asegurarse de que los ricos no tengan una ventaja injusta para obtener órganos y tejidos donados”, explica el “Libro blanco de la Organ Procurement and Transplantation Network sobre bioética: incentivos económicos para la donación de órganos”.

Además, la ley federal para la donación de órganos, ojos y tejidos, definía ya entonces una donación como “una transferencia voluntaria y legalmente vinculante sin compensación”. La norma permitía a las personas tomar la decisión legal de regalar sus órganos y tejidos después de la muerte y establecía registros de donantes.

Pero más allá de las restricciones legales, la venta de órganos era un hecho. Se hacía mediante transacciones clandestinas en las que, generalmente, alguien pobre le entregaba, a cambio de dinero, uno de sus órganos, generalmente un riñón, a cambio de dinero.

En el caso que acaba de resolverse en Guatemala con la captura de los cuatro médicos, el beneficio económico ni siquiera fue para “la propietaria” del riñón, sino para los cuatro médicos que se lo extrajeron sin su conocimiento y trataron de lucrar con él.