"Hay visos de tragedia para la democracia en el continente americano debido al irrespeto a las libertades de prensa y expresión, que corroe los derechos humanos, debilita las instituciones y mata la esperanza de una vida digna”. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, abrió con estas palabras el último encuentro de la organización que nuclea a 1.300 medios de comunicación, a escasas horas del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemora este miércoles.
Los números lo ratifican: en diciembre se había batido el récord de periodistas presos por ejercer su tarea, en la región fueron asesinados diez reporteros en solo medio año, y una investigación de Reporteros Sin Fronteras confirmó que en la última campaña electoral de Brasil cada tres segundos, en promedio, hubo un ataque contra periodistas por redes sociales.
“No se han registrado situaciones de ataque o amenaza a la libertad de prensa en este país durante el (último) semestre”, comienza diciendo el documento nacional elevado a la reunión de la SIP.
Pero el informe de la ONG Cainfo, al que accedió El Observador, concluye lo contrario: “La situación de la libertad de expresión de las y los periodistas en el Uruguay continúa siendo compleja debido a las restricciones y amenazas que se registraron en el último año móvil transcurrido entre el 1° de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023”.
El contrapunto no es nuevo. En 2022, a esta misma altura del año, Uruguay había sido la sede de la celebración internacional de Unesco sobre la libertad de prensa. En medio del congreso se publicó un polémico informe de Reporteros Sin Fronteras que advertía una caída de Uruguay en el ranking global: del puesto 18 al 44.
El ministro de Educación, Pablo Da Silveira, presente en aquel congreso, criticó la metodología del ranking y tuiteó: “Uruguay no tiene un problema con la libertad de prensa”. Pero el otrora director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, Emmanuel Colombié, explicó entonces que el cambio de metodología y la subjetividad de la misma pudo haber perjudicado a Uruguay, pero de todas formas “la caída es brutal” y ratificó el “deterioro” de la libertad de expresión en el país.
¿Y ahora?
Reporteros Sin Fronteras publicará este miércoles su informe anual. Por lo pronto, la ONG uruguaya Cainfo reportó 66 ataques o restricciones a la prensa uruguaya en un año. Por tanto, a juzgar por su medición, se detiene la tendencia creciente que se había constatado en tres informes previos, pero el guarismo queda en valores comparativamente altos (casi triplica el promedio prepandemia).
Más allá de conclusiones diferentes y de matices —por ejemplo, Cainfo toma en cuenta la falta de respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública y la SIP no— los informes tienen puntos en común. En Uruguay no se registran asesinatos contra periodista ni encarcelados por ejercer la profesión.
Sin embargo, Cainfo advierte por una amenaza de muerte sufrida por la periodista de Cerro Largo Silvia Techera, “el caso más preocupante del período”. La ONG valora la respuesta del Estado para proteger a la víctima, tras sus reportes sobre el crimen organizado en la frontera con Brasil, pero alerta por la “falta de garantías” que están padeciendo los colegas en esa zona del país.
Cainfo dice que en el último año 11 de los ataques a la prensa estuvieran relacionados a la cobertura del caso Astesiano, como se le llamó a las investigaciones sobre el exjefe de la custodia del presidente de la República. Dos de esos episodios tuvieron como “atacante” al propio mandatario. A fines de noviembre Luis Lacalle Pou afirmó que hay una “práctica periodística con tinte político en la cual todos los días sacan chats”. Y en febrero acusó de tener “una vinculación política” a “dos medios de prensa” por publicar información sobre Astesiano, en referencia a Tv Ciudad y La Diaria.
Vinculado al caso Astesiano, tanto Cainfo como la SIP recogen en sus documentos la decisión de un grupo de periodistas de El Observador de publicar en sus cuentas personales de Twitter una nota ante la negativa del medio de hacerlo. El informe de la SIP, sin embargo, tomó la versión editorial en que se justifica la decisión de no publicar en que “no está en el espíritu del diario entrometerse en cuestiones personales que no están siendo investigadas por la justicia y que vulneran la privacidad de las personas”.
El informe de Cainfo también cuestiona “el discurso estigmatizante”, el segundo tipo de amenaza al ejercicio periodístico en Uruguay, y que aumenta el número respecto al informe anterior (de 14 a 19). Se consolida una “tendencia que busca desacreditar y desprestigiar a medios y periodistas que difunden coberturas u opiniones que resultan molestas o irritantes a figuras públicas, especialmente vinculadas al gobierno”, dice el documento.
También “sigue siendo relevante la cantidad de personas públicas, funcionarios del Estado o particulares que recurren a procesos civiles y penales como intento de amedrentar periodistas como forma de evitar que se difundan noticias que los involucran”.
Como ejemplo, el integrante de Cabildo Abierto Daniel García Pintos y el vocero del movimiento de familiares de militares presos por delitos de lesa humanidad Diego Flores, denunciaron por difamación al periodista Leonardo Pereyra, quien informó sobre la realización de un acto en la Plaza de la Democracia el día 14 de abril.
Se destaca, a su vez, “la demanda civil por US$ 451 mil que la exdirectora del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriela Bazzano, presentó contra el matutino La Diaria alegando daño moral, por la publicación de informaciones de interés público sobre el proceso judicial que tuvo que enfrentar por una trama de entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias sin control de organismos públicos, a través de la asociación civil Seamos”.
