Diferencias en el Frente Amplio disparan pedidos de libertad de acción

Los temas vinculados a la seguridad, la prisión y los procesos judiciales siempre generan discusiones y opiniones encontradas en el Frente Amplio. Los cambios al nuevo Código del Proceso Penal (CPP) enviados por el Poder Ejecutivo no son la excepción y amenazan con convertirse en el último ejemplo en el que una agrupación de la coalición de izquierda pide libertad de acción, una práctica que se hizo usual en los últimos meses frente a la diferencias.

"Los cambios son negativos, representan un retroceso y, además, constituye una flagrante inconstitucionalidad", dijo a El Observador la senadora Constanza Moreira y adelantó que no votarán los cambios que no comparten en comisión y pedirán libertad de acción para el plenario.

"Nunca seremos el voto 50 en los temas de seguridad, ya que en general, los proyectos a los que nos oponemos cuentan con el apoyo de la oposición", aclaró la senadora sobre la posibilidad de quebrar la unidad del oficialismo.

La unidad de la izquierda estuvo varias veces bajo la lupa en los últimos meses. El diputado Darío Pérez se negó a votar el impuesto a las jubilaciones militares más altas, el Frente Amplio quedó en minoría y el proyecto naufragó.

El legislador del Nuevo Espacio, Jorge Pozzi, dijo que "lo mejor" era que se otorgara "libertad de acción" para votar sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile luego de que el Plenario Nacional del Frente Amplio postergara la decisión sobre este tema.

Y el astorismo amenazó con no votar el proyecto sobre los cincuentones si no se realizaban las modificaciones que finalmente se concretaron a fines del 2017.

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Al oficialismo cada vez le cuesta más ponerse de acuerdo y eso lleva a que los distintos sectores pidan libertad de acción a la hora de votar, lo que pone en riesgo la mayoría parlamentaria.

Estos casos llevaron a que el presidente de Frente Amplio, Javier Miranda, llamara a revisar el "pacto político" que existe en la coalición y que asegura la unidad, un asunto que también preocupa el senador y líder del MPP, José Mujica.

El senador comunista, Juan Castillo, cuestionó la posibilidad de pedir libertad de acción luego de la posición del nuevo espacio sobre el TLC con Chile. "Si ante cada dificultad pedimos libertad de acción comienza a desmoronarse el concepto que más nos importa defender, que es la unidad", dijo.

Pero nadie definió mejor el tema que el diputado de la 711, Felipe Carballo. Para el legislador no respetar la unidad partidaria sería como "abrir las puertas del infierno".

Los cambios del CPP

Para Casa Grande la modificación al CPP que envió el Ejecutivo es un "retroceso gigante" porque elimina el "pilar fundamental" del nuevo proceso que es la no obligatoriedad de la prisión preventiva y la posibilidad de libertad anticipada para algunos casos.

El proyecto enviado por el gobierno introduce un artículo que hace que la prisión preventiva sea obligatoria en casos de reiteración, reincidencia o habitualidad de los delitos graves. Es decir, violación, abuso sexual, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal, lesiones graves (únicamente cuando la lesión ponga en peligro la vida de la víctima), lesiones gravísimas, hurto agravado, rapiña, rapiña con privación de libertad, copamiento, extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de drogas.

Además, para esos mismos casos se elimina la posibilidad de realizar un proceso abreviado, que permite acuerdos entre fiscales y acusados para tener una pena menor, y para los que cometan los delitos mencionados, no tienen que ser reincidentes, tampoco se les podrá aplicar la libertad anticipada. Para los reincidentes, reiterantes y habituales de delitos de lesiones graves o gravísimas.

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Hasta ahora la prisión preventiva solo se aplicaba ante la posibilidad de fuga, de entorpecer la investigación, o de poner en riesgo a la víctima. "Volvemos a generalizar la prisión preventiva y la hacemos preceptiva, no sólo contradiciendo lo que nosotros mismos aprobamos, sino la Constitución de la República", agregó Moreira.

Estas modificaciones fueron solicitadas por el Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía en el Parlamento, según dijeron a El Observador legisladores integrantes de la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Senadores. Sin embargo, el fiscal del Corte, Jorge Díaz, dijo ante el Parlamento que los cambios a la prisión preventiva son inconstitucionales.

Uno de los argumentos expuestos por el Ministerio del Interior para impulsar esta modificación, según dijo el subsecretario de la cartera, Jorge Vázquez, es que desde la vigencia del nuevo código bajó el número de presos en más de 1.200.

El proyecto tiene el respaldo del resto del Frente Amplio y también de la oposición. "Este proyecto recoge las preocupaciones colectivas. Vamos hacia una aplicación más justa y exacta de la prisión preventiva", dijo la senadora oficialista Daniela Payssé (Asamblea Uruguay).

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, se expresó en el mismo sentido y aseguró que existe una "opinión positiva del proyecto". "Estamos mandando señales de que estamos apretando las clavijas contra los delincuentes", dijo a El Observador.

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Sin embargo, la opinión de los expertos respalda la postura de Moreira. Para el vicepresidente del Colegio de Abogados del Uruguay y procesalista, Gabriel Valentín, este proyecto "rompe absolutamente" con el espíritu del nuevo Código y supone un "retroceso" al volver a poner a la prisión preventiva como una "pena anticipada".

En el mismo sentido, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, dijo en Buen Día Uruguay de Montecarlo TV que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo "pone en cuestión" el nuevo código, debido a que su "elemento central (...) era preservar el principio de inocencia y que vayan a la cárcel solo personas con una condena"

Inconstitucional

La senadora Moreira también planteó que estas modificaciones son una "flagrante inconstitucionalidad" porque contravienen lo establecido en el principalmente en el artículo 15 de la Constitución pero también en los artículos 12,26 y 27.

El 15 específicamente dice que "nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de juez competente".

El fiscal de Corte tiene una opinión similar. "Los únicos dos fundamentos que justifican la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar son el riesgo de fuga o el riesgo de frustración de la prueba", por lo que "la reiteración o la reincidencia no son en principio riesgos procesales que justifiquen siquiera la aplicación de la prisión preventiva", dijo en comisión el 3 de abril y agregó que una modificiación en ese sentido "sería inconstitucional".

A pesar de estas consideraciones, el senador Mieres recordó que con el viejo código la prisión preventiva era la regla y nadie decía que era inconstitucional.