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Dinero sin control: cambios informales en ciudades fronterizas escapan a la mirada del BCU

El Banco Central solo actúa ante denuncias y tiene cinco personas para inspeccionar la actividad

En Rivera un policía bajara para cambiar divisas en un cambio informal.

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01 de julio de 2017 a las 05:00

En la intersección de las calles Treinta y Tres Orientales y Simón Bolívar, justo sobre la línea que separa a la ciudad de Rivera de la brasileña Santana do Livramento, un hombre armaba una pequeña carpa de feria. Antes que él, llegó otro grupo de personas, que se refugiaban del frío bajo la lona azul de paredes traslúcidas de otra carpa que ya estaba armada.

En el medio de cada carpa había una mesa, y sobre ella una caja de madera. Los dos puestos lucían más austeros que un tercero que vendía banderas ubicado justo al lado, pero el negocio parecía más redituable.

Es que esas cajas estaban llenas de dinero y en el correr de la mañana, mientras el puesto adornado por banderas de Uruguay y Brasil no recibió ni un solo cliente, los otros, cambios informales que ofrecen una relación de divisas más conveniente, atendieron a varios. Los clientes llegaron en camionetas, autos destartalados y de alta gama, con el objetivo de cambiar reales por pesos y pesos por reales.

En el transcurso de esa jornada, hasta una camioneta de la policía se detuvo frente a uno de los puestos para cambiar divisas.

Esa situación se repite todo los días en la ciudad de Rivera, donde los cambios informales prosperan a pesar de que la actividad está regulada por el Banco Central (BCU) y la multa por infringir la norma puede ir desde 20.800 unidades indexadas ($ 74 mil) hasta incluso superar 208 mil unidades indexadas ($ 748.800), en caso de reincidencia. Nada impide que desde hace décadas estos comercios operen a la vista de todos, frente a la Plaza Internacional, y en pleno centro comercial.

De hecho, el cambista contó a El Observador que la elección de ese lugar ofrece, además del pasaje diario de miles de potenciales clientes, un resguardo al control de las autoridades reguladoras. Es que todos los puestos ubicados en aquel cantero están instalados del lado uruguayo, a apenas unos pocos centímetros de territorio brasileño, justamente porque, según dijo, en Uruguay los controles son más laxos y nadie los "corre".

Un operador de cambio formal de la ciudad de Rivera consultado por El Observador, y que pidió mantenerse en el anonimato, dijo estar acostumbrado a convivir con los puestos informales aunque sean "una competencia desleal" para su negocio. El comerciante no cree que sea posible ponerle fin a ese problema: "Es algo que nunca van a poder sacarlo", admitió.

Ante una consulta de El Observador, el Departamento de Comunicación del BCU informó que la última actuación sobre operadores informales en Rivera fue en 2009, y desde entonces no han recibido ninguna nueva denuncia.

El operador formal consultado dijo que hace seis años, cuando recibió por última vez a los inspectores del BCU, les habló de la situación de informalidad, pero en lugar de actuar de oficio, estos le recomendaron que hiciera una denuncia.

Sin embargo, según explicó, él decidió no presentarla porque "siempre hay filtraciones" y podría recibir "represalias de cualquier tipo". De todas formas, según explicó el BCU, para que la denuncia tenga efecto, es un requisito jurídico imprescindible que "exista una dirección fidedigna donde se notifique a la persona responsable". Justamente al hacer la tarea de manera informal, las carpas que realizan servicios de cambio en Rivera no cumplen ese requisito.

En el Chuy, en tanto, el gerente de un cambio formal dijo a El Observador que allí operan tres cambios informales que sí cuentan con una dirección fija, pero que prefiere no denunciarlos porque él mismo comenzó su experiencia en el negocio operando "un cambio en negro".

"Todos empezamos como cambistas a nivel no oficial, pero se oficializaron casi todos", dijo este ejecutivo, que tampoco quiso dar el nombre.

Instrumentos para el lavado

El primer procesado por un delito de lavado de activos en Uruguay fue el dueño de un cambio que operaba por fuera del control del BCU.

Por esa indagatoria en octubre de 2005 la policía allanó una propiedad en Lagomar que pertenecía a un narcotraficante que suministraba pasta base a varias bocas de Canelones y Montevideo. Como consecuencia fue detenido y después procesado el operador de un cambio informal, que el narcotraficante utilizaba para convertir pesos de baja denominación, producto de la venta de pasta base, en dólares, y así facilitar la operativa de blanqueo de capitales.

El negocio era redondo para ambos. Como los cambios formales están obligados a declarar operaciones sospechosas como esta, al operar en un cambio no registrado no existía riesgo de que el BCU fuera alertado. Además, la Justicia entendió que el empresario estaba al tanto de las actividades ilícitas de su cliente.

Según explicó a El Observador el titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, para blanquear activos siempre opera una institución financiera, y en "un buen porcentaje de los casos hay participación de cambios". Esto es particularmente riesgoso cuando esa institución opera por fuera de la normativa ya que, según Espinosa, "toda actividad financiera informal implica un riesgo de lavado".

Los cambios informales pueden ser un mecanismo para blanquear capitales en la medida en que el dinero de giro con que operan puede tener un origen ilícito, y a su vez ser utilizado por los clientes para cambiar el dinero producto de la venta de drogas, como en el caso del cambio de Lagomar.

Además, Espinosa dijo que casos como los del Cambio Nelson (ver apunte), que recibía depósitos, permiten que personas que tienen activos provenientes del crimen organizado puedan ocultarlos de la plaza financiera, en un lugar donde "nadie pregunta de dónde proviene el dinero".

Según la información del BCU, en los últimos cinco años se realizaron 76 actuaciones en todo el país a base de denuncias contra cambios. Como resultado, en 20 casos se logró constatar que se realizaban operaciones no autorizadas.

Para controlar todos los cambios del país, el BCU cuenta con un equipo de cinco personas. Según informó Espinosa, que estuvo a cargo de esa unidad hasta que asumió al frente de la Secretaría Antilavado a principios de este año, en 2016 el equipo era de apenas tres personas.

Por esta razón, un cambio puede pasar varios años hasta recibir una inspección. El mayor control se lo llevan las casas de servicios financieros, dijo Espinosa, es decir cambios que pueden hacer transferencias al exterior y que por lo tanto suponen un riesgo mayor.

En el marco de las investigaciones judiciales sobre Cambio Nelson, el perito que analizó la información contable de la empresa a pedido del entonces juez de la causa, Marcelo Souto, destacó que la última vez que el cambio había recibido una inspección fue en 2012, y se preguntó: "¿Quién controla al controlador?".

Frontera y cambios informales

En 2013 bancos de Brasil detectaron operaciones de lavado de dinero, bajo distintas modalidades, a lo largo de la frontera con Uruguay. Un informe elaborado por el área de prevención de lavado de activos del banco Santander de Brasil señaló que las casas de cambio reciben dinero de comerciantes brasileños de Santana do Livramento. Estos aceptan pagos en pesos uruguayos, pero en lugar de cambiarlos en Rivera operan en casas de cambio que les facilitan hacer depósitos y transferencias a cualquier banco de Brasil. Mientras tanto, en Yaguarón (Cerro Largo) y fundamentalmente en el Chuy (Rocha) preocupa el movimiento sin control de dinero en efectivo, señaló dicho banco. El titular de la Secretaría Antilavado de Uruguay, Daniel Espinosa, dijo que la frontera se presta para la existencia de cambios informales debido a que hay mucha actividad comercial en efectivo.

Tres casos de cambios envueltos en actividades criminales

Cambio Nelson

En febrero el intempestivo cierre de Cambio Nelson sacó a la luz una situación irregular. Es que a medida que pasaban las horas, los clientes que tenían depositado dinero en esa casa cambiaria –a pesar de estar prohibido por la normativa– comenzaron a denunciar la situación. Finalmente el dueño de la empresa, Francisco Sanabria; el gerente general, Nelson Calvette, y una contadora fueron procesados con prisión, al tiempo que otra contadora fue procesada sin prisión. Ahora la Justicia de Crimen organizado intenta determinar si la operativa también implicó

Cambio Shernu

Los propietarios de Cambio Shernu, Gonzalo Núñez y Sergio Hermida, que operaba en Ciudad Vieja, fueron procesados con prisión por un delito de lavado de activos, luego de que la Justicia lograra probar que blanquearon fondos para una organización de narcotraficantes peruanos. Según detalla la acusación de la fiscal del caso, María de los Ángeles Camiño, Hermida operaba en el sistema financiero con distintas cuentas en las que figuraba, en algunos como apoderado y en otras en carácter de titular, recibiendo en estas dinero proveniente de actividades ilícitas".

Operativo de contrabando

En abril, la policía de Crimen Organizado desarticuló una banda de contrabandistas que pasaban cueros hacia Brasil. La banda utilizaba un depósito ubicado entre Rivera y Santana do Livramento, que tenía puerta a ambos lados de la linea fronteriza. Por este caso fueron detenidas 36 personas, aunque solo nueve resultaron procesadas. Entre los detenidos estaban los propietarios de dos casas de cambio que recibían los pagos de la mercadería ilegal. Estos últimos fueron liberados y ahora la DGI analiza las cuentas de las empresas para determinar su participación.

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