Diputados acelera votación de la LUC y espera aprobarla este domingo

La sesión del sábado comenzó con la votación que dio paso a la creación del Ministerio de Ambiente, que fue apoyado tanto por la coalición de gobierno como por la oposición del Frente Amplio. También fueron votados artículos sobre el monitoreo de políticas públicas, la eficiencia del Estado, otros acerca de la selección de funcionarios públicos y normas referidas al sector portuario.

Allí el debate por la segunda planta de UPM volvió a ser puesto sobre la mesa por el diputado Eduardo Lust (Cabildo Abierto), que aludió a la empresa finlandesa como “los ambienticidas de UPM” y reiteró que considera “una estafa” el contrato entre el Estado y la compañía para construir una vía férrea. “Acá todo lo que dice UPM se le dice que sí”, cuestionó.

Otra de las discusiones estuvo sobre el artículo 314 referido a procedimientos y topes aplicables para las compras del Estado, que tuvo reparos del Frente Amplio y del diputado Iván Posada del Partido Independiente.

Por considerar la norma inconstitucional bajo el argumento de que Presidencia de la República es un órgano de competencia cerrada, Posada votó en contra de la creación de la creación de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (Artículo 305) y de la conformación de su Consejo Ejecutivo (Artículo 307) integrado por el prosecretario de Presidencia como presidente, junto al ministro de Economía y Finanzas, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el director ejecutivo de la Agencia. Con un argumento similar, el legislador del Partido Independiente también rechazó la creación de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (Articulo 329) y su vinculación administrativa con Presidencia a través del prosecretario (Artículo 330).

Por su parte, uno de los mayores puntos de debate entre el gobierno y la oposición fue sobre el artículo 357 que declara por fuera del régimen de la ley de Colonización "las parcelas que integran las colonias que hayan sido enajenadas o prometidas en venta por la Comisión Asesora de Colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay" y el artículo 358 que flexibiliza la residencia de los colonos en los predios adjudicados por el Instituto Nacional de Colonización. En principio los colonos seguirán teniendo que trabajar y habitar las tierras, pero la redacción del articulado da margen al directorio de este organismo para autorizar lo contrario. Según el artículo en consideración, el directorio de Colonización “podrá autorizar la excepción a la obligación” cuando “hayan tenido una radicación por un plazo mínimo de diez años”; “hayan cumplido con el plan de inversiones comprometido si lo hubiere” o en caso de que “invoquen razones fundadas de salud, educación o trabajo del colono o los integrantes del núcleo familiar”.

El diputado  frenteamplista Gabriel Tinaglini que el oficialismo legisla  “con nombre y apellido”, lo que generó la reacción inmediata del también legislador rochense pero del Partido Nacional, Alejo Umpiérrez. “Yo le pregunto al diputado cuál es el nombre y cuál es el apellido”, dijo. “Yo le pido al diputado que me diga cuál es el nombre y cuál es el apellido”, insistió.

Tinaglini respondió que “el listado es público en la página del ministerio (de Ganadería)”. “Lo repito porque capaz que no se entendió bien”, dijo.

Sobre las 21, los legisladores comenzaron a discutir las modificaciones sobre el derecho a huelga, uno de los artículos más resistidos por el Frente Amplio y también el movimiento sindical. 

"Nos preocupa el escenario que está viendo el gobierno, previendo esta situación de 'no' a las ocupaciones, "en qué escenarios nos vamos a encontrar y cuáles van a ser las posibles salidas que se van a dar frente a fricciones que existen, existieron y existirán", señaló el diputado del Frente Amplio, Gabriel Otero, quien advirtió que el "movimiento obrero se va a movilizar" ante la salida de la crisis por el coronavirus. 

"El marco parece claro: coartar el derecho a huelga. No hay otra forma de comprender", agregó el legislador. Acto seguido, Otero se hizo una serie de preguntas que, a su entender, todavía no fueron respondidas, poniendo el ejemplo de los casos en los que los trabajadores están en plena jornada laboral y el "referente sindical" llama a asamblea. "¿Eso se va a tomar tomar como ocupación? ¿Acto seguido se va actuar? ¿De qué manera? ¿Quién va a llevar adelante las actuaciones de la fuerza pública? ¿El ministerio va a tender a un primer relacionamiento con los trabajadores?", preguntó. 

Por otra parte, la diputada colorada María Eugenia Roselló pidió no otorgarle al artículo de la ley "intenciones que no tiene". "Quiero destacar que la larga tradición de Uruguay es la de respetar los convenios internacionales. La aprobación de este artículo subsana las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y armoniza los derechos consagrados en la Constitución", dijo la diputada en relación a las distintas libertades en juego. 

El diputado por Cabildo Abierto, Eduardo Lust, afirmó que su partido acompaña el artículo y que no ve a los trabajadores "enfrentados a los patrones". "No hay una guerra entre ambos. Voy a los comercios que va todo el mundo y a las plantas industriales y no veo que haya una guerra entre las partes. La lucha de clases habrá gente que dice que existe. Pero las sociedades que se armaron en virtud de la lucha de clases fracasaron. Esto se justifica cuando hay lucha de clases, entonces cada clase defiende sus derechos", señaló.

Lo que ya se debatió

Este viernes los diputados llegaron a discutir la sección 4 de la ley, referida a economía y empresas públicas, por lo que restan más de 30 capítulos que deberán ser debatidos y votados a más tardar el domingo. 

El martes está previsto que la ley vuelva al Senado, luego de recibir al menos 32 modificaciones en la Cámara de Representantes. Los senadores tendrán otros 15 días para analizar los cambios y volver a votarla. 

Uno de los cambios que promovieron los diputados refiere al artículo 11, que establece el agravio a la autoridad policial como delito. Este artículo fue uno de los más debatidos el pasado jueves, cuando se discutió el capítulo referido a la seguridad. En la comisión especial de Diputados se resolvió aclarar que no se considerará dentro del agravio "el ejercicio de la libertad de prensa ni la mera protesta ante la acción policial". 

En las primeras jornadas de debate también se modificó el artículo que hace referencia al régimen de libertad bajo prueba, que ahora se extendió también a los adolescentes. "El régimen de libertad a prueba podrá aplicarse a los adolescentes en conflicto con la ley penal, en el marco de lo dispuesto por el Código de la Niñez y la Adolescencia. A tal efecto, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente cumplirá, en lo pertinente, las tareas que el presente artículo comete a la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida respecto de los mayores de edad”, establece el artículo 31 de la ley.

Además se corrigieron algunas incongruencias en la redacción de artículos, otros que hacían referencia a normas presupuestales —algo prohibido para las leyes de urgencia—, así como a la necesidad de aprobar con mayorías especiales, que tampoco puede incluirse en proyectos de este tipo.