Dirigentes blancos cuestionan accionar del partido en caso Penadés y hubo cruces en la bancada de senadores

En la mañana, el directorio decidió por mayoría postergar el pasaje del asunto a la comisión de ética partidaria y eso generó discusiones en ese ámbito y algunos pasajes de factura en la bancada por la tarde. 

Primero fue la vicepresidenta Beatriz Argimón que públicamente y minutos antes de la reunión de legisladores lamentó que no se trasladara el tema y aseguró que hubo un “cambio de criterio”. “Generalmente cuando había un tema determinado el Directorio no esperaba a saber qué pasaba en el Parlamento. Yo hubiera preferido que se tomara la decisión hoy”, dijo en rueda de prensa.

Puertas adentro, tanto Argimón como Sebastián Da Silva calificaron de "grave error" la decisión del máximo órgano partidario que salió por mayoría (8 votos a favor contra 3) y el senador blanco también apuntó contra el accionar del partido a nivel general, en el entendido que está haciendo un abordaje "desde lo formal" en un caso que merece otro tipo de respuesta, según dijeron a El Observador participantes del encuentro. 

Del otro lado, los senadores Rodrigo Blás (integrante del Herrerismo y suplente de Penadés) y Carlos Camy (Alianza Nacional) intentaron calmar las aguas y defendieron el proceso en una reunión que varios calificaron como "tensa". 

No es la primera vez que los blancos discuten por este caso. A principios de mayo, con Penadés todavía ocupando su banca y presente en una reunión de bancada, los legisladores intercambiaron sobre este tema y hubo fuertes acusaciones. El propio Penadés llegó a decir que si era "cuestión de revisar", todos tenían "cosas".

Pero más allá de esas diferencias, y a pesar de los comentarios individuales de sus dirigentes, el Partido Nacional continuará –al menos hasta que el Senado apruebe el desafuero– en silencio y sin acciones concretas sobre la conducta del legislador, más allá de un seguimiento diario encargado al presidente Pablo Iturralde y la secretaría de Asuntos Políticos.

Porque fue eso lo que resolvió el directorio este lunes, en una sesión en la que el tema fue tratado por fuera del orden del día, y que también motivó un amplio debate con diferentes posiciones acerca de la derivación del caso al comité de ética partidario.

Según dijeron a El Observador integrantes del directorio, el representante del sector Por la Patria, Álvaro Viviano, planteó que dada la situación pública y la información que se ha ido conociendo de la investigación, era necesario que la comisión comenzara a tratar el tema de forma “inmediata”.

Su planteo tenía como fondo una posible suspensión de Penadés del Partido Nacional, para lo cual se necesita que la comisión haya actuado previamente.

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Pero la propuesta fue rechazada y se terminó imponiendo otra, impulsada principalmente por Sebastián Andújar (Herrerismo), Armando Castaingdebat (Aire Fresco) y Carlos Camy (Alianza Nacional) en acuerdo con Iturralde, que plantea esperar hasta que el desafuero sea aprobado por el Senado.

El directorio tiene 17 integrantes pero a la hora de las votaciones hubo 12, ya que Gerardo Amarilla (Aire Fresco) y Fernanda Sfeir (Futuro Nacional) se habían retirado por diferentes razones y hubo tres representantes que no asistieron. 

La moción de Por la Patria recibió 3 votos (que corresponden a los representantes que tiene el sector en el directorio) y fue rechazada por los 9 restantes, mientras que la que terminó saliendo recibió 8 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención (de Lucía Minutti del Espacio 40).  

Inés Guimaraens

"No hemos tenido dificultades de discusiones fuertes adentro del directorio, sino que hemos tenido la cordialidad y el tratamiento apropiado que siempre ha habido", dijo Iturralde en una rueda de prensa consignada por Subrayado.

Las fuentes señalaron que hay unanimidad respecto a que el tema debe ser analizado por la comisión de ética pero la diferencia radica en cuándo. 

El fundamento para esperar a que el desafuero sea votado por el Senado obedece a que en ese momento se conocerán las razones esgrimidas por la Justicia. 

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“Una vez que se trate vamos a tener información acerca de cuáles son los hechos. A los hechos los conozco a través de la prensa, el expediente no lo conozco, no sé lo que dice el informe fiscal. Me parece que son elementos importantes para poder tratarlo. No podemos ir a la ligera, nos parece que hemos venido haciendo un seguimiento apropiado. Hay momentos: el político, el de la Justicia, y el de la Comisión de Ética”, dijo Iturralde.

El presidente del directorio subrayó que no podía hacerse “eco de la certeza de que las denuncias son esas” porque el tema se ha manejado “mucho a través de WhatsApp”. “Quiero tener la información cierta y no actuar al grito de la tribuna, sino con toda la información arriba de la mesa”, sentenció.

Estas declaraciones también le valieron algunos cuestionamientos en la reunión de la bancada por la tarde en la que estuvo presente. Varios legisladores entienden que los elementos que hay sobre la mesa (al menos ocho denuncias por explotación sexual de menores) son suficientes para actuar. 

Foto: Leonardo Carreño.

El literal 19 del artículo 28 de la Carta Orgánica señala que el directorio puede “por dos tercios de sus componentes” aplicar las sanciones que correspondan a los miembros del partido por “violación flagrante de la Carta Orgánica o desviación de conducta que comprometa valores éticos, en el ejercicio de una función pública o de responsabilidad partidaria”.

A su vez, el artículo 104 agrega que las sanciones –según la gravedad del caso– pueden ser: apercibimiento, suspensión o censura. También menciona que previo a su imposición deberá oírse a la comisión de ética partidaria “dándose al imputado la posibilidad de su defensa”. La comisión no puede actuar de oficio.

En el Parlamento

El caso está siendo investigado por la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, quien recabó el testimonio de –al menos– ocho denunciantes. La primera en realizarlo fue la militante nacionalista Romina Celeste Papasso.

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) envió el pedido de desafuero al Parlamento, el cual fue recibido por Argimón. Desde entonces, la vicepresidenta lo guardó en la caja fuerte del Senado con el objetivo de evitar que se filtre. 

El tratamiento parlamentario del desafuero formó parte de la reunión de coordinación de las bancadas del Senado de este lunes. Allí se resolvió que este martes la vicepresidenta lo lleve "en mano" a la comisión de Constitución y Legislación, la cual lo analizará "como cualquier otro tema", según dijo su presidente el senador colorado Adrián Peña. La intención es que pueda ser votado el miércoles en el Senado.

En el Frente Amplio, en tanto, ya decidieron que darán el debate en el plenario y que van a "pasar alguna factura" por cómo se ha manejado el tema desde el gobierno, en especial por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en declaraciones públicas.