Nacional > Transición
Discurso, designaciones y ley de urgencia: así será la última semana de Lacalle Pou antes de asumir
La cuenta regresiva está a punto de llegar al fin. El calendario marca que faltan seis días para el primero de marzo, fecha en que Luis Lacalle Pou será el nuevo presidente de Uruguay.
El presidente electo prepara con “ansias” ese día, en que a la hora 14 dará un discurso ante la Asamblea General del Palacio Legislativo y luego recibirá la banda presidencial de manos de Tabaré Vázquez.
Como pretende darle ejecutividad a su gobierno desde el primer día, su equipo está preparando varios decretos para que firme ni bien asuma.
Uno de ellos es del Ministerio de Defensa y modifica el patrullaje de militares en el perímetro de 20 kilómetros de la frontera uruguaya. Este decreto es uno de los últimos de relevancia que aprobó el gobierno de Vázquez.
En su primer día, también calificará como dictadura el gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela, Cuba y Nicaragua no fueron invitadas a la ceremonia por una decisión personal del presidente electo. “No estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro”, dijo el 15 de febrero luego de participar en la ceremonia de inauguración de la nueva legislatura.
La preparación del discurso será un asunto “central” de la agenda de Lacalle Pou en la última semana de la transición, dijeron a El Observador integrantes de su entorno. El presidente electo tiene desde la semana pasada un borrador con el texto y dedicará varias horas a discutirlo y afinarlo junto a sus principales asesores.
La semana pasada se probó la banda presidencial, que fue paga por sus amigos y asesores más cercanos, entre los que están el jefe de campaña Nicolás Martínez, el publicista Roberto Lafluf y el empresario Juan Seré. La banda es de seda, con hilos de oro y plata para los bordados del escudo patrio, informó El País.
En tanto, la cachila (una Ford V8 de 1937) que perteneció a Luis Alberto de Herrera –su bisabuelo– y que fue utilizada por su padre Luis Alberto Lacalle en 1990 cuando asumió la Presidencia, terminó de ser reparada en el Automóvil Club y será la que lo traslade desde el Parlamento hasta la plaza Independencia junto a la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón.
El otro gran tema que ocupará su agenda será terminar de completar las direcciones de los ministerios y designar a los presidentes de las empresas públicas y los servicios descentralizados, un proceso que se demoró más de lo previsto en su cronograma inicial de trabajo.
El viernes, luego de semanas de intensa negociación, acordó con el Frente Amplio que la coalición de izquierda ocupará 34 cargos en el gobierno.
El acuerdo fue destacado como un gesto de "apertura" y "transparencia" por parte de Álvaro Delgado, el futuro secretario de la Presidencia, pero generó acusaciones de "desprolijidad" y "caprichos" por parte de la vicepresidenta Lucía Topolansky, una de las negociadoras del FA. La oferta inicial era de 33 cargos, y no incluía Antel ni Colonización, lugares considerados clave por la izquierda, que los canjeó por Unasev y la comisión mixta de puentes internacionales con Brasil.
Lacalle Pou ya transmitió a sus socios de la coalición que designará él mismo a los presidentes de las principales empresas públicas como Ancap, Antel y UTE, mientras que otras serán en consulta. Por ejemplo, el colorado José Amorín Batlle presidirá el Banco de Seguros del Estado (BSE) y el blanco Diego Labat el Banco Central del Uruguay (BCU).
El Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente ya negocian la integración en entes, empresas públicas y organismos de contralor, y según anunció Lacalle Pou será en función de los votos obtenidos en octubre.
El objetivo es que la composición de las empresas públicas, así como las designaciones en los ministerios estén resueltas antes del viernes. La demora en los nombramientos generó impaciencia en los socios y molestia en el gobierno actual, cuyos jerarcas señalan que no tienen a quién brindarle la información en la transición.
El único que ya anunció su gabinete es el próximo canciller Ernesto Talvi. Todas los elegidos son funcionarios de carrera (no hay designaciones políticas) y de los 11 cargos designados, seis serán conducidos por mujeres. A su vez, en tres de las ocho direcciones, el jerarca actual permanecerá en el cargo.
Desde el miércoles, día en que envió a los socios de la coalición una lista con las direcciones nacionales de los ministerios que le corresponden a cada uno, se han sucedido varias reuniones entre los negociadores designados con Álvaro Delgado, mano derecha de Lacalle Pou.
La oferta inicial no conformó a los dirigentes colorados, que la consideran insuficiente en términos de cantidad y calidad, e hicieron una devolución en la que solicitan ocupar más lugares, según dijeron a El Observador fuentes de esa colectividad. Entienden que son el socio mayoritario y que, por el grado de compromiso mantenido en la campaña y que asumirán una vez instalado el gobierno, deberían tener un “plus” en las futuras designaciones. Habían solicitado tener directores en todos los ministerios, algo que no está previsto en la lista enviada por Lacalle Pou, según los informantes.
El tercer gran tema de su agenda es la ley de urgente consideración, que su gobierno enviará al Parlamento en los primeros días. Argimón y el futuro prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, –redactor del proyecto– trabajan en un nuevo documento a partir de las propuestas enviadas por los socios.
Los colorados y cabildantes pidieron quitar de la ley urgente los artículos sobre la desmonopolización de Ancap, lo que generó chisporroteos dentro de la coalición. El dirigente blanco Sebastián Da Silva retrucó que si eso ocurría el Partido Nacional volvería a presentarlo porque “la gente que produce en el Uruguay no puede seguir siendo rehenes de resabios estatistas de 1931". "No llegamos al gobierno para hacer la plancha o resignarnos. La pelea la vamos a dar y veremos qué dice la gente”, aseguró.
Las palabras de Da Silva motivaron la respuesta del senador colorado Adrián Peña, quien desde su cuenta de Twitter le dijo que era "un tema complejo" y que estaban dispuestos a “estudiarlo". "Lo importante es bajar los costos y en eso seguro no haremos la plancha", remató.
Los socios también sugieren cambios importantes en seguridad, principalmente en el capítulo que realiza modificaciones al Código del Proceso Penal y en educación, donde pretenden equilibrar los roles entre el MEC y la ANEP.
