Dos de los principales candidatos de la oposición denunciaron la compra de votos en Guatemala

En un país aquejado por la pobreza y la violencia, unas 9,4 millones de personas estaban habilitadas para elegir al sucesor del presidente de derecha Alejandro Giammattei, que culmina su mandato de cuatro años con un 76% de desaprobación.

Tras una campaña caracterizada por la exclusión de candidatos y la persecución a la prensa, la socialdemócrata Sandra Torres encabezaba según los sondeos la intención de voto, seguida por el centrista Edmond Mulet, la derechista Zury Ríos y el oficialista de derecha Manuel Conde.

"El partido oficial no puede hacer regalos. Tenemos denuncias de que están comprando votos con el reparto de alimentos”, dijo Torres tras sufragar en la Escuela Valle Verde, en la capital. Torres recordó que Giammattei había asegurado el viernes que iba a respetar los resultados de la votación.

"Pero dónde está la transparencia si está comprando votos", expresó Torres, exesposa del difunto mandatario Álvaro Colom (2008-2012). Mulet también sugirió anomalías. "Hemos recibido reportes un poco preocupantes sobre algún tipo de amenazas y de los candidatos oficiales con arrogancia de dinero", señaló. "Esperamos que este día sean superadas todas estas dudas y que se respete la voluntad popular", agregó.

Poco antes, Giammattei, en un mensaje a los medios, había admitido que se habían registrado algunos incidentes y cortes de energía en centros de votación. “Después de tres horas de apertura de las urnas, las elecciones se realizan con total normalidad, en paz", añadió el mandatario, afirmación que contrasta con los disturbios registrados en algunos puntos del país.

Por lo pronto, la Junta Electoral informó sobre la cancelación de las elecciones en San José del Golfo debido a los disturbios que se registraron en ese municipio ante las amenazas recibidas en contra de sus integrantes y el supuesto acarreo de votantes, por lo que ahora será el Tribunal Supremo Electoral el que decida lo que sucederá con el proceso electoral en este municipio.

Según los medios locales, el primero en votar fue un inmigrante guatemalteco en el estado de Virginia, en el este de Estados Unidos, país en donde se instalaron centros de sufragio en 15 ciudades para que puedan ejercer el voto los 90.000 guatemaltecos registrados, de los 2,8 millones que viven en el país.

Candidatos excluidos

Para esta elección, quedaron oficializadas 22 candidaturas presidenciales. Sin embargo, los observadores destacan las ausencias de fórmulas que en principio eran competitivas. Una de ellas, la del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Su candidata era Thelma Cabrera, quien se posicionó en cuarto lugar en los comicios de 2019. En esta ocasión, Cabrera, candidata natural del movimiento indígena y campesino, se situaba en todas las encuestas entre el tercero y cuarto lugar al momento de ser invalidada su candidatura.

Otro binomio excluido es el que había presentado Podemos, liderados por Roberto Arzú García, que quedó quinto en 2019, con un 6,1% de los votos. Además, en mayo, la Corte de Constitucionalidad confirmó la exclusión del binomio de Prosperidad Ciudadana, integrado por el empresario Carlos Pineda y Efraín Orozco. Pineda había ganado notoriedad y logró ubicarse en el primer lugar en dos encuestas publicadas durante ese mismo mes.

Persecución a fiscales y periodistas

El sistema democrático navega por aguas turbulentas en Guatemala, con control del gobierno sobre el Poder judicial, procesos a periodistas, exclusión de candidatos y persecución a fiscales que combatieron la corrupción.

La Asociación de Periodistas de Guatemala documentó 117 casos de violaciones a la libertad de prensa en 2022, entre las que destacan el acoso judicial, las limitaciones para las coberturas y hasta casos de exilios forzados. Una situación que han denunciado el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea (UE), y diversas agencias Naciones Unidas (ONU); además de organizaciones de derechos humanos.

Por su parte, los observadores locales destacan que las exclusiones resueltas por el Tribunal Superior Electoral (TSE) podrían incrementar el ya histórico alto nivel de ausentismo, que en las elecciones 2019, que se resolvieron en segunda vuelta, alcanzó el 42,7%. Según las mismas fuentes, esto ha provocado desconfianza y desinterés, lo que explicaría el récord de 13,5% de ciudadanos que anticiparon que anularían su voto.

Por lo pronto, hace apenas dos semanas, el dueño de un diario crítico del gobierno, José Rubén Zamora, fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero, en un juicio denunciado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Su rotativo, fundado en 1996 con el retorno de la democracia, dejó de publicarse el 15 de mayo.

Retroceso al autoritarismo

Para los analistas y las oenegés, Guatemala vive un retroceso al autoritarismo por la presión de poderosos sectores políticos y empresariales que reaccionaron contra la labor de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU que ayudó a destapar sonados casos de corrupción entre 2007 y 2019, y al que puso fin el expresidente de derecha Jimmy Morales y que Giammattei no intentó resucitar.

Pese a que el actual presidente suele sostener que el país tiene un “democracia estable y viable”, su afirmación contrasta con los 10,3 millones de guatemaltecos, sobre una población de 17,6 millones, que viven en la pobreza y cuando la tasa de homicidios triplica el promedio mundial, según la ONU. Los datos, además, señalan que la mitad de los niños menores de cinco años sufre de desnutrición crónica y que la informalidad laboral trepa el 71,1%, según el Banco Mundial (BM).

En este contexto, ninguno de los principales candidatos promueve legalizar los matrimonios igualitarios ni el aborto, que solo está permitido si hay riesgo para la madre, tras una campaña con todo tipo de promesas y frecuentes invocaciones a Dios. Ello en un país en el que existen 22 etnias de origen maya, cada una con su propio idioma, además de poblaciones xincas y garífunas, población originaria que constituye el 42% de la población del país.

 (Con información de AFP)