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/ Economía y Empresas / INCONSTITUCIONALIDAD

Dos empresas presentaron recurso contra el ICIR

La Asociación Rural asesorará a los productores que quieran interponer acciones contra la ley. La Federación Rural aconseja que actúen en grupo

11 de abril de 2012 9:14 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

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Los ruralistas aceleran acciones para promover recursos de inconstitucionalidad contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). El tema fue abordado esta semana por las gremiales del sector, la Asociación Rural y la Federación Rural.

Asimismo, la empresa láctea Talar -propiedad del empresario argentino Juan Carlos López Mena, dueño también de Buquebus- presentó una acción de ese tipo el pasado 27 de marzo y un día después lo hizo el molino arrocero Casarone, informó ayer radio Rural, basado en fuentes de la Suprema Corte de Justicia.

El primer recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto lo realizó un grupo forestal de capitales chilenos en febrero pasado, que impugnó seis de los 15 artículos de la ley 18.876.

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El presidente José Mujica propició la aprobación parlamentaria de ese tributo -que se logró solo con votos de legisladores del Frente Amplio- con el objetivo de empezar a detener la concentración de la tierra en pocas manos. Es por eso que el ICIR recayó sobre los propietarios de campos de 2.000 hectáreas en adelante, con valores por hectárea crecientes en función de la extensión del predio. Se estimó que por esa vía se recaudarán unos US$ 60 millones anuales que serán destinados un fideicomiso para financiar obras de mejora de la caminería rural.

El impuesto fue criticado por las gremiales rurales y la oposición política.
La Asociación Rural del Uruguay (ARU) mantiene el tema bajo análisis y asesorará a los productores que quieran interponer recursos de inconstitucionalidad contra el ICIR, dijo a El Observador el presidente de la gremial, José Bonica.

La ARU trabaja con sus asesores jurídicos para dar herramientas concretas para los interesados en accionar en contra del tributo.

A su vez la gremial, como propietaria del predio donde funciona en Melilla, había interpuesto un recurso con el mismo objetivo y aún no tuvo respuesta, dijo Bonica.
Por otra parte, el lunes pasado la gremial recibió la visita del presidente de la Comisión de Ganadería del Senado, Pedro Bordaberry, quien fue acompañado por legisladores de su sector Vamos Uruguay. En ese encuentro de dos horas se hicieron consideraciones sobre el ICIR y el impuesto municipal de 1% a los semovientes. Sobre este último, la ARU considera que su pago no genera un crédito fiscal inmediato que puede ser utilizado para cancelar otras obligaciones, ya que los productores deben concurrir al Ministerio de Ganadería a completar el trámite.

Por su parte Rafael Graña, vicepresidente de la Federación Rural (FR), informó ayer a El Observador que el abogado Gonzalo Aguirre les aconsejó que, en caso de interponer recursos de inconstitucionalidad contra el impuesto a la tierra, "no se haga en forma individual, sino en conjunto". "No ir de a uno" recomendó.

El abogado explicó en esa reunión por qué el ICIR es inconstitucional, y que por tal motivo representará a varios productores que accionarán contra el tributo.

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