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Dudas sobre el plan de Bolsonaro que flexibiliza el uso de armas
El decreto firmado por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que flexibiliza la posesión de armas de fuego ha generado dudas sobre sus posibles efectos en el combate a la violencia, especialmente la que afecta a las mujeres, según varios analistas consultados por Efe.
La posesión de armas ya estaba regulada en Brasil por decreto desde 2004, pero ahora el gobernante ultraderechista incluyó una serie de escenarios que permiten un mayor acceso de los civiles para tener armas en sus casas o en sus establecimientos comerciales.
“Ese decreto no va a contribuir en nada para la reducción del crimen y la violencia en el país y tiene mucho potencial para conspirar contra la seguridad pública. Según todas las evidencias, más armas significan más crímenes”, afirmó David Marques, coordinador de proyectos de la ONG Fórum Brasileño de Seguridad Pública.
Bolsonaro mantuvo los requisitos ya vigentes para la compra de un arma (ser mayor de 25 años sin antecedentes criminales, tener “ocupación ilícita”, poseer certificado psicotécnico y de tiro, etc.), pero introdujo otros que justifican su “efectiva necesidad” y amplían la posibilidades de compra.
Entre ellos, el de ser residente en un área urbana con una tasa de “más de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes”, lo que abarca a prácticamente todo el país.
Brasil tiene una tasa media de unos 30 homicidios por cada 100 mil habitantes, convirtiéndolo en uno de los países más violentos del mundo, según datos oficiales.
Además, alrededor del 70% de las 63.880 muertes violentas registradas en 2017 se cometieron con armas de fuego.
Asimismo, Marques recuerda una estadística del estatal Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) que constata que por cada 1% más de armas en circulación en la sociedad puede haber un incremento del 2% en el número de homicidios.
Para el director ejecutivo del Instituto Sou da Paz, Iván Marques, “el decreto es bastante negativo”, pues “facilita la entrada de nuevas armas en Brasil y afloja las reglas de control establecidas en el Estatuto del Desarme”.
Según los datos más recientes del Ejército y la Policía Federal, 619.604 armas están oficialmente en manos de civiles, quienes podrán adquirir ahora hasta cuatro armas y tendrán un plazo de validez del permiso ampliado a diez años, frente a los cinco de antes.
“Es un número poco razonable y bastante insensato (...) Ningún psicólogo firmaría un atestado por 10 años”, opinó Iván Marques.
El nuevo decreto también supone un desafío para reducir los elevados índices de violencia machista en un Brasil en el que se concentran el 40% de todos los feminicidios ocurridos en Latinoamérica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El profesor Yuri Sashione, especialista en derecho y proceso penal, destaca ese aspecto y afirma que, bajo el pretexto de una mayor seguridad, el decreto puede destapar “el otro lado de la moneda, que es un muy peligroso, en un momento en el que se está enfrentando la violencia de género”.
Según datos oficiales, casi la mitad de los feminicidios en Brasil fueron con armas de fuego.
“¿Será que el hecho de tener más armas en casa no va a provocar un incremento en las amenazas y feminicidios porque las personas tendrán un arma de fuego que antes no podían tener?”, se preguntó.
“Brasil puede sufrir mucho más con los feminicidios de hombres que acaban matando a sus novias o exnovias. Ese plazo de 10 años (de licencia) va a tener impactos reales para controlar el número de armas”, agregó Marques.
Desde Sou da Paz han lanzado una campaña para alejar la idea de que para mejorar la seguridad se necesita un arma de fuego, e insistir en que es un asunto colectivo que necesita de inversión por parte del gobierno.
No obstante, Sashione no aprecia que exista “ilegalidad” alguna en el texto, que, por otra parte, considera que “fue muy bien escrito” y que realizó cambios “dentro de lo permitido”.
“Lo único que hizo fue ajustar el procedimiento para eliminar la subjetividad en el análisis de la Policía Federal y crear un criterio objetivo bastante amplio”, apuntó el docente.
El porte de armas, que permite llevarla en la calle, no se ha modificado con este nuevo decreto, aunque Bolsonaro, ya señaló, en una entrevista pocos días después de ser investido, su intención de hacerlo en el futuro.
“¡Este es apenas el primer paso!”, exclamó el jefe de Estado en Twitter, su principal herramienta de comunicación con los brasileños.
Guardia militarizada
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no está satisfecho con la iniciativa aprobada por diputados para crear una nueva guardia militarizada para combatir al crimen, por lo que propondrá al Senado que le dé más facultades para intervenir en seguridad pública.
La cámara baja aprobó el miércoles 16 una reforma constitucional para crear la guardia nacional, un nuevo cuerpo militar que asumirá la seguridad en el país, golpeado por cárteles del narcotráfico, y que es rechazada por defensores de derechos humanos pues argumentan que agudizará la violencia.
López Obrador dijo en conferencia de prensa, el jueves 17, que el artículo eliminado permite que el ejército y la marina puedan ayudar en labores de seguridad pública mientras se conforma el nuevo cuerpo de seguridad.
La creación de la guardia nacional otorga aval constitucional a la estrategia militarizada de combate al crimen organizado iniciada a finales del 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, del partido conservador PAN.
Opositores dicen que la estrategia ha propiciado más violencia y violaciones de derechos humanos, con más de 200 mil personas asesinadas y 37 mil desaparecidas desde el inicio de la ofensiva, según cifras oficiales.
López Obrador dijo que la modificación deja a los militares con las mismas limitaciones que ha tenido la policía federal que, según argumentó, “no funcionó” porque “no se le dio fuerza”.
La reforma fue aprobada con votos del partido oficialista Morena , así como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del exmandatario Enrique Peña Nieto, y otros dos minoritarios, logrando la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.
El PAN y cuatro grupos políticos votaron en contra.
La reforma aún debe ser aprobada por dos tercios del Senado y por la mitad de los congresos de 32 estados que conforman México, la mayoría dominados por Morena.
López Obrador, que por años criticó la estrategia militar, se retractó de dicha postura tras su elección, argumentando que encontró una situación de seguridad mucho más grave de lo que esperaba.
En debates previos a la aprobación, en los que participaron expertos y ONGs, se consiguió que el proyecto fuera modificado para que el mando administrativo de la guardia sea civil.
Fuente: AFP
