Duro revés judicial para Macri: Corte Suprema frenó el "tarifazo"

La Corte Suprema de Argentina tumbó ayer la suba del gas para particulares definida por el gobierno de Mauricio Macri en el primer cuatrimestre del año para paliar las deficiencias del sistema energético, medida que se sumó a fuertes incrementos ordenados también en otros servicios como luz y agua.

En su dictamen, los jueces del máximo tribunal del país consideraron por unanimidad que el Ejecutivo debió someter la medida a consulta pública antes de aprobarla y que, por tanto, "las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento", dispuesto desde abril.

La Corte tuvo en cuenta que la Constitución "prevé la participación de los usuarios en los servicios públicos" y "el derecho a la información". Por ello, "para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio", indica el fallo, que no afecta a los aumentos para industria y comercio.

Aunque para el gobierno, que había justificado las subas por el imperativo de paliar las deficiencias del sistema energético tras los 12 años de gobiernos kirchneristas, la decisión supone un revés, desde el Ejecutivo aseguraron que se acatará el dictamen y que convocará a audiencias públicas lo más pronto posible.

La actualización de los precios, oficializada el pasado 1° de abril, había supuesto inicialmente aumentos de hasta 800% aunque posteriormente el gobierno fijó un tope de incremento de 400% para los usuarios residenciales ante el fuerte descontento social.

La anulación del aumento dispuesto por la Corte, sin embargo, no afectará a otros tipos de usuarios como los industriales o comerciales, a los que también se habían aplicado subas con un tope máximo de 500%.

Según las cifras del gobierno, los domicilios suponían el 25% del ingreso extra para el Estado calculado con el total de los aumentos del gas.

El fallo supone un muy duro golpe para el gobierno de Macri, que esperaba una decisión que diera respaldo político a los aumentos en todos los servicios públicos, decididos bajo el argumento de que las tarifas estaban retrasadas por las políticas de subsidios de la gestión kirchnerista.

Con la decisión de ayer, la Corte confirmó un fallo judicial previo de un tribunal federal de la ciudad bonaerense de La Plata que declaraba, con alcance nacional, la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía que establecieron el nuevo cuadro tarifario.

La suba del gas se produjo en medio de una escalada inflacionaria y junto a fuertes aumentos en el precio de otros servicios, como el agua y la luz, lo que generó un fuerte descontento social y acciones judiciales en varios puntos del país. Cientos de consumidores presentaron amparos en la Justicia que avanzó al suspender la aplicación de las alzas en luz, gas, agua y transporte.

Otro fallo, que a comienzos de agosto suspendió la aplicación de las subas de tarifas de electricidad en todo el territorio, aún está pendiente de resolución.

Ante la proliferación de denuncias, el máximo tribunal se hizo cargo del conflicto a petición del gobierno para tener una decisión en firme de alcance nacional.

Desde el peronismo, el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, calificó el fallo de "coherente y acorde al sentido común", en declaraciones a radio La Once Diez, y aseguró que, si en "el gobierno hubiesen hecho las cosas bien", el conflicto se podría haber "evitado".

El fallo de la Corte fue celebrado por la oposición. A la entrada del Palacio de Tribunales, un grupo de manifestantes pertenecientes al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) protestó con pancartas y banderas en contra del aumento a la espera del dictamen de la Corte Suprema.

"Veníamos a pedir lo que finalmente resolvió la corte: la anulación del tarifazo", explicó el diputado del MST en la Legislatura de Buenos Aires, Alejandro Bodart.

Con la llegada del invierno, en julio millones de argentinos recibieron las facturas actualizadas con fuertes aumentos, lo que generó una ola de protestas callejeras.

Para Bodart, las continuas protestas de los últimos meses forzaron a la Justicia a escuchar al pueblo en la calle, en contra de lo que hizo, a su juicio, el Ejecutivo, que continuó con una ofensiva de medidas "impopulares", sin ninguna "sensibilidad social".

Las protestas forzaron al gobierno a revisar el alza y limitar los aumentos. Pero también fueron utilizadas por la oposición al gobierno macrista de Cambiemos para adueñarse nuevamente de las calles, y así llevar agua para su molino.

El "ruidazo", como los argentinos bautizaron a este "cacerolazo" en 2016, ocupó las calles de Buenos Aires y de diferentes ciudades del país con miles de manifestantes que pedían, o bien dejar sin efecto la suba dispuesta por el Poder Ejecutivo, o directamente que Macri se fuera del gobierno.

La Justicia, que en los primeros meses de la nueva administración había sido una gran aliada del macrismo al investigar presuntos actos de corrupción en el período kirchnerista, esta vez le generó un gran dolor de cabeza.

"El fallo se va a cumplir", afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al enfatizar que la decisión de la Corte cierra meses de incertidumbre por este tema y refleja que "las instituciones están funcionando".