Ediles del FA en Colonia piden reabrir causa contra Moreira tras fallo de la Jutep

El abogado de los representantes frenteamplistas pidió agregar nuevas pruebas, entre ellas el dictamen que emitió la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) una vez que la causa ya había sido archivada el 3 de febrero por la fiscal Eliana Travers y de que Moreira fuera proclamado por la convención departamental del Partido Nacional como candidato a la intendencia en mayo. 

La Jutep concluyó que Moreira, así como la edila nacionalista María José García que lo denunció por abuso sexual, violaron los principios de "interés público, probidad y legalidad". La denuncia fue realizada en octubre por García, la voz femenina que se escucha en los audios viralizados y en los que el jerarca comunal insinúa estar dispuesto a darle la pasantía que pedía la edila a cambio de mantener relaciones sexuales con ella.

Además, la Jutep aseguró en el dictamen que la Intendencia de Colonia no cumplió con el reglamento previsto para el programa Primera Experiencia Laboral –que data de la primera administración de Moreira, en 1995–, así como que esa normativa no era acorde a la que rige a nivel nacional en materia de becas y pasantías. 

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El organismo –que publicó el dictamen el 7 de febrero, días después de que se archivara la causa judicial respecto a Moreira– también constató que las renovaciones de las pasantías en la comuna fueron otorgadas de manera irregular, al menos en la administración actual (2015-2020). 

"Este cúmulo probatorio analizado por la Jutep trascienden las valoraciones de corte ético y político e ingresan en el desempeño de la función con claro abuso", afirmó el escrito que presentaron los ediles y al que accedió El Observador. 

Leonardo Carreño

"El accionar de Moreria a la luz de los mecanismos utilizados desde su cargo electivo para el otorgamiento de pasantías dejan de manifiesto un accionar arbitrario y contrario a derecho, pervirtiendo el manejo de los fondos públicos e ingresando su conducta en la esfera de los tipos penales de delitos contra la administración pública", agrega el documento, firmado por el abogado Ismael Blanco. 

Concretamente, los ediles frenteamplistas patrocinados por Blanco denuncian que hubo "desviación de poder, clientelismo político, tráfico de influencias y abuso de funciones", por lo que piden agregar a la causa el dictamen de la Jutep, así como el testimonio de varios legisladores departamentales, que cursaron pedidos de informes que nunca fueron contestados por la intendencia. 

Por otra parte, el abogado de García, Fernando Duro, señaló a El Observador que también solicitarán el rearchivo del caso, ya que no está de acuerdo "en el resultado y menos en la valoración de la prueba y los hechos", sostuvo.

Duro debe seguir defendiendo a García, porque la fiscal todavía investiga si la edila tiene responsabilidad penal en la viralización de los audios una semana antes de las elecciones nacionales del 27 de octubre.

"Se le acusa de haber difundido los audios, pero fue por un tema de protección", agregó Duro, y continuó: "¿Por qué no hizo la denuncia? Porque se le hubieran matado de la risa. Mirá si iba a la seccional a plantearlo...". 

Pese al pedido de los ediles y el reclamo de Duro, la fiscal Travers aseguró en el fallo que en la investigación no existieron "elementos objetivos suficientes" para imputar a Moreira por los delitos de funciones, concusión o abuso sexual.

Luego de más de tres meses de indagatoria, para la fiscal quedó claro que García le solicitó la renovación e ingresos de pasantes a otros dos jerarcas de la Intendencia de Colonia, además de a Moreira, y éste no las concedió, algo que pudo corroborar en los informes solicitados a la comuna.