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El acuerdo "secreto" entre Brasil y Paraguay que desencadenó una crisis

Ambos países decidieron dejar sin efecto el pacto bilateral para la distribución de energía de la hidroeléctrica Itaipú firmado en mayo
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02 de agosto de 2019 a las 05:03

El debilitado gobierno paraguayo, diezmado por una sucesión de destituciones dispuestas por el presidente Mario Abdo para frenar la ira opositora, no tiene descanso luego de enfrentar en las últimas horas la posibilidad de juicio político al mandatario. El origen de la crisis fue la firma entre el gobierno paraguayo y el de Brasil de Jair Bolsonaro de un polémico acuerdo sobre la distribución de la energía de la hidroeléctrica bilateral Itaipú, que fue calificado de "entreguista" por la oposición.

Para frenar el terremoto político que amenazaba con derribar al gobierno, este jueves Paraguay y Brasil decidieron dejar sin efecto el acuerdo firmado en mayo, lo que permitió poner en pausa el juicio político que ya contaba con respaldo en ambas cámaras del Parlamento.

Abdo, anunció además nuevas destituciones en su gobierno y dijo que no tolerará la corrupción tras la crisis política. Acompañado de su esposa, Silvana López Moreira, y sus hijos, el mandatario dijo que serán removidos de sus cargos aquellos funcionarios que "han sido negligentes en su trabajo" durante el proceso de firma de ese pacto, denunciado por la oposición como "traición a la patria" y detonante de la crisis.

De hecho, el discurso de Abdo se produjo tras la anulación de ese acuerdo horas antes en la sede de la Cancillería, con la firma de representantes diplomáticos de Paraguay y Brasil.

"Les dije aquel día que no voy a tolerar la corrupción (...), esto no nos da derecho a tener inconductas en el manejo de la cosa pública", dijo Abdo. "No voy a apañar a ningún paraguayo que deshonre el compromiso que hemos hecho. Que salga la verdad, la verdad va a sanar a la Nación y la justicia va a traer paz en el Paraguay", agregó.

El mandatario conservador también tuvo palabras de agradecimiento para los diputados "que trabajaron dialogando para buscar una salida que no quiebre este proceso democrático que necesita ser fortalecido en Paraguay". Y es que antes de ese discurso se conoció que el movimiento Honor Colorado, la facción del gobernante Partido Colorado liderada por el expresidente Horacio Cartes, anunció que retiraba su apoyo al juicio político promovido contra Abdo. Con ello se diluyeron las posibilidades de promover un proceso que podría terminar con al destitución del mandatario, como planteó la oposición, liderada por el Partido Liberal y el Frente Guasú (izquierda).

Honor Colorado había sido el último en sumarse a la petición de iniciar el proceso parlamentario para deponer al actual presidente y al vicepresidente, Hugo Velázquez.

Al conseguir el apoyo de esa agrupación, se lograría la mayoría de dos tercios necesaria en la Cámara de Diputados y en el Senado para iniciar el procedimiento de destitución de las dos máximas autoridades de Paraguay. Sin embargo, según publicó en su cuenta de Twitter el diputado Bachi Nuñez, con la anulación del trato y para la paz del país, retiraron el apoyo del juicio político.

Las iniciativas por la destitución del mandatario y su segundo se presentaron después de que los medios divulgaran que José Rodríguez, un abogado de 27 años presunto asesor del vicepresidente, habría intervenido en el controvertido pacto con Brasil sobre la contratación anual de energía de la represa de Itaipú.

Velázquez reconoció que Rodríguez formó parte de su equipo político, pero negó que tuviera funciones de asesor personal o de asesor de la Vicepresidencia. "Quiso sacar rédito frente a sus clientes de empresas privadas, pero está haciendo mucho daño para sacar beneficio de sus clientes privadas", manifestó el vicepresidente.

Velázquez destacó que estos hechos están desencadenando "una crisis gratuita" en el gobierno paraguayo, ya que Rodríguez, según el relato de Velázquez, utilizó el nombre de Abdo, el suyo propio y el del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

El acuerdo, que fue firmado en Brasilia el 24 de mayo, se hizo público hace apenas una semana, y estipula nuevos términos para la contratación anual de potencia energética de la hidroeléctrica. El pacto fue duramente criticado por la oposición, que lo catalogó de secreto y dijo que se trataba de una transferencia de la soberanía de Paraguay y que además podría desencadenar en el aumento de los precios de energía eléctrica en el país.

El exdirector de la ANDE, Pedro Ferreira, cuya renuncia destapó el escándalo, se negó a firmar el acuerdo porque, según expresó, este tendría un sobrecosto para Paraguay de unos US$ 250 millones y establecía un tiempo de compra hasta 2022. Hasta ese momento, y a diferencia de la nueva acta, Paraguay fijaba de forma anual esa contratación, pero ahora la potencia media anual subiría en ese periodo desde los 1.370 megavatios (MW) en 2019 a 1.924 MW en 2022, lo que llevaría a una mayor suma de dinero al comprar más megavatios.

El presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, fue el primero en plantear el juicio político, tras una reunión con formaciones minoritarias como el Partido Democrático Progresistas (PDP) y Partido Encuentro Nacional (PEN), que secundaron su iniciativa. Posteriormente, la formación de izquierdas Frente Guasu, liderada por el expresidente Fernando Lugo (2008-2012), también se adhirió a la petición para destituir al presidente paraguayo y a su vice.

A diferencia del 2012 –cuando fue destituido Fernando Lugo–, esta vez el Poder Ejecutivo quedaría sin una autoridad al desplazar a Abdo y a Velázquez, y, como consecuencia, tendría que asumir el senador Blas Llano, actual presidente del Congreso, quien debería estar de forma provisoria en el cargo, ya que para sustituir a Abdo se deben convocar a elecciones generales nuevamente. 

Acuerdo anulado

La solicitud de dejar sin efecto el acta bilateral procedió del gobierno de Abdo.

En un mensaje a la nación, Abdo agradeció a quienes le habían apoyado en la crisis, incluido el presidente brasileño Jair Bolsonaro. "La democracia ha triunfado", dijo.

Las autoridades de ambos países ordenaron que las instancias técnicas retomen las reuniones para definir el cronograma de potencia contratada por la compañía brasileña Electrobras y la paraguaya ANDE para la distribución de la energía eléctrica de la hidroeléctrica binacional Itaipú a los dos países en el periodo 2019-2022.

Ola de renuncias

Ante la repercusión y la gravedad de las críticas, el entonces canciller Alberto Castiglioni, quien fue uno de los implicados en la negociación del acuerdo, dijo que Paraguay le pediría a Brasil dejar sin efecto el acuerdo bilateral. Unas horas más tarde, presentó su renuncia.

Otros tres altos cargos, que también se encontraban implicados en las negociaciones, renunciaron. Alcides Jiménez, quien había asumido su cargo de jefe de la ANDE unos días antes, Hugo Saguier, el embajador de Paraguay en Brasil, y José Alderete, el directos paraguayo de Itaipú.

Los altos cargos fueron dimitidos para apaciguar el escándalo que provocó la renuncia de Ferreira por no firmar el contrato.

El gobierno de Abdo explicó que el canciller y el embajador participaron del acuerdo tras el fracaso de las negociaciones entre técnicos del Estado.

También dimitió María Epifania González, madre de Rodríguez, como titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

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