El agua es nuestra

El famoso  “plebiscito del agua” se realizó el 31 de octubre de 2004 simultáneamente a las elecciones nacionales. La propuesta, que puso en manos del Estado en forma exclusiva la distribución de agua potable y saneamiento en Uruguay, contó con un 64,58% de apoyo popular, por lo que fue aceptada e incorporada a la Constitución nacional. En términos futbolísticos, la propuesta estatizadora de la distribución y saneamiento, impulsada por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, integrada por el sindicato de la empresa estatal de agua y saneamiento (OSE) y varios grupos de la sociedad civil, ganó “por goleada”. A consecuencia de ese plebiscito el artículo 47, establece que “el agua es un recurso natural esencial para la vida, que su acceso así como al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales y que es competencia del Estado garantizar a la población dichos servicios”.

A consecuencia de ello se cancelaron varias concesiones que se habían otorgado, sobre todo en el departamento de Maldonado, donde no se lograba atender correctamente la creciente demanda generada por el aumento de la actividad turística. Allí operaban la multinacional francesa Suez Lyonnese Des Aux y la española Aguas de Bilbao. Estas empresas vendieron sus activos y se fueron del país.

Casi 20 años después del plebiscito del agua, y a consecuencia de la mayor sequía en el país en 100 años, la zona metropolitana sufre una aguda crisis en el suministro de agua potable. La empresa estatal OSE ha decidió aumentar el porcentaje de agua salada y el gobierno ha solicitado a la población su colaboración en el ahorro de agua más allá de las tradicionales recomendaciones de verano de no regar jardines ni lavar autos. Ahora las recomendaciones van al consumo privado (desde la ducha hasta el uso de agua en la elaboración de alimentos). Obviamente, en un país donde la oposición no deja pasar una, se ha generado un intenso pase de facturas entre gobierno u oposición. Más bien, de la oposición al gobierno.

Sin duda el problema de la falta de agua es grave. Y las soluciones que se han encontrado para paliar la crisis hasta que se retome el caudal normal de lluvias no son del gusto de nadie. Y menos el aumento de salinidad en el agua con las consecuencias que ello puede tener sobre la salud de grupos de la población más vulnerables.

Pero es preciso tener en cuenta que la situación a la que se ha llegado es producto de la inacción, inoperancia, incompetencia y desidia durante mucho tiempo.

El “agua es nuestra” dicen los que promovieron la reforma constitucional. Es nuestra pero no sabemos gestionarla, no sabemos distribuirla, no prevemos que puede faltar. Quizá muchos del 65% de uruguayos que votaron la estatización total del agua (incluso la de los tajamares de los campos) pensaron y siguen pensando que como el acceso al agua es un derecho esencial, “alguien proveerá”, sea de donde sea y al costo que sea. Obviamente, ese “alguien” es el estado, y el estado somos todos los habitantes de la República Oriental del Uruguay. No nos olvidemos de eso ya que muchas veces se tiende a creer que “el estado” es un ente abstracto, distinto a nosotros y con el que nada tenemos que ver. Y que se encarga de velar por nosotros con recursos que provienen de no se sabe dónde. O de “Rentas Generales”, otro ente bien lejano con el que nada tenemos que ver aunque es a quien todos pagamos nuestros impuestos a diario.

Pero sigue faltando la gestión. Las decisiones en materia de saneamiento no se toman de un día para otro ni tienen efecto instantáneo. La tan llevada y traída Represa de Casupá (más allá de su costo y forma de financiación) es algo que ha estado en las carpetas de las dos últimas administraciones. Sin embargo, no han hecho nada en un período de 10 años, Y ello pese a las preocupaciones que manifestaba desde 2010 el senador y luego ministro Eleuterio Fernández Huidobro. Su prédica fue una voz en el desierto. Algo se fue avanzando con el tema Casupá aunque no era la única solución.

Pero en 2020, Casupá era solo una carpeta que el presidente Vázquez entregó a la administración actual. Por razones diversas, no se llevó a cabo y se decidió ir por el proyecto Neptuno, muy criticado desde la oposición por entender que era una forma de privatización encubierta. Pero como bien dijo el presidente Lacalle Pou, aunque se hubiera empezado con Casupá en marzo de 202º, recién hoy en 2023 estaría pronta porque su construcción lleva 36 meses, pero no tendría agua dado que tenemos esta fenomenal sequía.

El problema viene de más lejos. Viene de una mala administración de OSE durante años y lustros. El Frente Amplio tuvo una enorme bonanza económica de 2005 a 2014 y en ese período no se avanzó prácticamente nada. Siguió el mismo ritmo de pérdida de agua por mal estado de las cañerías: el famoso 50% que se pierde del agua que genera OSE hasta que llega a los consumidores. Los promotores del plebiscito (y los votantes) no se alarmaban por semejante pérdida. Total, el agua es nuestra y hacemos con ella lo que queremos, incluso desperdiciarla.

Pero claro, por inacción a nadie se responsabiliza. Los diversos ministerios de Medio Ambiente y los directorios de OSE de los últimos 15 años parece que nada tienen que ver con este problema. Tampoco las máximas jerarquías del gobierno se preocuparon, salvo al final del último gobierno cuando algo se avanza con Casupá.

Ahora es tiempo de dejar la política chiquita, de dejar de cobrase facturas y de armar una política de estado con el agua como se hizo, oh sorpresa, con la energía eléctrica y la ampliación de fuentes de producción que son ejemplo en el mundo. Si el agua es nuestra, cuidémosla y no actuemos como niños negligentes, que dan todo por garantido sin esfuerzo.