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El asilo, la carta que jugó Alan García para evitar a la Justicia
No llevaba ni siquiera 48 horas en Perú cuando Alan García se subió al auto y se fue hasta el exclusivo barrio de San Isidro en Lima. Estacionó en la cuadra 02 de la avenida general Antonio Pezet y luego de unos minutos ingresó en la residencia del embajador uruguayo Carlos Barros para pedirle asilo.
Era la noche del sábado 17 de noviembre, y el dos veces presidente de Perú había decidido jugar su última carta para evitar ser juzgado en el caso Odebrecht. El día anterior, la Justicia le había dispuesto el cierre de fronteras por 18 meses mientras lo investigaba por colusión agravada, lavado de activos y negociación incompatible en agravio del Estado en la concesión del puerto del Callao y la construcción del metro de Lima.
El presidente de la Comisión Política de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA, el partido de García), Mauricio Mulder, dijo a El Observador que la decisión de solicitar asilo fue tomada por la dirección de APRA en la tarde de ese sábado, luego de que se enteraran que el expresidente iba a ser detenido. Los políticos discutieron el tema a través de WhatsApp y realizaron algunas llamadas, antes de tomar la resolución. “Venían por nosotros, se mostró una celada para que García acudiera a una citación aparentemente anodina con la intención de detenerlo y decidimos solicitar el asilo a Uruguay porque el país tiene una tradición democrática y eso ha pesado”, dijo en ese momento Mulder.
Su solicitud generó un cimbronazo en el gobierno de Tabaré Vázquez, que durante 16 días analizó con absoluto hermetismo qué hacer al respecto. El 3 de diciembre, el presidente anunció en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que Uruguay había resuelto denegar el asilo.
Cuando se conocieron las palabras de Vázquez, García ya había retornado a su casa de Miraflores, en la que se suicidó este miércoles acorralado por las nuevas revelaciones de la constructora brasileña.
Lobby peruano en Montevideo
Durante las dos semanas que García permaneció en la residencia de Barros, Montevideo se llenó de políticos peruanos, que vinieron a hacer lobby a favor y en contra del expresidente.
Los primeros en llegar fueron los diputados de APRA, quienes destacaban que estaba siendo “perseguido” por el gobierno de Martín Vizcarra. Al enterarse, volaron los diputados del opositor Frente Amplio, quienes defendieron ante los legisladores la investigación judicial.
Desde Perú, en tanto, Vizcarra hablaba por teléfono con Vázquez y le explicaba que en su país funcionaban con independencia los tres poderes, mientras que Ollanta Humala -que también había sido investigado por la Justicia de su país y había estado preso- le enviaba una carta en la que le solicitaba rechazar el pedido.
Por esos días, quien también miraba hacia el Río de la Plata era Mario Vargas Llosa. A través de su columna en El País de Madrid, el novelista peruano decía que sería una “vergüenza” que Uruguay le concediera el asilo. “No está siendo investigado por sus ideas y actuaciones políticas, sino por delitos tan comunes como recibir coimas de una compañía extranjera que competía por contratos multimillonarios de obras públicas durante su gobierno”.
La decisión de rechazarlo fue tomada por el presidente en consulta con el canciller Rodolfo Nin Novoa, el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el prosecretario Juan Andrés Roballo, tras recibir un informe jurídico elaborado por técnicos de la cancillería.
A través de Barros, Perú envió la documentación de la investigación judicial que sirvió de base para la fundamentación del Poder Ejecutivo.
La única señal de lo que pensaba hacer el gobierno fue dada por Vázquez en Tranqueras en una rueda de prensa durante la inauguración de la Ruta 30. Ese día, el mandatario citó al prestigioso jurista Eduardo Jiménez de Aréchaga, cuya obra junto al tratado del profesor Manuel Vieira, constituyó el respaldo jurídico para tomar la decisión. En su trabajo, Vieira advierte sobre los graves "peligros” que podía causar el mal uso del de asilo para impedir el accionar de la Justicia “proclamando así la impunidad".
Pero además del respaldo jurídico, el presidente realizó consideraciones de carácter institucional para rechazar el asilo. En conferencia de prensa, Vázquez dijo que en Perú funcionan “libremente los tres poderes” y destacó que es el Poder Judicial “el que está llevando adelante las investigaciones de estos eventuales delitos económicos”.
La decisión fue celebrada por todo el espectro político. En la oposición, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Pedro Bordaberry, Ernesto Talvi y Pablo Mieres, se mostraron de acuerdo con Vázquez, y destacaron que el presidente se había quitado un problema de encima.
