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El autoritarismo tecnológico del gobierno de Xi Jinping
Treinta años después de la represión, los tanques de la plaza de Tiananmén han dejado el sitio a un arsenal más discreto pero igual de eficaz para el régimen chino: miles de cámaras atentas al mínimo atisbo de protesta social. En la inmensa explanada del corazón de Pekín, las cámaras vigilan a los turistas que admiran el retrato gigantesco de Mao Zedong, el fundador de la república popular.
Estas cámaras colgadas de las farolas son el lado visible del arsenal tecnológico a disposición del Partido Comunista Chino (PCC) para impedir un movimiento prodemocracia como el de 1989, reprimido duramente el 4 de junio de 1989. De norte a sur del país, en los últimos 10 años se crearon puestos policiales para prevenir la delincuencia y cualquier alteración del orden público.
A las herramientas de control tradicionales (propaganda, medios de comunicación o educación), Pekín ha sumado bajo la batuta de Xi Jinping una suerte de autoritarismo tecnológico, principalmente a través de dos elementos: internet y la vigilancia urbana. La obsesión del régimen por la inteligencia artificial y el reconocimiento facial añadió sofisticación a esta red de vigilancia compleja. Permite a la policía llamar a la puerta de cualquier presunto alborotador, denuncian varios disidentes.
Otros estiman que la omnipresencia del partido en las universidades y la reducción de los pocos “espacios de libertad”, como las librerías independientes, complican cualquier intento de debatir hipotéticas reformas políticas. “Gracias a la mejora de las tecnologías de vigilancia, sería mucho más difícil hoy celebrar manifestaciones como las de Tiananmén en 1989”, destaca Patrick Poon, de Amnistía Internacional.
En los últimos años hubo pequeñas “manifestaciones espontáneas” en el país, lanzadas por sindicalistas, estudiantes o familias afectadas por los escándalos alimentarios o vacunas defectuosas. Estas protestas esporádicas también disminuyen puesto que Pekín trata de “cortarlas de raíz” y censura cualquier referencia a ellas en las redes sociales, explica Poon.
“Cada vez que salgo de la ciudad, tengo que informar de ello a la policía”, afirma Yi Wenlong, un empresario de la provincia de Shanxi (norte) cuya hija sufre epilepsia como consecuencia de una vacuna adulterada. “Si ni siquiera podemos hablar de los problemas concretos como las vacunas ¿cómo vamos a agitar pancartas pidiendo grandes cambios?”, se pregunta.
Un férreo control
Desde la llegada al poder del presidente Xi Jinping en 2012, Pekín redujo el espacio de las libertades civiles, arremetiendo contra los abogados, disidentes y hasta los estudiantes “marxistas” defensores de los derechos de los trabajadores. Los censores del régimen han reforzado el control de las redes sociales, vigilan las conversaciones entre millones de individuos y bloquean cualquier contenido políticamente sensible, en particular la represión de 1989. Ante la proximidad de la fecha del 4 de junio, la enciclopedia Wikipedia ha sido bloqueada en todas las lenguas.
Sitios web como Google, Facebook y Twitter están censurados en el país asiático, mientras que desde 2017 todas las plataformas en línea –como blogs, foros y aplicaciones– deben pasar por un consejo editorial del PCCh. Asimismo, los debates en redes sociales están estrictamente controlados por el gobierno y sus operadoras, como Tencent y Baidu, que no vacilan en borrar cualquier perfil o contenido controvertidos, como evidencian los 24,7 millones de mensajes eliminados y las 3,6 millones de cuentas cerradas en lo que va del año.
También se han aprobado normativas que exigen a los usuarios registrarse con sus nombres reales en multitud de plataformas, al tiempo que los administradores de los grupos de WeChat, el equivalente local de WhatsApp, son responsables legales de lo que se escriba en sus chats. Es que “el internet chino fue diseñado para que las autoridades fuesen capaces de controlarlo”, dice Séverine Arsène, experta en ciberseguridad de China de la Universidad de Hong Kong.
Ese viraje, de un internet sin límites a una censura cuasi obsesiva, no se produjo de la noche a la mañana. La construcción del “Gran Cortafuegos’” chino, operativo desde 2006, fue el preludio de un dominio que ha crecido de manera imparable bajo el mandato de Xi. El nuevo arsenal del Estado policía incluye programas informáticos de reconocimiento vocal para identificar a las personas por teléfono y un programa de recogida de muestras de ADN, según Xiao Qiang, un físico contestatario.
Varios disidentes consultados dicen haber recurrido a aplicaciones de mensajería instantánea encriptadas como Telegram o WhatsApp para comunicarse. La población capea el temporal como puede: bien haciéndose con una red virtual privada o VPN –algo cada vez más común–, bien recurriendo a homófonos o eufemismos para hablar de los temas más sensibles en la red.
En 2015, Pekín lanzó el proyecto de vigilancia Sharp Eyes (ojo de lince), que un disidente encarcelado de 2013 a 2016 describe como omnipresente. China contaba en 2016 con unos 176 millones de cámaras de vigilancia contra 50 millones en Estados Unidos, según el gabinete IHS Markit. De aquí a 2022 subirán a 2.760 millones en un país de 1.400 millones de habitantes, o sea dos por persona. Con el enriquecimiento exponencial del país y una propaganda continua, el régimen consiguió incluso erradicar las ganas de protestar, lamenta Li Datong, exredactor jefe del Diario de la Juventud de Pekín que se encuentra bajo vigilancia desde el año pasado por haber criticado a Xi Jinping.
Basado en AFP y EFE
“Oleada de persecución”
Según CHRD, “el gobierno chino ha hecho descarrilar de manera sistemática el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión, información, prensa, reunión pacífica y asociación para debatir o conmemorar u obtener información sobre el movimiento de 1989 y la masacre de Tiananmén”. Amnistía Internacional también se unió a la denuncia y pidió al Ejecutivo de Pekín que zanjara “la oleada de persecución contra aquellos que buscan recordar a las víctimas de la represión de Tiananmén de 1989”.
