El caso Nisman es emblemático en caso de persecución a periodistas, jueces y fiscales

Entre el 4 y el 6 de octubre pasado se celebró el Foro de Actores Legales y Libertad de Expresión 2022, organizado por el “Asser Institute - Centre for International & European Law-“el Ministerios de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, Unesco y la asociación “Free Press Unlimited” en la ciudad de La Haya Reino de los Países Bajos, al que fui invitado. 

El objetivo del encuentro fue conectar experiencias entre actores de la sociedad civil (ONG’s, Organismos Internacionales, etc) con actores Jurídicos (Jueces y Fiscales) de America Latina y Africa y Academicos de distintas Universidades para analizar la realidad de las regiones respecto de los mecanismos de protección de la Libertad de Expresión, la Seguridad de los Periodistas; la  Perspectiva mundial de la libertad de expresión: Tendencias actuales y desafíos emergentes; ¿Qué deben saber los jueces sobre el discurso de odio?; ¿Qué deben saber los jueces sobre las distintas funciones de los Estados en materia de libertad de expresión y desinformación en línea?; entendida la Libertad de Expresión como pilar fundamental del sistema democrático, entre otros temas fundamentales. 

Durante las intervenciones se pudo destacar que, tanto la función de los actores jurisdiccionales como la de la prensa independiente son fundamentales frente al poder que pretende condicionarlos y que la garantía de independencia funciona como un freno que incomoda al poder, de allí la necesidad de fortalecer en los hechos esa independencia. 

Tome como ejemplo, que la utilización de los llamados “discursos de odio”  son nocivos cuando están dirigidos a estigmatizar minorías vulnerables (religiosas, étnicas, sexuales, etc) aumentando los riesgos de su segregación, como así también cuando son usados para engañar al público caracterizando falsamente como actos de persecución tanto investigaciones periodísticas independientes como decisiones jurisdiccionales o dictámenes fiscales en el ejercicio de la función, en general, cuando estos se vinculan con investigaciones de corrupción. 

Fueron citados en el foro casos de persecución a periodistas, jueces y fiscales ocurridos en todo el mundo, como también destaque que en la argentina, tristemente, se ha verificado tanto la persecución a periodistas (Caso Cabezas, caso de periodistas en Rosario, casos de discrecionalidad en la distribución de pauta estatal, etc) como a Jueces y Fiscales. El caso de Alberto Nisman es emblemático. 

El mejor instrumento para empezar a prevenir esta práctica del poder real -que repito intenta condicionar a la prensa, a los jueces y a los fiscales independientes-  es poner sobre la mesa la problemática -visibilizarla rápido- y a la vez discutir acerca de las herramientas con las que contamos para evitar los abusos del poder estatal frente a la libertad de prensa y la libertad de expresión-

Frente a las distintas realidades que fueron expuestas por mis colegas de Europa, Sudamérica y Africa, me pareció importante destacar, como lo ha reconocido nuestra Constitución Nacional (y el Bloque de Constitucionalidad Federal por ella reconocidos) que la libertad de expresión es un derecho humano básico, pilar fundamental que garantiza la libertad y el sistema de convivencia democrático que hemos elegido. 

Dia a dia nos encontramos frente a los desafíos que proponen las tensiones que supone garantizar los derechos reconocidos constitucionalmente. Y entre ellos están los que constituyen y sostienen la libertad de prensa (como manifestación de la libertad de expresión). Tarea que nos emparenta a quienes trabajamos por la verdad.

Con adecuada aplicación de políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana, la publicación de datos y estadísticas permitirá mejorar y brindar un servicio de justicia, de mejor calidad y fortalecer la independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes del Estado. De la misma manera,  la prensa independiente se esfuerza para llegar con verdad y objetividad a la comunidad.

Tal como sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo “Kimel vs. Argentina”, es fundamental el rol que cumple la libertad de expresión en una sociedad democrática, siendo el Estado quien debe equilibrar y asegurar la diversidad de voces impulsando el pluralismo informativo, sin interferencias que disimulen una censura encubierta.

Insistí, como lo destacaron también el resto de los actores del Foro, que la libertad de expresión constituye un valor fundamental en una sociedad democrática, comprendida en una faz individual, como un derecho propio de los sujetos los sujetos de derechos en una sociedad democratica y en su faz colectiva: una condición esencial para el funcionamiento de un gobierno democrático.

Es por ello que no debe permitirse que las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, de carácter excepcional (así como la posibilidad de establecer responsabilidades ulteriores no penales por su ejercicio abusivo) se conviertan en un mecanismo de censura previa.

Los medios de comunicación desempeñan un rol fundamental para la libertad de expresión. En toda sociedad democrática, éstos son los verdaderos instrumentos de libertad y no deben ser utilizados como vehículos para restringirla, motivo por el cual es indispensable que reproduzcan las más diversas informaciones y opiniones. Se debe entender así, porque de esta manera se transforman en el vehículo entre las decisiones de los actos de gobierno del Poder Judicial -la sentencias de los jueces- y la sociedad, y por eso demanda una protección activa por parte del Estado.