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El Congreso peruano aprobó denunciar por corrupción al destituido Pedro Castillo
El Congreso de Perú, de mayoría derechista, no deja de hostigar al expresidente Pedro Castillo, a quien destituyó el 7 de diciembre. Ahora aprobó el informe final de una denuncia constitucional que recomienda a la Fiscalía acusarlo de ser el jefe de una organización criminal durante su gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el pleno parlamentario dio luz verde al informe final de la denuncia presentada por la Fiscalía general contra el exmandatario antes aún de su relevo.
Cumplido el trámite, la fiscal Patricia Benavides podrá continuar con las pesquisas contra el exmandatario y formalizar la investigación preparatoria para ser presentada ante la justicia.
Castillo ya cumple una pena de prisión preventiva por 18 meses acusado de intentar dar un autogolpe de Estado por el que el Congreso lo destituyó.
El exmandatario, sindicalista docente rural sin contacto con las élites políticas del país, intentó disolver el Congreso luego de que la mayoría parlamentaria le presentara un tercer pedido de remoción por “inhabilidad moral permanente” en sus 16 meses de gestión.
El documento parlamentario aprobado el viernes recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos “contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión”.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
En otras dos votaciones, el pleno del Parlamento también aprobó acusar por el mismo caso a los exministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción Civil y Saneamiento, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Silva se encuentra prófugo.
La Comisión Permanente del Congreso había aprobado el pasado 10 de febrero dicho informe tras la denuncia constitucional presentada en noviembre pasado por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el exmandatario y sus exministros.
Durante una intervención virtual, el abogado del expresidente, Eduardo Pachas, solicitó sin éxito que Castillo pudiera ejercer su derecho a la defensa de manera presencial ante el pleno y calificó de "absurda" la acusación, insistiendo en que el Congreso no observó los decretos cuestionados y dio la confianza a los gabinetes que tuvieron a los exministros imputados, por lo que pidió el archivo de la denuncia.
Durante el debate, que se extendió por unas cuatro horas, con un recinto prácticamente vacío, tomaron la palabra los pocos congresistas que asistieron de los 130 que integran la cámara peruana.
Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte, lo que dio origen a protestas reprimidas por el Ejército y la Policía que ya provocaron 60 muertos, según cifras de la estatal Defensoría del Pueblo.
