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El daño de anteponer el juego político a buscar soluciones para la gente

La estabilidad, reglas de juego claras y buen diálogo político son aspectos clave de Uruguay para captar inversiones: algunas señales de cómo el chiquitaje político empieza a incidir en eso generan preocupación

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16 de julio de 2021 a las 13:56

Luis Lacalle Pou tiene en el piso 11 de Torre Ejecutiva un pizarrón en el que anota cada uno de los proyectos de inversión. Obsesivo como es, le hace un seguimiento personal a cada una de esas iniciativas para apurarlas porque sabe, como dijo en una entrevista televisiva el mes pasado, que para salir de la crisis generada por la pandemia es clave generar obras. “El más ansioso soy yo”, dijo en Subrayado. ¿Por qué? No solo para generar buena infraestructura que le quede al país, sino para generar empleo.

Ese es el gran problema a resolver en todo el mundo. Pero incluso en Uruguay, donde la economía no se cerró tanto como en otros países, se perdieron muchísimos puestos de trabajo y otros tantos aún están en veremos gracias al mecanismo del seguro de desempleo parcial, que no se podrá sostener toda la vida. En la newsletter Rincón y Misiones se ha analizado en profundidad este tema desde el punto de vista económico. Hoy en EnClave te propongo un análisis político para hablar de que, pese a esa situación urgente de inversión pública y privada, todavía hay dirigentes que privilegian el chiquitaje político a la facilitación de opciones que den empleo a los uruguayos.

 

La actitud del Frente Amplio en Colonia

Más Colonia, el proyecto que pretende invertir US$ 2.000 millones en 20 años

El proyecto para crear una segunda ciudad en Colonia es ambicioso. Y como tal, muy pero muy riesgoso. Se trata de un plan a 20 años, con una inversión total estimada de casi US$ 2.000 millones y que además de generar miles y miles de puestos de trabajo apunta a incrementar el aluvión de argentinos que llegaron en los últimos dos años al país. En este caso, además, enfocados en un público joven de las industrias del conocimiento, dos características que necesita el país.

La iniciativa urbanística se llama Más Colonia –también se la presenta como Colonia Ala Este, por su ubicación pegada a Colonia del Sacramento– y avanza en la Junta Departamental de Colonia para transitar un largo proceso de trámites que permitiría empezar con algunas obras ya en 2021. Todos los detalles del proyecto los encontrás en esta nota de Andrés Oyhenard que publicamos hace dos semanas.

Cuando el 1° de julio el empresario Eduardo Bastitta presentó el proyecto ante la Junta Departamental de Colonia dijo algo que entiende clave para que el proyecto prospere: “Es tremendamente importante que este proyecto tenga el apoyo idealmente unánime de la comunidad, porque nos embarcamos en un proyecto a largo plazo, y necesitamos contar con la tranquilidad de que los actores están alineados con los objetivos”. Agregó que por eso estaba dispuesto a discutir y corregir todo lo que sea necesario de la iniciativa para lograr ese propósito.

Según una crónica de La Diaria Colonia del día siguiente, “ediles blancos, colorados y del Frente Amplio quedaron satisfechos con las explicaciones ofrecidas por el empresario y los técnicos que lo acompañaron”.

Por eso fue un baldazo de agua fría cuando esta semana la junta aprobó el primer paso del proyecto –volvieron a categorizar los suelos de la zona como suburbanos de uso turístico–, solo con los votos de los ediles blancos y colorados. Los ediles frenteamplistas no aprobaron la iniciativa.

El ala este de Colonia es el lugar donde quieren construir la nueva urbanización

¿Por qué es un golpazo esto para la iniciativa? Los inversores, como en cualquier parte del mundo, cuando se la juegan con un proyecto que implica mucho riesgo quieren reglas de juego claras y estabilidad. Eso ha sido el gran diferencial de Uruguay en la región en mucho tiempo y es parte de lo que atrae a proyectos de este tipo.

Los inversores quieren certezas. Y cuando la obra que se proyecta será escalonada a lo largo de 20 años, y por tanto con diversos gobiernos en la gestión, necesitan que todos los partidos estén embarcados y alineados.

Colonia es un departamento blanco en las últimas décadas. En las elecciones departamentales del 2020 el Partido Nacional sacó 43.300 votos y el Frente Amplio 29.800. Pero en las elecciones nacionales el FA obtuvo 34.000 votos y el PN 32.000. No es ilógico para un inversor extranjero –que tal vez no tiene el hilado fino de la política local para saber que una cosa son las competencias nacionales y otras las departamentales– temer que en alguna de las próximas elecciones el FA gane la intendencia de Colonia y por tanto todas las condiciones de su inversión le cambien.

Cuidar el clima de negocios, por tanto, no es solo un tema del gobierno sino también de la oposición. Cuando el Frente Amplio a nivel nacional cuestiona al gobierno y pide más energía en la generación de fuentes de trabajo, parece una contradicción que a nivel departamental envíe estas señales.

Los argumentos de los ediles opositores de Colonia son que el oficialismo no dio lugar a una discusión para mejorar el proyecto. Si es así, también hay responsabilidad de los ediles blancos, que si quieren que el proyecto salga también deben dar lugar a las unanimidades. Pero cuando uno va al fondo de los argumentos, hay poca cosa concreta. El rechazo se parece más a un juego político, del tipo que hacen los partidos cuando están en la oposición pero que luego cuando llegan al gobierno abandonan. Ejemplos como esos hay muchos.

El FA, cuando era oposición durante el gobierno de Jorge Batlle, cuestionaba la inversión de Botnia que luego facilitó cuando se convirtió en gobierno. El actual gobierno fue muy crítico en campaña de las negociaciones con UPM por su segunda planta en Paso de los Toros, pero luego los cambios que hizo fueron muy menores.

En este caso de Colonia el FA dio señales en privado previo a la votación de que no harían problema en caso de llegar al gobierno departamental en algún momento. Pero solo con eso dicho por lo bajo muchas veces no alcanza. El sistema político de Colonia aún está a tiempo de mostrar madurez, porque ahora la intendencia deberá negociar un contrato con los inversores que luego deberá pasar nuevamente por la Junta. Si el oficialismo y la oposición quieren, pueden negociar y aprobar ese contrato de forma unánime, lo que sería otro fuerte mensaje al clima de negocios por parte de Uruguay.

 

No solo el FA dio mala señales

Manini Ríos y Lacalle Pou

El último martes de 2020 el presidente decidió pasar un mensaje importante. “Lacalle Pou vetará la ley que limita la forestación si prospera en el Senado”, tituló el diario El País. Fue un mensaje que generó resquemor en uno de sus principales socios, Cabildo Abierto, que había promovido esa ley y logrado que con sus votos y los del Frente Amplio la Cámara de Diputados la aprobara a fines de ese año.

El líder de ese partido, Guido Manini Ríos, le contestó ese mismo mediodía a Lacalle. Dijo que el presidente cometía un error y que era “prematuro hablar de veto” cuando la ley aún no estaba aprobada. La ley forestal que se propone restringe el avance forestal, establece un límite a la superficie para plantar árboles y prohíbe las plantaciones fuera de las tierras consideradas de “prioridad forestal”. Eso, para el resto del gobierno, “perfora la seguridad jurídica con la que se ha manejado Uruguay”, como dijo un legislador colorado.

¿Por qué el presidente decidió mandar un mensaje tan fuerte? La explicación más contundente es la de cuidar el clima de negocios, las certezas jurídicas que brinda el país y posibles inversiones que aporten a la economía y al trabajo de los uruguayos.

Lacalle sintió que tenía que pasar un mensaje contundente para evitar que se interpretara –como sé que sucedió en algún caso concreto de inversores extranjeros– que era el gobierno el que impulsaba un cambio de las reglas de juego. Para ello no había nada mejor que tirar el veto arriba de la mesa, aún con los problemas que eso le trae hasta hoy. Por trancar tan duro con la ley forestal, Cabildo Abierto le tiene demorados otros proyectos que el gobierno quiere aprobar.

El partido liderado por Manini Ríos es un factor de tensión en el oficialismo porque tiene una estrategia deliberada y pública de marcar perfil propio para diferenciarse de los socios hacia 2024.

Pero no son los únicos que piensan en sus beneficios políticos. A nivel de obra pública, un elemento fundamental para reactivar la economía y generar empleos, estas últimas semanas el asunto también estuvo en el tapete por diferencias de criterios de los partidos según el color del gobierno departamental que se mire.

Varios intendentes blancos y frenteamplistas intentan aprobar fideicomisos para obra pública. Los opositores se resisten –pese a que sea una contradicción que los blancos no apoyen en Canelones cuando lo piden en Rocha o Río Negro y al revés– a que los ediles blancos de Canelones no voten cuando otros intendentes de su partido quieren usar la herramienta. Es cierto, no son iguales las finanzas de todas las intendencias, pero

ese tema también desafía los liderazgos partidarios tanto de los blancos como de los frenteamplistas.

 

Soy Gonzalo Ferreira, editor jefe de El Observador. Podés escribirme a este mail por sugerencias y comentarios.

 

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