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El desafío de la seguridad
La ciudadanía tiene grandes expectativas en que el futuro gobierno de Luis Lacalle Pou, que asume en nueve días, resuelva el grave problema de la seguridad pública que aflige al país, independientemente de simpatías políticas.
Es un área en que la gestión del Frente Amplio termina con mala nota no por hechos fortuitos, sino por políticas equivocadas durante los 15 años que estuvo en el ejercicio de gobierno.
Le llevó mucho tiempo reconocer la importancia de los aspectos punitivos y represivos en el combate al delito. Y el deterioro del sistema carcelario y el aumento de hechos delictivos asociados al negocio del narcotráfico golpearon más el ambiente de seguridad al que estábamos acostumbrados los uruguayos, reconociendo incluso que la tendencia ascendente de la criminalidad comenzó mucho antes.
Y por eso que hasta los votantes del Frente Amplio reclaman un cambio en la política de seguridad pública, según dijo Rafael Porzecanski, director de opinión pública de Opción Consultores, en una entrevista publicada ayer en El Observador.
En la actualidad, 52% de la población cree que la gestión de Lacalle Pou será buena o muy buena; incluso los votantes de la coalición de izquierda “le extiendan una carta de crédito mayor” al presidente electo, dijo el experto en opinión pública.
La lucha contra la delincuencia y el crimen es el primer reclamo cuando se le pregunta a la ciudadanía acerca de la prioridad que debería tener el gobierno, dijo Porzecanski; también es la principal expectativa de una mejora, por encima de la economía.
Es tan relevante la esperanza que tiene depositada la opinión pública, que Jorge Larrañaga, nominado como ministro del Interior, es la figura “con más recordación espontánea” entre los secretarios de Estado designados, dijo el entrevistado.
Ello supone un listón alto para la política, no solo para el gobierno porque la opinión pública observará con cuidado la actitud que tengan todos los partidos.
El desafío es enorme porque los problemas de seguridad no se resuelven de la noche a la mañana como muestra el ejemplo de Brasil, donde la mejora de los indicadores de delitos son una consecuencia en parte de medidas que se pusieron en marcha durante el gobierno de Michel Temer, como explicó el experto en asuntos de seguridad Diego Sanjurjo, en una columna de El Observador del sábado 15.
Pero hay otras explicaciones, más de fondo, que nos lleva a pensar que la percepción de los cambios llevará su tiempo: la seguridad pública está asociada a una mejora de la economía –particularmente en el dramático problema del mercado de trabajo para los más jóvenes, donde las cifras muestran una situación crítica– y a una reforma educativa que mejore sustancialmente la calidad e incluya una formación profunda en aspectos de ciudadanía.
Uruguay, particularmente Montevideo, tiene una malla social con agujeros, de brechas por barrios y de marginalidad cultural que muchas veces son un caldo de cultivo para el ambiente delictivo.
Cárceles hacinadas y que retroalimentan el delito, jóvenes que no consiguen trabajo o que abandonan los estudios son un cóctel explosivo en cualquier país del mundo. Sin resolver estos problemas muy hondos, no atacaremos en serio el drama de la inseguridad.
