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El desplante de Susana Muñiz al presidente Tabaré Vázquez

El mandatario analiza con el ministro Basso el futuro político de la jerarca

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14 de septiembre de 2017 a las 05:00

Cuando el presidente de la República, Tabaré Vázquez, vio los documentos que mostraban cómo el hospital de Rivera, a pesar de tener una licitación concedida a una mutualista local, envió para que se hicieran miles de tomografías a una clínica privada de Brasil, se mordió el labio inferior, movió la cabeza de izquierda a derecha, y comentó por lo bajo: "¿Cómo no me va a impactar esto?".

Dentro del caos que es la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) –a estar por las denuncias presentadas por los diputados Eduardo Rubio (Unidad Popular) y Martín Lema (Partido Nacional) que derivaron en la creación de una investigadora parlamentaria–, la situación puntual de Rivera preocupó especialmente al mandatario.

Las consecuencias de algunas de las presuntas irregularidades cometidas por el exdirector Andrés Toriani se siguen sintiendo hoy, pero Vázquez sabía desde antes, por boca de directores de otros hospitales de la región, que en Rivera estaban haciendo trampa con los dineros públicos, y que eso explicaba la notoria mejora en la atención en esa ciudad fronteriza.

Toriani utilizaba dinero destinado a insumos médicos para contratar personal, pero sin contratos y de manera tercerizada, a través de una mutualista local que, obviamente, cobraba una comisión. En esa mutualista además trabaja buena parte del staff jerárquico de médicos que a su vez Toriani tenía en el hospital público.
Cuando el presidente Vázquez le pidió documentación a Muñiz sobre ASSE, la jerarca le dijo que se la entregaría si le daba una audiencia personal.
Eso de utilizar empresas que tercerizaban las contrataciones se repitió con las tomografías realizadas en Brasil. En ese caso eran facturadas por la firma riverense Comeri, pese a que carece de tomógrafo.
Una primera aproximación de Vázquez a Rivera se revela por el hecho de que quien planteó las primeras investigaciones fue el gerente general de ASSE, Richard Millán, un hombre muy cercano al presidente.

La divulgación en El Observador y en VTV del caso de las tomografías realizadas en Brasil llevó a ASSE a aprobar la realización de una auditoría interna y al fiscal de Corte, Jorge Díaz, a enviarle las notas a la fiscal de Rivera Patricia Rodríguez –por advertir la posible existencia de "hechos con apariencia delictiva"– para que inicie una investigación penal si lo considera pertinente.

Para completar el escenario de caos, la investigación ordenada en su momento por Millán concluyó que Víctor Recchi, subdirector del hospital (que era el ordenador del gasto, ya que Toriani era contratado por la Comisión de Apoyo), y Leonardo Cuña, administrador del centro de salud, habían incurrido en faltas gravísimas y graves respectivamente.

Al primero lo espera la destitución y al segundo una severa sanción. El presidente parecía estar bien asesorado cuando puso su atención en Rivera.


Pero antes de este nuevo escándalo, la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, había enfrentado al presidente cuando este pidió la remoción de Toriani. Muñiz lo defendió en todo momento y postergó la decisión todo lo que pudo, a tal punto que terminó votando solo ella por mantenerlo en el cargo contra lo que quería Vázquez.

Mientras que, según sus allegados, Vázquez está convencido de que Muñiz debía estar informada de todo lo que pasaba en Rivera, la presidenta de ASSE realizó una movida sorprendente, con visos de suicidio político.

Cuando el presidente le pidió que le enviara una serie de documentos de algunas de las denuncias que pesaban sobre ASSE, Muñiz le dijo que se los llevaría pero si el mandatario le daba una audiencia personal.

Vázquez no le dio ninguna audiencia y, tras conocer que el caso de Rivera llegaba a la Justicia y se complicaba al extremo en lo administrativo, se disponía a analizar con el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, el futuro político de Muñiz.

El mandatario asegura que este tipo de decisiones que tienen que ver con la ética pública no pueden ser frenadas por eventuales acuerdos políticos internos o por el respeto a un posible equilibrio sobre los cargos que ocupan los partidos del Frente Amplio.

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