La incertidumbre sobre qué pasará con los aviones de la exaerolínea de bandera Pluna, y cuándo cobrarán los acreedores tras la liquidación de la compañía y el fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la ley de la quiebra, durará al menos hasta febrero de 2014. Ello se explica porque el expediente del caso volverá al concurso una vez que la SCJ se expida sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentará hoy el síndico, para que la sentencia comprenda a todos los acreedores. Lo único que puede adelantar los plazos es que el Poder Legislativo derogue la ley.
Pero luego que eso suceda, la sindicatura debe trabajar en la verificación de los créditos, antes que los acreedores cobren lo que la exaerolínea les quedó debiendo. Para expedirse sobre la inconstitucionalidad en todos los casos, la Corte dedicará varias semanas al estudio del escrito del síndico, por lo que el expediente volverá al concurso después de la feria judicial mayor de enero, dijeron a El Observador fuentes de la corporación.
Según señaló un ministro de la Corte, una vez que el síndico presente el recurso de inconstitucionalidad, deberá realizarse un nuevo sorteo para que un ministro de un tribunal de apelaciones ocupe el lugar de Julio Chalar, quien se excusó por tener un familiar que trabaja en el estudio que redactó la ley. En la sentencia que ya salió, Chalar fue sustituido por Angel Cal, quien falló que los accionantes no tenían legitimidad para presentar el recurso. La misma opinión fue compartida por el presidente de la SCJ, Jorge Ruibal. Tanto Cal como Ruibal señalaron que quien debía presentarse y no lo hizo, era el síndico del concurso. Ello implica que si ahora se presenta el síndico, Ruibal deberá volver a estudiar el expediente para pronunciarse sobre el fondo del asunto y decir si la ley es o no constitucional.
Cada ministro tiene 20 días prorrogables por otros 20 días para estudiar el expediente. Ese limbo permite que la ley siga vigente y aplicándose, por lo que el fideicomiso sigue administrando los siete aviones Bombardier, de los cuales el Estado es garante de su pago ante el Scotiabank.
El síndico Gabriel Ferreira manifestó que hay recursos suficientes en el concurso de Pluna para mantener, al menos por 10 meses, el estado de los aviones. Se necesitan cerca de US$ 420.000 por mes para invertir en la asistencia técnica de las aeronaves, según lo establece su fabricante. De no recibirla en muy pocos días pierden su certificado de aeronavegabilidad, y en meses se convierten en chatarra con escaso valor comercial.
Por otra parte, el sindicato de extrabajadores de Pluna sigue con optimismo el desenlace del nuevo capítulo de la novela. Su proyecto de comenzar a volar con la nueva aerolínea de bandera Alas Uruguay se podría ver beneficiado con el remate de los aviones en el concurso. Ellos habían acordado con el gobierno la compra de tres aviones, pero la transacción se ve suspendida por el fallo de la SCJ. Ahora, los acreedores podrían acordar con Alas Uruguay la venta de los aviones.
La condición de acceder con tres años de gracia no estaría tan lejos, puesto que la verificación de los créditos (lo que permite a los acreedores poder cobrar) demorará hasta dos años, según declaró Ferreira a radio El Espectador. Sin embargo para el asesor jurídico de la Liga de Defensa Comercial, Fernando Cabrera, esa verificación no puede demorar más de 30 días, porque así lo establece la Ley de Concurso. l
