Hay una lógica perversa que impera a nivel del empresariado uruguayo. No es ninguna novedad, sino una enfermedad tanto o más vieja que el Parlamento y el Estadio Centenario. Cuando los números de sus empresas cierran, hablan de los beneficios del libre mercado, se quejan del peso del Estado y de cómo el gobierno pega un zarpazo a sus márgenes por concepto de impuestos.
Pero cuando las cosas van mal, cuando los estados de resultados se escriben en rojo, el discurso es otro. Se reclaman medidas y el socorro de Papá Estado. Por sobre todas las cosas –sostienen– hay que preservar los puestos de trabajo, el know-how y el valor agregado. Y cuando el Estado responde –porque en Uruguay siempre responde– se dice que las medidas van bien encaminadas, pero no son suficientes.
Hoy en día, las bases sobre las cuales se sostenía el modelo de inserción internacional de Uruguay fueron dinamitadas por el cierre de las fronteras argentinas para un buen número de productos uruguayos, y la dinámica proteccionista –más sutil pero no menos dañina– de las autoridades brasileñas.
Los expertos dicen que esas barreras al comercio regional llegaron para quedarse y no hay nada que apunte en la dirección contraria. Muchas empresas que dependían del mercado regional, y que no están en condiciones de competir en otras partes del mundo, ven comprometida su viabilidad. A menos, claro, que el Estado subsidie esas carencias competitivas.
No todas las industrias afectadas están en igual situación, pero hay muchas cuyas ecuaciones de costos son impensables para los mercados mundiales. Allí no hay vuelta atrás. No se trata de sostener esas empresas para que, una vez que Argentina dé la vuelta a su modelo de sustitución de importaciones, vuelvan a exportar y todo retome a su antiguo curso. Porque, en primer lugar, no es seguro que eso suceda; y más importante aún, ¿qué beneficio obtienen a cambio los contribuyentes? Algunos dirán, “se está preservando empleos”. Falso. Bien podría el Estado, por mucho menos dinero, ayudar a reconvertir esa mano de obra desempleada hacia sectores que hoy no logran cubrir sus necesidades de personal.
La única explicación es la de preservar el capital, defender al empresario. No. No quiero el modelo de padre sobreprotector en la relación entre el Estado y las empresas, sino uno de estímulo a las capacidades y aptitudes para un desarrollo de forma autónoma. Y si aun así las empresas fracasan, no hay mucho por hacer. Al fin y al cabo, está en las reglas de juego. La diferencia entre un empresario y un asalariado está, básicamente, en que el primero está dispuesto a asumir un riesgo. Puede ganar o perder. Hay que aprender a lidiar con ambas posibilidades.
