El estado de la República es bueno

Duró poco más de una hora y más allá del repaso de la gestión realizada en el último año, toda la atención se centró en los anuncios fiscales. Las famosas rebajas del IRPF y de IASS y ciertos apoyos a las MYPES  (esto último algo que había solicitado Cabildo Abierto).

Previo al anuncio, existía un clima curioso en el país. Muchos sectores, de la oposición y del oficialismo se mostraban contrarios a una rebajada de impuestos, algo realmente sorprendente. Algunos referentes de la oposición, quizá olvidando que el gobierno del doctor Tabaré Vázquez entregó al actual gobierno una situación fiscal muy comprometida, con un déficit cercano  al 5% del PIB, hicieron clamores a favor del mantenimiento del ordenamiento fiscal que este gobierno ha implementado con singular éxito pese a todas las dificultades y rechazaron la rebaja impositiva. Luego, cuando se supo que la rebaja era menor de lo previsto, muchos dijeron que la rebaja era “escasa”. Difícil de entender. O fácil de entender en la lógica política donde nada que haga el gobierno me viene bien de cara a las próximas elecciones.

También parte de la oposición se hizo eco la recomendación del Consejo Fiscal Asesor, creado por la LUC, de que la situación fiscal no estaba tan consolidada como para realizar una rebaja impositiva. Los que se oponían a la LUC, ahora la traían para su molino.

Sectores del oficialismo no se quedaron atrás. De allí han nacido críticas porque las rebajas no fueron mayores. Algunos pedían la eliminación total del IASS y no les sirve una reducción parcial. No se conforma el que no quiere y sobre todo el que no tiene la responsabilidad del manejo fiscal global. Es fácil ser director técnico mirando el partido por televisión o sentado en una banca parlamentaria que no mueve la aguja.

Otra crítica previa fue la de que no era bueno atarse a las promesas electorales y tratar de cumplirlas. Precisamente esto enaltece la medida presidencial anunciada el jueves. Era una promesa de campaña y en la medida que era posible cumplirla sin tirar la casa por la ventana ni arriesgar lo mucho conseguido en materia fiscal, era bueno hacerla. Habla bien del presidente y de su gobierno.

Lo grave es prometer, llegar al gobierno y luego no cumplir. Eso es la demagogia que lleva al populismo. La gente vota a un partido, a un programa de gobierno y a un grupo de personas que van a tratar de implementarlo. De lo contrario se vota a líderes mesiánicos que prometen cualquier cosa y que luego hacen lo que quieren. Eso destruye los regímenes democráticos y en América Latina tenemos muchos ejemplos muy cercanos como para hacernos los distraídos.

Tratar de cumplir el programa electoral es una buena cosa porque a eso se atuvo la ciudadanía cuando definió su preferencia electoral. Y hacerlo con el pragmatismo propio de la política, en función de los cambios que las circunstancias puedan exigir, es propio de los buenos gobernantes.

El presidente Lacalle Pou habla del “Camino al desarrollo” y sin duda en él estamos. Camino que se ha construido a lo largo de varios gobiernos. Con subidas y bajadas. En lo que respecta a esta administración, se propuso un ordenamiento fiscal que se ha venido logrando. No es momento de detenerse. Uruguay tiene una presión fiscal alta y en ascenso. No se aplicaron políticas contracíclicas en los años de la bonanza (2005-2014). El gasto público no ha parado de crecer. Siempre hay nuevas demandas, o “nuevos derechos” y no hay fuentes de financiación. La inflación se mantiene alta en torno al 8%, con toda la economía indexada en ese guarismo, (y eso ocurre con guerra en Ucrania o sin ella). Todos se proponen disminuir el número de funcionarios públicos pero de un modo u otro las vacantes se rellenan.

El verdadero legado de este gobierno, con grandes convicciones sobre la libertad responsable y sobre los factores que realmente ayudan al desarrollo sostenible, no solo debe ser el esfuerzo por no aumentar impuestos o bajarlos, si ello es posible, aunque no alcance a toda la población. Es sobre todo una preocupación mayor por la reforma del estado, que se traducirá en una mejora de competitividad del país, en un abaratamiento de sus elevados costos y en una mejora del nivel de vida de sus ciudadanos. Ello influirá en la una imprescindible mejora de la inclusión social, algo a la que también se opone un sistema educativo poco propicio.

Mientras estas reformas estructurales sigan pendientes, las mejoras fiscales serán parciales y con riesgos de ser echadas por la borda. Por eso, el gobierno tiene el deber de aprovechar a fondo los 730 días que le quedan para reforzar el camino al desarrollo, que es mucho más que fiscal, como bien lo sabe el presidente y su equipo.