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El Frente Amplio saldrá a confrontar con el gobierno por auditorías sobre gestión en entes

La oposición creará una comisión que acumulará insumos aportados por exjerarcas y trabajará en las respuestas para dar el debate en la opinión pública

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22 de junio de 2021 a las 05:04

El Frente Amplio se prepara para cerrar filas de manera orgánica ante las denuncias penales y cuestionamientos del oficialismo sobre la gestión de las empresas públicas en las administraciones de la coalición de izquierdas. El Secretariado Ejecutivo de la fuerza política resolvió este lunes la conformación de una comisión que consultará a exjerarcas frenteamplistas para reunir información y delinear una respuesta sobre los distintos temas.

La oposición busca establecer así un mecanismo de respuesta a las auditorías promovidas por el presidente Luis Lacalle Pou en cada dependencia del Estado y para eso creará un grupo de trabajo encargado de procesar los insumos para confrontar con el gobierno.

Fuentes del Frente Amplio dijeron a El Observador que la idea inicial no es definir una integración de la comisión por sectores políticos, sino que está previsto nombrar a un coordinador acompañado de tres o cuatro técnicos que procesen los datos.

Uno de los sectores que impulsó la iniciativa fue la Vertiente Artiguista. Su Mesa Ejecutiva resolvió la semana pasada presentar al Frente Amplio “la propuesta de una ‘iniciativa por la verdad’ para confrontar el relato falso que se pretende instalar como verdad oficial”, según una declaración del grupo en la que acusó al gobierno de “poner en marcha una campaña sucia" sobre la anterior administración de los entes.

El senador Eduardo Brenta dijo a El Observador que la idea es promover “una acción concertada” mediante un "trabajo permanente”.

La conformación de una “estrategia clara de respuestas” también fue considerada por dirigentes del MPP como el senador Alejandro Sánchez, quien en la última Mesa Política del viernes 18 realizó una exposición con diversos cuestionamientos al oficialismo al que acusó de generar “bombas de humo” para “distraer la atención de los problemas reales”, y donde consideró que el Frente Amplio no podía "otorgar" con "el silencio". Allí también convocó a los dirigentes a evitar en público las diferencias internas y planteó el debate con el gobierno como "una batalla política" por el rumbo de las políticas energéticas.

Sánchez realizó una alocución de unos 50 minutos centrada en cómo responder las críticas al Frente Amplio por la frustrada obra de Gas Sayago. Luego de la reunión los representantes de los sectores pidieron que les envíen el audio con los argumentos del dirigente del MPP para tomarlo como referencia.

“Aparece Antel Arena, aparece Gas Sayago, y un conjunto de actores del gobierno que salen a redoblar la apuesta con que alguien se llevó la plata, y que esto y lo otro. Hay una estrategia política del gobierno de colocar estos temas en la agenda para sacar el foco de los problemas reales que hoy tenemos”, dijo el senador según el audio al que accedió El Observador. “Nos parece importante que el silencio del Frente Amplio no fuera tal a efectos de no otorgar, porque parte de la estrategia es acusar y generar el odio al Frente Amplio permanentemente. Entonces el Frente Amplio tiene que tener una estrategia clara de respuesta a estas acusaciones, amenazas, y a estas falsas acusaciones sobre nosotros porque de lo contrario estaríamos otorgando”, agregó.

Las auditorías

Como informó El Observador el sábado 12, Presidencia pidió a entes y ministerios que envíen los resultados de todas las auditorías realizadas durante el período. La información será centralizada por el asesor presidencial Nicolás Martinelli.

Al inicio de esa semana, el lunes 8, el directorio de UTE anunció que presentaría ante Fiscalía la auditoría de la empresa Pwc sobre Gas Sayago. El documento señaló que el negocio de la regasificadora dejó una pérdida de US$213 millones. De ese dinero, US$113 millones fueron financiados con aportes de UTE y ANCAP, al tiempo que los otros US$100 millones los financió el privado que abandonó el proyecto y debió pagar una multa por ese dinero.

"No se entiende las razones de fondo para insistir durante cuatro años con la permanencia del proyecto, cuando ya estaba demostrado que era inviable", señaló el Directorio de la empresa.

Sobre la regasificadora, Sánchez insistió en la Mesa Política con que proyectar “una matriz energética diversificada” que incluía al gas fue considerado en los acuerdos multipartidarios de 2010. “Uruguay tenía una matriz energética que no lograba abastecer la demanda, por eso teníamos al país de los apagones, y teníamos una matriz dependiente del petróleo. Cuando había sequía teníamos que prender la central Batlle que es como calentar toda la Huella de Seregni con una quematuti pero poniéndole dólares en vez de leña, y eso tenía un costo enorme", señaló.

En otro pasaje de su alocución, además cuestionó “el proyecto fallido" del gasoducto Cruz del Sur. "Este gasoducto tuvo un costo en su construcción de US$ 150 millones. Ese gasoducto está ahí y por el cual no pasó una molécula de gas a Uruguay porque Argentina no logra cubrir su demanda, entonces nunca le mandó nada a Uruguay, pero Uruguay firmó contratos de mantenimiento. Hoy tenemos una infraestructura que está enterrada que tenemos que pagar un canon de mantenimiento y por el cual no pasa una sola molécula. Alguna vez se utilizó un 5% de la capacidad de ese gasoducto", dijo.

El gasoducto es utilizado para abastecer desde Argentina a unos 40 mil clientes que utilizan el gas por cañería, aunque su utilización es residual en relación a su capacidad.

El dirigente del MPP cerró con un mensaje a la interna. "Más allá de los matices que podamos tener (en la interna), que los podemos discutir, tengamos instancias para discutir entre compañeros y veamos cómo enfrentamos este avasallamiento del gobierno que lo está haciendo con tanta mala saña y con burradas. Decir que son US$ 213 millones y no contar en ello que cobre una garantía de US$ 100 millones es bastante burro. Entonces necesitamos en esto tener la mayor cohesión posible", pidió Sánchez sobre el final de su intervención. "Hay que preparar esto como una campaña de comunicación porque esto es una batalla política por defender nuestra gestión", agregó de inmediato.

Consultado por El Observador, el senador reafirmó que "el gobierno utiliza políticamente las auditorías", dijo que en el tema de la regasificadora "se confunde gastos con pérdidas", y también apuntó contra el informe de Pwc. "Hubo un gasto de US$ 300 mil por una auditoría y el informe de Pwc no es una auditoría ¿Por qué UTE hace un llamado para hacer una auditoría y luego no recibe una auditoría?", afirmó.

La regasificadora también abrió debate en la interna del Frente Amplio, donde el exvicepresidente Danilo Astori admitió días atrás al programa Buscadores de VTV que el proyecto "no tenía futuro" porque "estaba transformada profundamente la matriz energética a favor de la energía eléctrica y no del gas natural".

Por su parte, el 2 de junio Antel presentó nuevos datos sobre la auditoría externa del Antel Arena. El vicepresidente del ente, Robert Bouvier, anunció que la compañía presentaría una denuncia penal ante los datos surgidos. En una conferencia de prensa, el jerarca remarcó la existencia de “apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa”. Bouvier dijo que “la norma” fue realizar contrataciones de manera “directa” o “directa por excepción”, que en total sumaron US$98 millones por esa modalidad

A comienzos de febrero, Martinelli -que durante el primer año del gobierno fue director de secretaría del Ministerio de Desarrollo Social- presentó una denuncia penal contra la gestión frenteamplista de esa cartera. “Las auditorías e investigaciones administrativas realizadas durante el año 2020 concluyeron que en algunos hechos había cuestiones con indicios de apariencia delictiva. Esta denuncia es sin perjuicio de otras auditorías en curso”, dijo el jerarca en conferencia de prensa.

La Justicia también indaga sobre la gestión del exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, Nicolás Cendoya. La Justicia tiene pendiente expedirse sobre la solicitud del fiscal Diego Pérez de imputar al exjerarca por abuso de funciones vinculado a la destrucción de documentación del organismo, el procedimiento para habilitar la radio Palmitas FM de Soriano, y el otorgamiento de una radio comunitaria en Salto.

En el caso de ANCAP, el exvicepresidente de la República y extitular de la compañía, Raúl Sendic, fue condenado por un delito de peculado y abuso de funciones. Como informó el semanario Búsqueda, la jueza María Mainard ratificó en mayo de este año el pedido de condena del fiscal Luis Pacheco por un delito de abuso de funciones en su actuación con la financiera Exor por el armado de una ingeniería financiera para facilitar a Ancap el pago anticipado de una deuda superior a US$ 800 millones que mantenía con la petrolera venezolana Pdvsa. Además también fue condenado por peculado por el uso que dio a las tarjetas corporativas del ente.

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