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El gobierno británico reconoció que espiaba a la abogada de Julian Assange
La renombrada abogada defensora internacional de los derechos humanos Jennifer Robinson anunció públicamente que había llegado a un acuerdo con el gobierno británico sobre la ilegal actividad de vigilancia que habían ejercido sobre ella como representante legal del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
El caso había sido tomado por la Corte Europea de Derechos Humanos que se notificó del acuerdo y expresó que, como parte del acuerdo, el gobierno británico admitía la violación de los artículos 8º y 10º de la Convención Europea de Derechos Humanos relativos a la privacidad y la libertad de expresión, respectivamente.
A principios del mes de junio, la Procuradora General del gobierno británico, Priti Patel, determinó que Assange será extraditado a los EEUU donde enfrenta 17 cargos de espionaje que podrían significar hasta 175 años de prisión por sus denuncias de abusos y crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses.
En otro evento que envuelve actividades de espionaje sobre los asistentes letrados de Assange, el Tribunal Supremo de España ha emitido una citación a Mike Pompeo, es jefe de la CIA y exsecretario de Estado de los EEUU, para que testifique como testigo en un caso criminal relacionado con el espionaje sobre Assange y sus letrados, supuestamente realizado por la empresa UC Global security.
Si Pompeo decide contestar la citación, es posible que también se le pregunte si cuando fue jefe de la CIA o secretario de Estado la administración Trump debatió sobre el secuestro o asesinato de Assange cuando estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Inglaterra.
En declaraciones al Daily Mail, Robinson ha expresado que “las acciones del gobierno británico muestran un patrón bien definido de espionaje ilegal sobre Assange y su equipo legal, lo que implica una grave preocupación por la interferencia del gobierno en la actividad periodística y en la relación privilegiada abogado-cliente”.
Otra cuestión no menor, según la abogada Robinson, reside en el tipo de información que el Reino Unido y Estados Unidos pueden haber estado compartiendo sobre el caso de extradición de Julian Assange.
Según Robinson, la aceptación del gobierno británico de sus actividades de espionaje demostraría también que la persecución de Assange es la punta de lanza de una vasta campaña contra periodistas y activistas anti guerra, especialmente de abogados que puedan obstruir las ilegales actividades gubernamentales.
