El gobierno de Gustavo Petro presentó en el Congreso el proyecto de “paz total”

La presentación estuvo a cargo del ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, quien señaló que la iniciativa implica “la formulación de la política de paz como política de Estado ”cuya aplicación corresponderá no solo al alto comisionado para la paz sino “al conjunto de los ministros y ministras que tendrán a su cargo desarrollar distintos aspectos de la política".

Según explicó, el proyecto de ley establece que "cada Ministerio deberá desde su competencia desarrollar aspectos complementarios". Cepeda precisó que la aprobación legislativa significará la abolición “de facto” del reclutamiento militar obligatorio y la “generación de una alternativa para los jóvenes colombianos de prestar un servicio social para la paz".

Cepeda precisó que el servicio tiene como objetivos, " implementar el acuerdo de Paz de 2016, buscar que se alfabetice a poblaciones rurales en el uso de las técnicas digitales y posibilitar que los jóvenes trabajen en zonas rurales con las víctimas del conflicto armado” que desgarra al país desde hace décadas.

Según el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda se trata de unos de los aspectos más innovadores de la iniciativa, ya que el servicio a crearse, de 12 meses de duración y una remuneración conforme a lo previsto para el servicio militar, le “permitirá a miles de jóvenes en el país optar por un servicio militar o prestar un servicio social consagrado a realizar otras labores y otras funciones en los territorios del país”.

La presentación del proyecto contó con el ministro de Defensa, Iván Velázquez, y los titulares de la Cámara de Representantes y el Senado, David Racero y Roy Barreras. En ese contexto, Cepeda detalló que la iniciativa "incluye la creación de la figura ‘región de paz’, que implica territorializar la política con la inclusión de comisionados regionales que serán nombrados por el alto comisionado de paz".

De acuerdo al texto, los jóvenes que opten por el servicio social podrán elegir áreas de trabajo, como la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, el trabajo con las víctimas del conflicto armado, la promoción de derechos y la protección de la naturaleza y la biodiversidad, entre otras actividades.

"Jóvenes, aquí tienen un menú de posibilidades para prestar servicio a su patria sin la horrorosa opción de ir a la guerra. Así queda consignado hoy en el proyecto de ley que fija un nuevo marco para la paz total, en la que estamos empeñados el gobierno y su bancada", afirmó el senador Gustavo Bolívar, quien estuvo presente en la radicación del proyecto.

El desafío

Las deficiencias en el cumplimiento y la ampliación de los Acuerdos de Paz de 2016 entre el gobierno y las autodisueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es uno de los principales desafíos del presidente Gustavo Petro y su equipo de gobierno, en un contexto en el que según el Comité Internacional de la Cruz Roja persisten al menos seis conflictos armados en el territorio colombiano.

Con el objetivo de sortear el escollo, el proyecto compromete en su concreción y desarrollo a las autoridades "de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento". Además, señala que las diferentes áreas de Poder Ejecutivo mantendrán reuniones bimensuales para monitorearla evolución del proceso.

En lo que respecta al sometimiento de bandas criminales a la justicia, en especial las organizaciones dedicadas al narcotráfico, las fuentes consultadas por el diario colombiano El Tiempo aseguraron que el Ejecutivo presentará otro proyecto, que establecerá el procedimiento y será presentado en las próximas semanas.

En lo que respecta al Ejército de Liberación Nacional (ELN), diversas fuentes del gobierno se  mostraron optimistas sobre la posibilidad un acercamiento y destacaron como un paso auspicioso el diálogo iniciado con el ELN en la ciudad de La Habana, encabezado por el canciller Álvaro Leyva, el Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y representantes de la organización guerrillera.

Invasión de tierras

Casi el mismo tiempo que el Ejecutivo presentaba el proyecto, el gobierno rechazó la invasión de predios privados por parte de indígenas y campesinos, ante la expectativa que genera el plan oficial para distribuir propiedades rurales ociosas. "Solicitamos a quienes están de manera violenta invadiendo predios privados que se abstengan", dijo la vicepresidenta, Francia Márquez, en conferencia de prensa.

Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, prevé llevar a cabo una "reforma agraria" para redistribuir la propiedad rural en el país de Latinoamérica donde más se concentra la tierra en pocas manos, un tema que está en el corazón del conflicto armado que lleva ya casi seis décadas y ha desangrado al país.

Surgidas en la décadas de los sesenta, varios grupos formados en su mayoría por campesinos se levantaron en armas para exigir una redistribución de la propiedad agrícola. Los paramilitares de ultraderecha, enemigos acérrimos de los rebeldes, despojaron violentamente a miles de familias de sus tierras para venderlas luego a terratenientes o ganaderos.

Ante la expectativa de una reforma, desde la asunción de Petro varias comunidades indígenas han ocupado a la fuerza predios, principalmente en el departamento de Cauca, donde operan los ingenios azucareros, una de las regiones más afectadas por la violencia que siguió al rechazo por parte de los disidentes de la FARC a los acuerdos de paz 2016.

"Confirmamos que sí va a haber reforma agraria para buscar equidad en el acceso a la tierra, pero pedimos respetar la tenencia y la propiedad", dijo la ministra de Agricultura, Cecilia López, en un comunicado leído en la misma rueda de prensa. La funcionaria reiteró que el gobierno cederá a los "colombianos más vulnerables" las propiedades incautadas a los corruptos y a la mafia del narcotráfico.

"Muchas de estas propiedades están en procesos de extinción de dominio y, también, se debe hacer un análisis para la entrega de estos predios a quienes más lo necesitan, dentro de nuestra política de equidad y democratización de la propiedad", agregó López.

La invasión de tierras es uno de los problemas urgentes que enfrenta el gobierno y que recogen tanto la oposición como los medios críticos a Petro. Según las organizaciones que agrupan a ganaderos y firmas azucareras, solo este año habrían sido ocupadas unas 1.000 hectáreas. El dato, sin embargo, contrasta con la estadística oficial: el 1% de las fincas de mayor tamaño acaparan el 81% de la tierra apta para la agricultura y la ganadería.

El punto es central en la agenda de Petro, que aspira a que la reforma agraria y el plan de paz total permitan potenciar la producción de alimentos y, al mismo tiempo, cumplir en el marco de un proceso democrático y pacífico con el objetivo de las organizaciones guerrilleras surgidas en la década del sesenta: la redistribución de la propiedad agrícola para rescatar de la pobreza y la desocupación a las comunidades indígenas, afros y campesinas.