El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) evaluará la posibilidad de convocar con carácter de urgente a una sesión extraordinaria en respuesta al pedido del Gobierno de Perú para que el foro regional active la llamada Carta Democrática Interamericana (CDI), ante lo que considera una situación de riesgo para el orden institucional.
Lo informó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien pidió a través de un oficio la reunión del Consejo Permanente, luego que el presidente Pedro Castillo anunciara el sábado último la solicitud que formalizó el miércoles de la semana pasada el canciller César Landa para que se activen los artículos 17 y 18 referidos a la preservación de la democracia.
El pedido del Ejecutivo peruano se concretó un día después que la fiscal general del país, Patricia Benavídes, presentara ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo, al que imputa de ser el líder una organización criminal enquistada en el poder y dedicada a traficar con obras públicas para beneficio personal, entre otros actos de corrupción.
En caso de ser aprobada por el Consejo Permanente, la activación de la CDI podría derivar en sanciones diplomáticas, financieras o económicas, o incluso en la suspensión del país, se daría en el contexto de una extremadamente frágil situación institucional y en el marco de un Congreso dominado por la oposición, que ya fracasó en dos oportunidades en destituir a Castillo y cuando varios bloques planean un nuevo intento.
“Llamo al nuestro pueblo y a la comunidad internacional para que de una vez por todas activemos la Carta Democrática para darle tranquilidad a Perú. Tenemos que ser respetuosos de la democracia, del mandato de este pueblo”, dijo el mandatario, al tiempo que prometió que revisará “los contratos firmados con algunas empresas” para reorientar recursos al área de salud y responder a los reclamos de los pequeños agricultores.
El oficio elevado por Almagro también solicita que la OEA designe una misión para visitar Perú, o bien disponga “otras gestiones que se consideren necesarias”, además de analizar la situación institucional del país, que contando desde Alberto Fujimori (1990-2000) hasta Martín Vizcarra (2018-2020), todos los presidentes -Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990 / 2006- 2011), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Kuczynski (2016-2018), han sido objeto de procesos judiciales, investigaciones, condenas y destituciones por corrupción.
El Bolsonaro peruano
Además, el pedido de Castillo ocurre en momentos en que el ultraderechista Rafael López Aliaga fue declarado oficialmente alcalde de Lima, la circunscripción electoral de mayor peso, con apenas el 26,34% de los votos válidos, tras vencer a su competidor más cercano, Daniel Urresti, del partido nacionalista de derecha Podemos Perú, a quien Aliaga le sacó una ventaja de apenas 52.902 votos en los comicios regionales del 2 de octubre.
Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el escenario resultante de las elecciones “acentuó la excepcional fragmentación del sistema político y confirmó la debilidad tanto del aparato político que apoya al Gobierno, que no logró alcanzar ningún puesto institucional de relevancia, como de la oposición, que en su versión más virulenta no logró ningún gobierno regional y que en su versión moderada solo logró 5 de los 25 departamentos en juego”.
López Aliaga, un empresario y político conservador vinculado al Opus Dei de la Iglesia Católica, ha expresado su oposición al otorgamiento de derechos a la comunidad LGTBIQ+, al aborto y el uso de anticonceptivos. También se ha manifestado en contra de dialogar con Castillo, a quien califica como “comunista” y “corrupto”.
“La fiscal de la Nación está a punto de hacerle una acusación constitucional por siete casos de corrupción. Mal haría avalando a un señor que se ha dedicado a destruir el Perú", dijo en referencia a Castillo un día después de las elecciones y antes que la fiscalía presentara su denuncia al Congreso.
Aliaga, que presume de su castidad y de autoflagelarse, también ha realizado declaraciones virulentas contras los “caviares”, como califica a los partidos de centro y centroizquierda. El año pasado se postuló a la presidencia y quedó tercero, a poca distancia de la conservadora Keiko Fujimori. Desde entonces ha encarado una persistente ofensiva para destituir a Castillo.
¿Punto sin retorno?
Según la politóloga Adriana Urrutia, de la Asociación Civil Transparencia, una oenegé especializada en observación electoral, Perú ha llegado a un punto sin retorno. “Hay un conjunto de incentivos para una dinámica polarizadora. Los partidos y el Gobierno actúan de forma reactiva y la falta de diálogo puede comprometer al sistema democrático”, afirmó Urrutia en declaraciones recogidas por la agencia de noticias AFP.
Con ese telón de fondo, la mayoría conservadora del Congreso ha intentado desde diciembre de 2017 destituir a tres presidentes invocando la figura de la denominada “vacancia por incapacidad moral permanente”, una condición sin definición precisa que exige 87 votos de los 130 que componen el legislativo unicameral.
A pesar del acoso mediático, político e institucional, “lo cierto es que en esta correlación de debilidades entre el establishment institucional peruano y Castillo, el presidente ha mantenido, e incluso mejorado recientemente, el apoyo a su gobierno”, según analiza la Celag en base a un estudio que cifra en el 25% el nivel de aprobación a su gobierno.
En el plano económico, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) señalan que la economía peruana crecería un 2,6% en este año, muy por encima de Brasil (1 %), México (1,2%) y Colombia (2,3%). Respecto a la inflación, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) midió un avance del casi el 6,7% de los precios minoristas en los nueve primeros meses de este año. Las estimaciones señalan que alcanzaría aproximadamente el 7,5% hacia diciembre próximo para disminuir al 3.5% anual en 2023.
