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Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

Mundo > Ejercicio participativo

El gobierno mexicano hará una consulta sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior

La iniciativa se da en medio de un fuerte debate sobre el rol de los militares, acusados de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y de reprimir en forma indiscriminada

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29 de septiembre de 2022 a las 05:02

El Gobierno de México convocó de manera formal para el 22 de enero próximo a lo que calificó como un "ejercicio participativo" para consultar a la ciudadanía si las Fuerzas Armadas deben permanecer hasta 2028 en las calles realizando tareas de seguridad interior, una iniciativa refrendada por el presidente de izquierda Andrés López Obrador para frenar la ola de violencia extrema que causó al menos 340.000 muertes desde 2006.

"El ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública se realizará el próximo 22 de enero de 2023", anunció en conferencia de prensa el secretario de la Gobernación, Adán López Hernández. De esta forma, el funcionario confirmó la consulta cuyo resultado no será vinculante y que se concretará en el marco del duro debate legislativo que se desarrolla en el Congreso sobre el destino de la Guardia Nacional creada en 2019 y el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.

Según la información oficial, las preguntas serán tres: ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?; ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?; y ¿cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública?

López Obrador lanzó la iniciativa después que el pleno del Senado frenara su proyecto de ley para extender hasta 2029 el regreso de los militares a los cuarteles, al no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes en las dos cámaras del Congreso, mayoría requeridas para modificar la Constitución, que fija la fecha en 2024, el último año de su mandato.

El presidente afirmó que, ante el impasse legislativo de su proyecto de reforma constitucional, buscará conocer qué opina la población sobre su plan de permanencia del Ejército en tareas de seguridad interior hasta 2029, una forma indirecta de presionar sobre la oposición legislativa debido a que, según los sondeos, la mayor parte de la ciudadanía estaría a favor de la iniciativa oficial.

Por su parte, la oposición respondió que la consulta es ilegal porque la Constitución prohíbe la realización de referendos, aunque no sean vinculante, sobre el rol de las Fuerzas Armadas, según consignó la agencia de noticias Sputnik. "Considero va a ser mejor por profesionalismo, disciplina, honestidad, no es lo mismo el que hace una carrera militar, que va al colegio militar y va ascendiendo", justificó López Obrador, quien admitió que había cambiado de opinión al respecto, tras enfrentarse al problema de inseguridad "heredado".

La iniciativa del gobierno se da en el contexto de un fuerte debate que atraviesa a toda la sociedad mexicana por la actuación de las Fuerzas Armadas, debido a las reiteradas denuncias que las responsabilizan de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y de reprimir en forma indiscriminada a la población, en especial en las regiones en donde operan los cárteles del narcotráfico.

Creada en 2019 por López Obrador tras una reforma constitucional, la Guardia Nacional tiene hasta ahora por ley un mando civil que depende de la Secretaría Ciudadana. La fuerza está conformada por 115.000 integrantes del Ejército, la Marina y miembros de la extinta Policía Federal.

El anuncio de la consulta, además, coincide con la renuncia del fiscal especial Nicolás Gómez Trejo por “diferencias” con el gobierno para el caso Ayotzinapa, que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de maestros del estado mexicano de Guerrero, ocurrida hace ocho años, y la liberación de 120 detenidos imputados en la causa.

La renuncia del fiscal ocurre entre denuncias de "injerencia indebida" de los superiores jerárquicos de la Fiscalía General que encabeza Alejandro Gertz Manero. "El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión; hubo diferencias, yo apoyo que hayan sacado las órdenes de acuerdo a lo que establece la investigación", dijo el presidente.

La dimisión de Gómez Trejo es producto de la emisión de acusaciones y órdenes de detenciones supuestamente incompletas contra militares vinculados al caso, y la cancelación de otras órdenes de detención contra presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez SJ, que representa a los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos, protestó por las circunstancias que llevaron a la renuncia.

"Es una situación lamentable y en extremo preocupante para seguir adelante con el proceso de justicia en el caso", dijo en un comunicado, según la agencia de noticias Sputnik. Gómez Trejo presentó su dimisión al cargo luego que, sin consultarlo, agentes del Ministerio Público federal desistieran de 21 órdenes de aprehensión sobre un total de 83 que había solicitado la Fiscalía General y convalidado por un juzgado penal con sede en Toluca.

El organismo defensor de derechos humanos salió en defensa del trabajo del fiscal renunciante y también del titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno federal, Alejandro Encinas. "Damos fe del trabajo comprometido que venían realizando el fiscal especial y su equipo, con el esencial apoyo del presidente de la Comisión de la Verdad de cuya labor decisiva damos testimonio también y llamamos a que no se adopten represalias en su contra", dice el comunicado.

El 9 de agosto pasado se presentó el informe de la Comisión de la Verdad, que concluyó que el hecho "fue un crimen de Estado", y que "no hay indicios para afirmar que los estudiantes estén vivos". Un trabajo de investigación que desmontó la supuesta "verdad histórica" que defendió la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), versión según la cual los jóvenes normalistas fueron detenidos y entregados por los policías locales de Ayotzinapa al cártel Guerreros Unidos al ser confundidos con miembros de una banda enemiga del grupo narcotraficante.

Según la versión, que deslinda de responsabilidad a las Fuerzas Armadas, tras ser baleados, los restos de los jóvenes habrían sido incinerados y arrojados al basurero de Cocula, tesis que ha sido rechazada por los familiares de las víctimas, el gobierno de López Obrador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.

México está envuelto en una espiral de violencia ligada al crimen organizado que ha dejado unos 340.000 muertos desde 2006, cuando se incrementó la participación del Ejército en la estrategia contra el narcotráfico durante el gobierno del presidente de ultraderecha Felipe Calderón (2006-2012), violencia que los organismos de derechos humanos atribuyen a la "militarización" de la política de seguridad interior.

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