El FA busca aprobar la ley que crea un organismo rector de los juegos de azar y abre puerta a slots ilegales, acusados de financiar sectores políticos
En medio de la campaña electoral, a impulso del Frente Liber Seregni el oficialismo trata de aprobar el proyecto de ley que crea un organismo regulador de los juegos de azar y recicla a la Dirección de Quinielas y la de Casinos .
Ese organismo tendrá potestadas para autorizar a empresas prestadoras de juegos por internet, lo que despertó preocupación en operadores de casinos y de juegos tradicionales como la Quiniela y el 5 de Oro que verán afectado sus negocios.
Para más adelante –y bajo un fuerte lobby empresarial del sector de los slots ilegales– se dejó otro texto que permitirá, en ciertas condiciones, la instalación de las maquinitas tragamonedas que hoy movilizan al menos US$ 170 millones al año sin control de ningún tipo. Estos proyectos, que involucran emprendimientos empresariales, se debatirán en momentos en que los partidos requieren de financiación y se votará luego de la ley de responsabilidad penal empresarial que rechazaron los empleadores, varios de los cuales aportan a las campañas políticas.
El texto para el nuevo organismo regulador del juego ingresó a la comisión de Constitución y Códigos del Senado a mediados de marzo pero luego, a pedido del vicepresidente Danilo Astori, fue enviado a Diputados.
El organismo propuesto genera reparos en legisladores de la oposición y en algunos de izquierda por lo que aún está en duda la mayoría requerida para aprobarlo.
Desde el punto de vista sanitario, el doctor Héctor Coll, titular del programa que trata la ludopatía en el Hospital de Clínicas, advirtió que el problema está en aumento y las apuestas por internet que se podrán autorizar desde Uruguay, “están haciendo estragos en Europa y Estados Unidos”. En Uruguay ya se ven los primeros casos de apostadores que juegan por internet aunque aún son pocos, comentó (ver página 3).
Precisamente, el texto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento incluye dentro de los cometidos del nuevo organismo, a las “tecnologías electrónicas o informáticas por internet, televisión interactiva, telefonía, o en general, ejecutados a distancia o por medios telemáticos de cualquier tipo o modalidad existente o a crearse a futuro”.
Según se explicó a El Observador por parte de operadores vinculados a los casinos, una autorización de los juegos on line significará una reformulación del negocio ante la potencial pérdida de clientes que no tendrán necesidad de ir a un local para apostar al poder hacerlo desde su casa o un celular.
La propuesta oficial también es rechazada por el gremio de funcionarios de Loterías y Quinielas.
Su presidente Leonel Revelese dijo que se pretente “desregular “lo que hoy está regulado por ley y va hacia una “liberalización” al dar facilidades para otorgar más patentes de juego. “Lo que está detrás de todo son los juegos on line” afirmó. El gremio “no entiende el apuro en tratar este proyecto en plena campaña electoral lo que hace pensar que hay presiones”. “Derivarlo del Senado a Diputados fue para buscar alianzas a la interna del oficialismo y es una clara maniobra política”, afirmó Revelese.
Sin embargo, para las autoridades de gobierno, el proyecto “da garantías” y refuerza “el monopolio del Estado sobre los juegos de azar”. En marzo, el director Nacional de Casinos, Javier Cha, dijo a El Observador que el organismo que se propone crear “garantizará las condiciones de transparencia, equilibrio e igualdad jurídica”.
El senador Jorge Saravia (Partido Nacional) comentó a El Observador que el nuevo organismo “va direccionado a liberar el juego vía internet”. También dijo que tendrá “la llave” para otorgar permisos para juegos electrónicos nuevos de computadora y “eso se puede prestar para cualquier cosa”. En agosto de 2013, Saravia remitió un pedido de informes al Ministerio de Economía consultando si la nueva unidad reguladora del juego podrá otorgar licencias para que privados exploten juegos como el de las máquinas de azar.
En el Poder Ejecutivo se espera que, luego de contarse con el nuevo marco jurídico, se abordará la discusión particular de las máquinas tragamonedas irregulares que tendrá una “regulación restrictiva”. En diciembre, un proyecto redactado por Casinos y el Ministerio de Economía que limitó a tres el número de maquinitas que se habilitarán por bares y cantinas, no tuvo respaldo de sectores del Frente Amplio lo que postergó su presentación.
Una iniciativa de la administración anterior cuando Tabaré Vázquez era presidente, intentó prohibir los slots clandestinos pero el Nuevo Espacio –sector al que pertenece el director de Casinos Javier Chá– y Asamblea Uruguay frenaron esa iniciativa. Esos sectores, según afirman legisladores de la oposición, tienen vínculos con los empresarios de las tragamonedas. El diputado Jorge Gandini (Partido Nacional) dijo en julio de 2013 que los empresarios del “juego ilegal” tienen influencia en el oficialismo y “le consta” que tienen relación con Asamblea Uruguay, la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (Cap-L) y el Nuevo Espacio. Desde esos sectores se rechazó entonces cualquier tipo de presión y se afirmó que no responderán para no rebajar la discusión.
El proyecto de Vázquez fue tomado como base para otros que redactaron luego el senador Saravia (Partido Nacional), el diputado Gandini (Partido Nacional) y el diputado Walter De León (MPP) que a diferencia del original establecieron penas alternativas a la prisión. Esos proyectos fueron encajonados y no se trataron.
De acuerdo a estimaciones oficiales, en el país hay 18 mil slots truchos ubicados en almacenes, quioscos y bares que mueven unos US$ 170 millones al año.
Saravia comentó ayer a El Observador que puede haber “evasión” y un delito base de lavado de dinero.