El ensordecedor sonido de la herrería trabajando los obligaba a hablarse a los gritos, pero cuando los martillazos aflojaron y por fin hubo algo de silencio, el grupo se reunió alrededor de un veterano que impartía órdenes. Luego de alguna pregunta para despejar dudas, el equipo volvió al trabajo.
Ante la falta de oportunidades laborales que el sector privado ofrece a quienes salieron de las
cárceles, el gobierno diseñó un plan b. Creó una fundación llamada Caleidoscopio que ya está capacitando a los exreclusos en diferentes oficios, pero al mismo tiempo afina su estrategia para llevar adelante un plan más ambicioso: prestar servicios y facturar como cualquier otra empresa con liberados en la planilla de trabajo.
Los ex presos concurren a aprender oficios en forma voluntaria. Una vez que comienzan a caminar por esos viejos galpones, intentan dejar atrás aquel pasado repleto de errores que los encerró en las cárceles y buscan mirar exclusivamente para adelante.
No se habla de lo que pasó ni qué fue lo que los llevó a estar tras las rejas. El profesor, Daniel Barnech, un experimentado metalúrgico que comparte su conocimiento con los exreclusos, jamás le pregunta a ninguno de sus alumnos sobre el pasado.
"No tengo por qué indagar sobre los errores de su vida, entre otras cosas porque yo tampoco les cuento las equivocaciones que yo cometí en la mía", dijo.
Pablo, uno de los alumnos que está intentando aprender algo de herrería, contó que cuando salió de la cárcel recorrió decenas de empresas, pero está convencido de que su encarcelamiento lo sigue condenando.
Al igual que sucede con varios de sus compañeros, sus tatuajes o sus cortes en los brazos dejan en evidencia su pasado tumbero. Hasta ahí llegaban sus aspiraciones de conseguir un trabajo y aquel currículum entregado a alguna administrativa quedaba solamente en una prometida llamada que él sabía que jamás iba a llegar. "Nunca tuve la oportunidad de que alguien me enseñara un oficio. La quiero aprovechar", dijo Pablo, quien definió al docente como "un crack".
Martín, otro de los ex presos, toma cuatro ómnibus para llegar al curso desde su casa en Playa Pascual. Es uno de los que no tuvo ni una sola falta. Salió de la cárcel hace un año y medio pero no pudo conseguir trabajo. A la hora de entregar un currículum, él prefiere decir directamente que estuvo preso porque está convencido de que si el empleador se entera por otro lado, sus chance de acceder al empleo son aun menores.
metalúrgico
undefined undefined El organismo detrás de estas opciones de capacitación es la Dirección Nacional del Liberado (Dinali), una dependencia del Ministerio del Interior que antes se conocía como el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Quienes imparten los cursos pertenecen al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Cada uno de los exreclusos que concurren reciben un viático diario de $ 300 que se paga a semana vencida.
Además de los 12 aspirantes a herreros, hay otros tantos que están aprendiendo informática, 15 albañilería y 20 electricidad. En enero, comenzarán nuevos
cursos en carpintería (tanto en madera como en aluminio), chapa y pintura, mecánica y gastronomía.
La Dinali firmó un comodato para poder hacer uso de los galpones por 30 años, razón por la cual sus autoridades aspiran a que esta estrategia sea de largo aliento.
Cuando El Observador recorrió los galpones, los ex presos estaban arreglando rejas de algunas comisarías y vallas de la Policía que se rompieron. El hecho de que deban colaborar con sus captores está cargado de simbolismo.
"El propio sistema que los recluyó es el que les ofrece una salida", dijo Pablo Cardona, un psicólogo que trabaja para Dinali.
El encargado de la repartición, Fabián Núnez, dijo que la sociedad ofrece "muy pocas" oportunidades a quienes salen de las cárceles. "Las empresas privadas no contratan. En general, no congenian con nosotros, se nos dificulta muchísimo", sostuvo.
Hay una ley que establece que la plantilla de trabajo de aquellas empresas que liciten con el Estado deberá tener al menos 5% de liberados.
"Este año, de 90 licitaciones, solamente en una contrataron. Siempre buscan excusas para evadir la ley. Al no haber una sanción, no contratan y no hay problema", dijo Núñez. El Estado cuestiona a los privados por eludir la normativa vigente, pero es el propio Estado el que no exige que se cumpla la ley.
Actualmente, hay tres convenios con instituciones privadas: la constructora Teyma, la empresa de limpieza Taym y Cutcsa, dijo el titular de Dinali. Dentro del ámbito público, hay acuerdos con OSE, el Correo, varias intendencias, la Administración Nacional de Puertos, la Dirección de Vialidad y el Mides, entre otros.
"Si no se generan nuevas oportunidades al liberado, se le cierra el círculo y muchas veces vuelven a delinquir", sostuvo el jerarca. Hoy, la tasa de reincidencia de quienes salieron de las cárceles supera el 60%.
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, respaldó los pasos que está dando la Dinali en la capacitación. "Ese es el camino", dijo. "Todos los años salen varios miles de personas de la cárcel.
Es necesario construir redes para que la persona cuando salga, tenga referentes", sostuvo. Petit dijo que, de la mano de un mejor funcionamiento de las cárceles y una menor reincidencia, sería posible tener decenas de miles de delitos menos por año. Por tanto, invitó a la sociedad a razonar que "aun desde la perspectiva más egoísta", mejorar las cárceles es negocio. A su juicio, falta mucho en ese sentido.
Núñez, por su parte, dijo que los debates públicos acerca de seguridad están repletos de referencias a la represión, pero sostuvo que estas acciones estatales también son importantes. "Capacitar y dar trabajo a los liberados es seguridad también", sostuvo.
Ya con la capacitación en marcha, la Dinali afina los trámites para lanzar la siguiente etapa. En enero comenzarán cursos para enseñar el oficio de peluquería canina. Eso durará unos tres meses y, una vez vencido ese plazo, el organismo abrirá un local en Miguelete y Cabildo cuyos trabajadores serán exclusivamente los exreclusos. A su vez, algunos de ellos trabajarán en talleres mecánicos para arreglar la flota de vehículos del Ministerio del Interior y cobrarán un salario como cualquier trabajador.
