La Presidencia de la República tiene a estudio una solicitud del Ministerio del Interior para comprar cuatro nuevas camionetas blindadas a un costo total que ronda los US$ 280 mil, y que se sumarán a los seis vehículos de ese tipo con los que ya cuenta esa secretaría de Estado, informaron a El Observador fuentes oficiales.
El presidente Tabaré Vázquez, durante el Consejo de Ministros abierto realizado ayer en la localidad de Carlos Reyles, en el departamento de Durazno, informó sobre el proceso de compra de los blindados y si bien no dio más detalles al respecto, dijo que se usarán para trasladar a los jueces y a los fiscales especializados en crimen organizado.
Los vehículos, cuyo costo unitario ronda los US$ 70 mil, estarán a disposición de las autoridades del Ministerio del Interior para ser utilizados en situaciones que se consideren necesarios. Por ejemplo, las fuentes consultadas dijeron que es habitual que siguiendo protocolos de seguridad internacionales delegaciones extranjeras que visitan Uruguay requieran transportes blindados.
Los dos jueces especializados en crimen organizado, Adriana de los Santos y Néstor Valetti así como los fiscales Juan Gómez y Gilberto Rodríguez, cuentan con custodia especial del Ministerio del Interior y se trasladan en camionetas blindadas. Eso obedece a que son los cuatro magistrados que intervienen en las causas más importantes de narcotráfico y lavado de activos.
El presidente de la Asociación Magistrados, Ricardo Míguez, dijo a El Observador que actualmente hay "tres o cuatro" jueces penales que por situaciones de amenazas tienen custodia y son trasladados en vehículos del Ministerio del Interior.
Los jueces que están a cargo de sedes penales ordinarias no cuentan con vehículos oficiales ni con custodia policial. Solamente tienen a disposición un auto del Poder Judicial para trasladarse cuando están de turno, pero los restantes días se movilizan en sus coches particulares o en transporte colectivo, como es el caso de Míguez, que es juez penal y que al vivir en la Ciudad de la Costa se traslada todos los días a trabajar en ómnibus de línea.
Míguez dijo que los jueces "que se han sentido amenazados" han tenido respuesta del Ministerio del Interior que les ha asignado custodia, razón por la que ese tema "no es de urgencia" para la gremial.
Equipo de 50 policías
Según el artículo 51 de la Rendición de Cuentas del año 2007, el personal del Estado dedicado al combate del narcotráfico y el lavado de activos está incluido en los mecanismos custodia establecidos en los protocolos de protección de testigos.
En el pasado mes de febrero, el diario El País informó que el Ministerio del Interior cuenta con un cuerpo de élite integrado por unos 50 funcionarios que brindan seguridad a los jueces y fiscales que lo necesiten. En ese momento había ocho magistrados custodiados.
El último episodio que generó alarma entre las autoridades ocurrió en setiembre del año pasado, cuando un custodio de la jueza penal Julia Staricco fue baleado en la puerta de la casa de la magistrada. Staricco tenía vigilancia policial porque había recibido una amenaza de muerte proveniente de un agente policial al que ella había procesado en 2008 siendo jueza en Florida. En ese momento, la Asociación de Magistrados se reunió con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a quien le planteó la necesidad de establecer un protocolo de seguridad para los jueces. Incluso, la gremial habló de colocar cámaras de vigilancia en la puerta las viviendas de los jueces.
