El país fue elegido como base de operaciones por los carteles de drogas
Desde la marginalidad de las páginas policiales hacia la centralidad de los programas políticos de TV: ese es el recorrido que han hecho las noticias vinculadas con el narcotráfico en Argentina.
El proceso fue gradual pero indetenible. El efecto acumulativo de hechos violentos con características inusuales, tales como asesinatos de corte mafioso perpetrados por sicarios en lugares públicos, empezó a llamar la atención de los expertos en seguridad. Empezaron a hacerse rutina los hechos delictivos que involucraban a laboratorios farmacéuticos especializados en precursores químicos, también la detención de traficantes de origen colombiano o peruano que se instalaban en el país y, desde ya, el pavoroso aumento de asesinatos por peleas entre bandas rivales en los barrios periféricos.
Al tiempo que los decomisos de marihuana, cocaína y precursores como la efedrina aumentaban en volumen, comenzó a quedar en claro que lo capturado era apenas una porción ínfima de lo que ingresaba al país por fronteras desprotegidas.
Y el nivel de sorpresa aumentaba con las noticias sobre narcos instalados en lujosos barrios privados. En algunos casos, hasta con laboratorios para “cocinar” la droga funcionando en los garajes, a cargo de una familia de apariencia normal.
Pero el punto de inflexión que llevó a que el narcotráfico empezara a ocupar la agenda política fue la constatación de una connivencia entre los narcotraficantes y la Policía. Atentados y ajustes de cuentas contra jefes policiales empezaron a repetirse, provocando masivas purgas en provincias como Córdoba y Santa Fe.
El hecho más grave se produjo en Rosario el 11 de octubre, cuando desconocidos abordo de motos dispararon 14 tiros contra la casa de Antonio Bonfatti, gobernador de la provincia de Santa Fe. El gobernador se encontraba allí junto con su familia, y solo por casualidad no fue alcanzado por los disparos que impactaron en el living.
Para Bonfatti no hubo dudas sobre que se había tratado de una respuesta mafiosa por su política contra el narcotráfico. Las primeras investigaciones apuntaron a bandas instaladas en la periferia de esa ciudad, que podrían tener vínculos con fuerzas de seguridad, a las que se sospecha de proveerles armas.
En todo caso, el hecho implicó un “clic” para la sociedad argentina: como en Colombia, como en México, ya se había llegado al punto en el que el narcotráfico había dejado de ser un pequeño delito de marginales para transformarse en un negocio dominado por poderosos cárteles, que no dudarían en recurrir al terrorismo y atentar contra autoridades del Estado.
Dos críticas de alto impacto
En los últimos días ocurrieron dos hechos que terminaron por poner al tema del narcotráfico al tope de la agenda pública.
Primero, una declaración de la Iglesia, cuya voz pasó a tener gran influencia a partir de que Jorge Bergoglio se convirtió en el papa Francisco. El documento firmado por los obispos critica a la clase política por no asumir la gravedad de la situación y por casi haber ignorado el tema del narcotráfico durante la reciente campaña electoral. Alerta, además, sobre la connivencia de la política y la policía con esta ola delictiva.
“Costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias”, afirmaba el documento eclesiástico, cuyo impacto en los medios fue contundente e inmediato. Un tema preferido por los medios críticos del gobierno fue el deficiente funcionamiento del sistema de radares, calificado como “un colador” por el cual se filtran cientos de vuelos ilegales que transportan la droga.
Cuatro días después, ocurrió un segundo hecho político: la Corte Suprema de Justicia hizo pública una declaración en la cual le pedía al gobierno la adopción de medidas urgentes para que las fuerzas policiales y la Justicia pudieran hacer frente al crecimiento del nacrotráfico.
La Corte se quejaba de la vulnerabilidad existente en la frontera norte, por donde entra la droga. Allí falta vigilancia, en parte porque la Gendarmería ha sido reasignada al conurbano de Buenos Aires. Y además, los jueces se quejan de que en esa zona crítica no cuentan con personal ni elementos suficientes para poder investigar y juzgar estos hechos.
Fuego cruzado
El gobierno acusó el golpe por esta andanada de denuncias, pero las reacciones no fueron uniformes. Así, algunos funcionarios defendieron lo actuado por las fuerzas de seguridad, como el secretario del área, Sergio Berni, quien no solo reivindicó los avances sino que además culpó a los gobiernos provinciales por falta de colaboración.
Desde las provincias más afectadas se señala lo absolutamente opuesto. En Santa Fe, que se encuentra lejos de las fronteras, el gobierno socialista apunta a que la droga llega por tierra luego de que las avionetas traspasan, sin control, la frontera norte y descienden en las provincias de Salta y Jujuy.
El ministro de Seguridad, Antonio Puricelli, admitió que la frontera argentina “es permeable”, pero también repartió culpas con el Poder Judicial, al que responsabilizó por la falta de personal idóneo en la zona norte.
Tal vez el ejemplo más acabado de hasta qué punto ha llegado el debate es el hecho de que se ha presentado un proyecto de ley por el cual se pueden derribar aviones que se nieguen a ser identificados. La propuesta surgió del sector peronista opositor liderado por Francisco de Narváez.
Y mientras algunos kirchneristas lo repudiaron por equipararlo con “una sentencia de muerte sin juicio previo”, otros, como el gobernador bonaerense Daniel Scioli, dijeron que era “un debate que hay que dar”.
Lo real es que el tema del narcotráfico está en el centro de la polémica. Y, por cierto, la experiencia uruguaya respecto de la liberalización del consumo de marihuana ha formado parte del debate. Para algunos dirigentes, es un camino a transitar como forma de bajar una espiral de violencia que por ahora solo parece escalar.
