23 de noviembre 2013 - 17:32hs

"Queremos fiscales que tengan rostro y voz”, dijo en mayo el fiscal de Corte, Jorge Díaz, cuando explicó la reforma del Ministerio Público que impulsa. Díaz pretende instaurar un nuevo paradigma dentro de la Fiscalía y, para ello, busca que los fiscales que estén presentes en las audiencias, conozcan a víctimas y acusados, y que logren explicar, cuando sea necesario, cuál es su función y su postura.

En ese marco, eligió a Gilberto Rodríguez como nuevo fiscal especializado en Crimen Organizado. En las próximas semanas, Rodríguez sustituirá a Mónica Ferrero, informó Búsqueda.

Rodríguez es catedrático, mantiene un muy buen vínculo con la prensa y se define como un comunicador. “Mi perfil docente me hace ser un comunicador”, dijo el futuro fiscal de Crimen Organizado a El Observador.

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En la mañana del jueves recibió varios llamados telefónicos de amigos para felicitarlo por su nuevo cargo. Así, se enteró de la noticia. Luego, lo llamó Díaz para solitarle una reunión y comunicarle oficialmente que asumirá el cargo en diciembre.

“Somos funcionarios públicos”

“Si está la prensa afuera del juzgado, no me voy a escapar por la puerta de atrás”, aclaró Rodríguez. De todas maneras, explicó que tomará con “prudencia y cautela” la comunicación con la prensa, porque los casos que manejará de ahora en más son más complejos que los que está acostumbrado a manejar.

“Los fiscales somos funcionarios públicos que tenemos que explicar a la gente cuáles son nuestras decisiones, porque la sociedad tiene necesidad de conocer”, aseguró Rodríguez. “La Fiscalía no puede ser una entelequia institucional, sino que tiene que tener un rostro y un estilo”, agregó. Su concepción y estilo va en consonancia con el modelo que pretende instaurar Díaz para el Ministerio Público.

Los actuales fiscales especializados en Crimen Organizado, Ferrero y Juan Gómez, prefieren generalmente no aparecer en los canales de televisión para evitar posibles ataques de parte de grupos de crimen organizado. Rodríguez dijo que mucho tiene para aprender de Ferrero y Gómez sobre estos asuntos y que, más allá de su afán comunicativo, deberá “amoldarse” a la nueva situación hasta encontrar un “equilibrio” en su forma de comunicar.

Los maestros y los hijos

Rodríguez nació hace 46 años en Montevideo. Estudió en escuela y liceo público y egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República con 24 años. Al año siguiente, comenzó su periplo por los juzgados del interior del país: fue juez de Paz en Río Branco, juez departamental en Maldonado y juez letrado en Bella Unión. En 1998 asumió como fiscal en Paysandú, luego regresó a Maldonado como fiscal y de ahí pasó a Florida. De 2004 a 2011, se destacó como fiscal de Ciudad de la Costa, donde pidió cinco años de internación para “El Pelón”, un menor triple homicida, e investigó al exsubdirector de Aduanas, Guzmán Mañes, por un presunto caso de omisión de los funcionarios públicos de denunciar delitos y por falso testimonio. Rodríguez tenía contra las cuerdas a Mañes, cuando en 2011 fue trasladado a una fiscalía de menores en Montevideo. Este año, asumió como fiscal Penal de mayores en Montevideo, cargo que desempeñará hasta diciembre.

Rodríguez integra la Cátedra de Derecho Penal de la Udelar y es profesor con grupo a cargo de Derecho Penal II. En la Cátedra, trabajó con quienes llama sus “maestros”: Milton Cairoli, expresidente de la Suprema Corte de Justicia; Gonzalo Fernández, excanciller de Tabaré Vázquez; y Miguel Langón, jurista que defendió a varios militares acusados de violar los derechos humanos.

Rodríguez es autor de tres libros, a los que define como sus “hijos”: “Legítima defensa imprudente”, “Derecho penal de ejecución” y “Derecho penal constitucional”.

Integró la comisión que redactó el Nuevo Código Penal Juvenil, que propone pasar las penas máximas de los menores de cinco a 10 años.

Lo que deja y lo que hereda

Además del caso de “El Pelón” y de la investigación al exsubdirector de Aduanas, caso que finalmente se archivó, Rodríguez trabajó en el caso de los enfermeros acusados de matar a una decena de pacientes. El fiscal pidió 14 y 16 años de condena para los enfermeros y falta que el juez resuelva. Actualmente, investigaba el ataque a la sede del Poder Judicial el 4 de junio. Antes de expedirse sobre ese caso, pasará a la Fiscalía de Crimen Organizado. Allí lo esperan varios expedientes: un caso de corrupción que involucra a tres ingenieros de UTE, la investigación al extesorero del Partido Popular (PP) de España, Luis Bárcenas, por lavado de dinero y un caso de sobrefacturación de una empresa de limpieza en el hospital Maciel, entre otros.

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