El Parlamento recibe cuatro proyectos de ley sobre seguridad

La comisión técnica de seguridad entre los partidos políticos y el Poder Ejecutivo -que funciona en forma paralela a la comisión que encabeza el presidente, Tabaré Vázquez-terminó por apuntalar cuatros proyectos de ley sobre seguridad pública que ingresarán al Parlamento en las próximas horas.

El nuevo Código del Proceso Penal recibirá tratamiento urgente. La única duda es la fecha de su entrada en vigencia, en tanto que la Suprema Corte de Justicia manifestó que no sabe si podrá llegar en tiempo y forma para el 1 de febrero de 2017, dijo a El Observador el diputado nacionalista, Pablo Abdala.

También hay pleno acuerdo para la aprobación del proyecto sobre la abreviación del proceso. A pedido de la oposición los mecanismos de mediación quedarán en la órbita de la Justicia. El proyecto de ley sobre la abreviación del proceso también incluye "la suspensión condicional del proceso", donde el gobierno y la oposición no alcanzaron un acuerdo.

Por eso es presumible que durante el tratamiento legislativo del proyecto de ley del proceso abreviado la norma no sea votada en su totalidad de forma unánime.

El tercer proyecto de ley que también llegará al Palacio Legislativo es el de la limitación de la "libertad anticipada" para reincidentes. Hay un acuerdo general en el texto, que además de restringir la libertad anticipada también limitará la libertad condicional y provisional, narró Abdala. A pedido del Partido Independiente se agregaron los crímenes de lesa humanidad a la nómina de delitos sobre la que se aplicará esta ley. El Partido Nacional solicitó que se aplicara la misma restricción para el caso de las salidas transitorias, pero el gobierno decidió no acordar en este punto.

Dentro de este tercer proyecto, el delegado del Partido Nacional, Álvaro Garcé, presentó una solución para hacer frente a la problemática de los no residentes que reciben sentencia en el país. Garcé propuso facilitar la salida del país una vez que cumplan la pena o que recuperen la libertad.

La intención es que los extranjeros que delinquen tengan las mismas consecuencias que cualquier ciudadano: que cumplan su pena y que cuando recobren la libertad puedan salir del país sin necesidad de quedar sujetos al proceso.

Finalmente, el Ejecutivo enviará al Parlamento, sin acuerdo previo, la nueva ley orgánica del ministerio público con la actualización del estatuto de los fiscales.