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El Partido Independiente mira de afuera los escándalos y propone medidas anticorrupción
La bancada se reunió con Vázquez
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20 de noviembre de 2017 a las 18:02
Tras los últimos casos de inconductas de dirigentes políticos pertenecientes a los partidos mayoritarios, el Partido Independiente presentó este lunes al presidente Tabaré Vázquez una serie de medidas para reforzar el control de la gestión pública.
Entre las propuestas figura la de prohibir el uso de las tarjetas corporativas para directores y gerentes de entes; limitar el monto de los subsidios de quienes renuncien; obligar a que más jerarcas hagan públicas sus declaraciones de bienes –que hoy son conocidas solo si lo pide la Justicia– y que los gerentes de empresas estatales sean elegidos por concurso.
El Partido Independiente también propuso darle más poderes al Tribunal de Cuentas –para que sus resoluciones sean cumplidas– y a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que, sostienen, enfrenta "vulnerabilidades".
En el caso del Tribunal de Cuentas, se propone que ante resoluciones observadas por el organismo en contrataciones que superen los US$ 1,6 millones, se suspendan las resoluciones del organismo involucrado y el asunto sea tratado en forma "urgente" por la Asamblea General o las juntas departamentales del departamento involucrado.
También se propone que los directores de entes autónomos y servicios descentralizados no puedan renunciar para postularse a algún cargo electivo y así evitar la tentación de utilizar ese puesto como trampolín político. La propuesta es que para postularse deban dejar pasar un período de gobierno.
Encuentro
En la residencia oficial del Prado, Vázquez recibió al senador Mieres y a los tres diputados del sector: Iván Posada, Daniel Radío y Heriberto Sosa, quienes le entregaron una carpeta con 22 carillas.
En ese texto se argumentó que Uruguay presenta índices de corrupción "más bajos que otros países de la región", no obstante "es notorio que los mecanismos de contralor de la gestión pública exhiben debilidades y vulnerabilidades importantes".
El Partido Independiente resaltó que tanto el Tribunal de Cuentas como la Jutep trabajan con "importantes limitaciones normativas" y tienen dificultades "para hacerse obedecer cuando detectan irregularidades".
El oficialismo vio caer a comienzos de setiembre al entonces vicepresidente de la República, Raúl Sendic, que renunció luego de una serie de denuncias sobre su gestión en ANCAP y los gastos en los que incurrió con la tarjeta corporativa de esa empresa. El Tribunal de Conducta Política del Frente opinó que fue "inaceptable" el modo de proceder de Sendic.
El Partido Independiente, que propone prohibir las tarjetas corporativas, denunció en octubre al senador Leonardo De León, por los gastos que hizo con la tarjeta de ALUR y que según afirman no están vinculados con su rol de expresidente de esa compañía de ANCAP.
Los problemas éticos también ocuparon este año a los partidos fundacionales. El directorio del Partido Nacional resolvió este mes aceptar la recomendación de su comisión de ética de "apercibir" al intendente de Soriano, Agustín Bascou, por comprar nafta para la comuna en su estación de servicio.
Los blancos también "observaron" al diputado Wilson Ezquerra, quien manejando alcoholizado atropelló a una mujer.
En marzo, el Partido Colorado fue más severo con el diputado suplente Francisco Sanabria. El Comité Ejecutivo Nacional decidió expulsara al expropietario del Cambio Nelson en Maldonado, que fue procesado con prisión por estafa y por librar cheques sin fondo.
Hasta ahora, los dirigentes del Partido Independiente se ha mantenido a salvo de problemas de ese tipo.
Medidas de transparencia
El Partido Independiente propuso al presidente Vázquez nueve medidas con la redacción de proyectos de ley. El paquete de propuestas incluyó las siguientes:
- Extender la prohibición de los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados para ser candidatos a todo el período de gobierno, para evitar la tentación del uso del cargo para promover una candidatura a cargos electorales.
- Prohibir el uso de tarjetas corporativas para directores y gerentes de entes autónomos y servicios descentralizados.
- Limitar el monto del subsidio que poseen los titulares de ciertos cargos de carácter electivo o de confianza política, estableciendo que la cantidad de meses a pagar estará en proporción al tiempo que se ocupó ese cargo, con el tope de un año.
- Establecer que las observaciones del Tribunal de Cuentas para actos de la Administración referidos a montos elevados y calificados como de "urgente consideración" posean efectos suspensivos, impidiendo que el administrador pueda reiterar el gasto hasta que la Asamblea General o, en su caso, la Junta Departamental respectiva, se expida.
- Fortalecer y ampliar los cometidos de la Jutep. Buscan que tenga una función más activa de colaboración con el Ministerio Público en la investigación judicial, además de que pueda realizar una auditoría de los contenidos de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y también que realice una sistematización de un texto ordenado de las normas referidas a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
- Ampliar la obligación de publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, alcanzando, no solo al presidente y vicepresidente de la República, sino también a los legisladores, ministros, subsecretarios, directores generales de los Ministerios, intendentes departamentales y Directores de los entes autónomos y de los servicios descentralizados.
- Reducir las excepciones previstas al mecanismo de la licitación pública previstas en el artículo 33 del Tocaf para que estas sean efectivamente excepcionales. Se propone cometer al Tribunal de Cuentas el estudio de las excepciones actualmente previstas.
- La selección de quienes ocupen los cargos gerenciales de entes autónomos, servicios descentralizados, personas de derecho público no estatal y empresas privadas de propiedad estatal, así como los cargos de directores de hospitales públicos de ASSE, deberá ser obligatoriamente mediante concurso abierto de oposición y méritos, según la propuesta.
- Promover la firma de un convenio entre el Poder Legislativo y el Tribunal de Cuentas para que las comisiones legislativas reciban asesoramiento técnico específico de parte del Tribunal de Cuentas en el análisis y control de los proyectos de ley y, en particular, del estudio de las propuestas de Presupuesto Nacional y Rendición de Cuentas.
