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El pastizal de AFE en Peñarol del que los narcos se aprovechan para asesinar consumidores
Entraron cuatro y salió uno. Así resumió un testigo la escena previa y posterior a la triple ejecución en Peñarol el 24 de agosto. Caminaron por la calle Watt y se metieron entre los pastizales del terreno que queda sobre Camino Edison, descampado en el que se encontraron por lo menos cinco cuerpos en 2022. En la misma cuadra, otros dos.
El terreno lindero a una edificación de UPM, que ocupa varias cuadras, tiene un pastizal al fondo por el que se puede salir a la calle Máximo Santos. Lo que durante el día parece ser un lugar tranquilo, de noche se vuelve un punto de encuentro de consumidores y terreno de batalla. Al otro día, solo quedan rastros: ropa sucia tirada y pedazos de alguna botella.
Cruzando la calle, por Camino Edison, hay una boca de drogas que maneja una mujer de unos 70 años, líder de una de las bandas que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, nombró en el Parlamento. La boca había sido tapiada por la policía pero se abrió otra al lado.
En el caso de la triple ejecución de agosto, la Policía presume que el objetivo era la mujer y que los otros dos hombres se resistieron a dejarla sola, razón por la que también los ultimaron. Se estima que todos eran consumidores. La mujer de 49 años tenía dos antecedentes por rapiña y uno por receptación, uno de los hombres tenía 49 años, y tenía antecedentes por hurto y drogas; y el otro hombre de 44 años no tenía antecedentes. Según dijeron en la escena del crimen la fiscal Adriana Edelman y el jefe de Policía de Montevideo, Mario D’Elía, un vecino llamó al 911 cuando sintió los balazos y la policía, al llegar, se encontró con otras personas en la calle consumiendo drogas en el lugar. Los cuerpos de las víctimas estaban apilados con un disparo en la cabeza cada uno.
La mayoría de las víctimas en Peñarol fueron personas que vivían en la calle. La falta de cámaras de seguridad y el miedo de los eventuales testigos hacen prácticamente imposible que avancen las investigaciones.
La geografía favorece la comisión de delitos. Cuando las personas se meten entre los pastizales es imposible para cualquier otro discernir lo que pasa allí dentro. En la mayoría de los casos, la policía estima que se trata de deudas de consumo o traiciones vinculadas al negocio narco.
Los otros dos casos ocurridos este año fueron el 10 de mayo, cuando los cuerpos de dos hombres aparecieron calcinados y con heridos de arma de fuego. La investigación está a cargo de la fiscalía de Carlos Negro, que trabaja en el caso, pero aún no han podido dar con los responsables. Presumen que también eran consumidores de drogas y vivían en el predio.
En noviembre y diciembre del año pasado, Bomberos había hallado otros dos cuerpos tras haber recibido dos denuncias de incendio, informó Telemundo días atrás.
Pese a que el pastizal presenta una oportunidad para que los narcos ajusticien a sus deudores sin ser vistos, la zona de por sí es compleja. El 10 de mayo, cruzando la calle, ultimaron a un hombre de 56 años de un tiro en el cuello. El 28 de ese mes, a media cuadra –en Camino Edison y Lammartine– asesinaron a disparos a otro hombre.
El punto elegido
La boca de drogas que queda en frente y la ausencia de cámaras de seguridad lo volvió uno de los lugares elegidos para resolver conflictos que en algunas oportunidades terminan en muertes.
Los vecinos sienten los balazos, pero prefieren no reportarlos para no tener problemas. Cuando oscurece, ven que grupos de personas entran en el pastizal casi como haciendo fila. Al cruzarlo, se puede salir por la calle Máximo Santos, pasando prácticamente inadvertido. A la mayoría los conocen, son personas que viven en la calle y que deambulan por la zona.
Rosario y su basural de cadáveres
Qué hacer con el predio
El terreno es propiedad de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) y, según supo El Observador, hay intenciones a futuro de instalar un polo industrial. Sin embargo, tanto el Ministerio del Interior como el Municipio G quieren limpiar y desmalezar el predio para evitar que siga siendo tierra fácil para cometer delitos.
Fuentes políticas dijeron a El Observador que se está terminando de cerrar un convenio para que la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), que ahora depende del Ministerio de Desarrollo Social, vaya a desmalezar la zona.
El fin de semana posterior a la triple ejecución de agosto, desde el municipio dispusieron que los empleados por los jornales solidarios fueran a hacer una limpieza preliminar del lugar, informó Telemundo. “Que vuelvan a crecer las cañas es un problema en términos de convivencia”, dijo la alcaldesa, Leticia de Torres, a El Observador.
Agregó que luego de los homicidios de mayo hubo asambleas junto con los vecinos y el Ministerio del Interior, donde definieron intenciones para el lugar, que nunca se concretaron. La idea de los vecinos es que AFE ceda ese predio a las cooperativas de vivienda aledañas, pero desde la administración mantienen la idea de concretar allí el polo industrial.
