El PEN America, la editorial Penguin y padres de alumnos demandaron a un condado de Florida

"Las restricciones y retiradas de textos apuntaron en forma desproporcionada a libros de o sobre personas de color y/o LGTBQ, y prescribieron una ortodoxia que vulnera las primera y decimocuarta enmiendas de la Constitución que protegen la libertad de expresión y la igualdad de los ciudadanos”, señala la demanda encabezada por el PEN America, institución centenaria que trabaja por la libertad de expresión en la intersección de la literatura y los Derechos Humanos.

En la primera mitad del curso escolar 2022-2023, el PEN America contabilizó 1.477 títulos retirados de las bibliotecas públicas y escuelas en todo el país, un aumento del 28% respecto a los seis meses anteriores, relevamiento que da cuenta que los estados con mayor número de medidas restrictivas son Texas, Florida, Missouri, Utah y Carolina del Sur, todos con mayorías del Partido Republicano.

Los vetos impulsados por los consejos escolares y las legislaturas locales forman parte de una batalla cultural emprendida por los sectores más conservadores contra la ideología progresista, a la que denominan "woke", movimiento que es encabezado por asociaciones como Mamás por la Libertad, un grupo que aboga por darle a los padres un mayor control sobre la educación de sus hijos y por la cancelación en las bibliotecas escolares de libros que aborden cuestiones de género y sexualidad.

En Florida, varias leyes impulsadas por el gobernador republicano Ron DeSantis facilitan las prohibiciones al restringir la enseñanza de asuntos relacionados con la orientación sexual o identidad de género, restricciones que también alcanzan a los enfoques revisionistas que abordan asuntos raciales.

Los demandantes exigen que el distrito escolar de Escambia reincorpore los 10 libros que retiró de sus establecimientos e impida el veto de otros 150 que están “bajo investigación” por parte de las autoridades locales. "La censura, en forma de prohibiciones de libros como las promulgadas por el condado de Escambia, es una amenaza directa a la democracia y a nuestros derechos constitucionales", denunció Nihar Malaviya, director general de Penguin-Random House.

En la demanda citan como ejemplo el libro infantil ilustrado El Tango se hace de a tres, de 2005, basado en la historia real de dos pingüinos machos del zoo de Central Park que formaron una pareja e incubaron con éxito un huevo de otro pingüino. La obra fue retirada, según la demanda, después de que una profesora asegurara que el texto promovía la agenda de la comunidad LGBTQ utilizando pingüinos.

Los demandantes alegan que las restricciones se basan en puntos de vista personales y no en consideraciones pedagógicas y, en este sentido, alegan que las prohibiciones concretadas por el Distrito Escolar y la Junta Escolar del Condado de Escambia son inconstitucionales, razón por la que presentaron la demanda ante un tribunal federal solicitando que los libros sean devueltos a los estantes de las bibliotecas escolares.

“Garantizar que los estudiantes tengan acceso a libros sobre una amplia gama de temas que expresen una diversidad de puntos de vista respalda una función central de la educación pública: preparar a los estudiantes para ser ciudadanos reflexivos y comprometidos”, recuerda el comunicado del PEN América.

En contravención de estos principios básicos, alega la demanda, “el condado de Escambia se propuso excluir ciertas ideas de sus bibliotecas escolares mediante la eliminación o restricción de libros, algunos de los cuales estuvieron en los estantes durante años, incluso décadas”, señala la demanda, también impulsada por los autores cuyos libros fueron prohibidos.

La demanda advierte que la eliminación y/o restricción del acceso a libros que tratan sobre raza, racismo e identidades LGBTQ va en contra de las recomendaciones del comité de revisión del distrito encargado de evaluar los libros, además de violar las dos enmiendas constitucionales.

“Al ignorar estas recomendaciones, el distrito escolar dejó en claro que sus intereses son censurar ciertas ideas y puntos de vista, no la pedagogía, y que está dispuesto a permitir que una minoría extremista sustituya su agenda política por el juicio de educadores y padres”, dice la demanda.

“A los niños, en una democracia, no se les debe enseñar que los libros son peligrosos. La libertad de lectura está garantizada por la constitución”, dijo Suzanne Nossel, directora ejecutiva de PEN America.

“En el condado de Escambia, los censores estatales están sacando libros de los estantes en un intento deliberado de suprimir la diversidad de voces. En una nación construida sobre la libertad de expresión, esto no puede sostenerse. La ley exige que el distrito escolar del condado vuelva a colocar los libros retirados o restringidos en los estantes de la biblioteca”, dice el comunicado del PEN America.

Por su parte, Nadine Farid Johnson, consejera y directora general de PEN America Washington, afirmó que “las sustracciones específicas que estamos viendo en el condado son intentos descaradamente inconstitucionales de silenciar y estigmatizar. El gobierno estatal no debería fomentar la censura. Debería garantizar que cada persona decida por su cuenta”.

Los autores involucrados en la demanda, a los cuales el distrito ya les retiró sus libros y/o restringió el acceso a los estudiantes, incluyen a la autora e ilustradora de libros infantiles Sarah Brannen; los autores de ficción para adultos jóvenes David Levithan, George Johnson y Ashley Hope Pérez, además del autor de libros infantiles Kyle Lukoff .

“Los lectores jóvenes de las escuelas de Escambia y de todo el país merecen una educación completa y honesta, que les brinde acceso en las bibliotecas a una amplia gama de literatura que refleje puntos de vista variados y que explore la diversidad de experiencias humanas”, dijo Ashley Hope Pérez. “Como exmaestra de inglés de una escuela secundaria pública, sé de primera mano cuán importantes son las bibliotecas. Para muchos jóvenes, si un libro no está en la biblioteca de su escuela, es como si no existiera”, agregó la autora.

Entre los demandantes se encuentran también Lindsay Durtschi y Ann Novakowski, madres de niños que asisten a las escuelas del condado. “Sin una representación diversa de la literatura en las bibliotecas escolares y un diálogo inclusivo en el salón de clases, estamos causando un daño irreparable a las voces y a la seguridad de los estudiantes en Florida”, dijo Durtschi.

Durante los últimos dos años, el PEN America siguió de cerca el crecimiento de la campaña de censura educativa a nivel nacional lanzada por los sectores conservadores para imponer un control ideológico sobre la libertad de leer, aprender y pensar.

Según la organización, desde enero de 2021 se presentaron 306 proyectos de ley mordaza educativa en 45 estados diferentes, y 22 de ellos se convirtieron en ley en 16 estados. A partir del año escolar 2021-22, las prohibiciones son una característica cada vez más común en las escuelas públicas, superando los 4.000 títulos entre julio de 2021 y diciembre de 2022.

(Con información de la agencia de noticias AFP y el PEN America)