16 de junio de 2014 20:49 hs

El gobierno argentino, si bien sabía que una decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos lo podía colocar contra las cuerdas, no esperaba este golpe. Al menos, no ahora. La máxima entidad judicial estadounidense rechazó ayer la apelación de Argentina sobre la orden que le obliga a cancelar más de US$ 1.300 millones a tenedores de deuda impaga, en una disposición que podría llevar a ese país a una cesación de pagos.

Los mercados financieros de Argentina se derrumbaron tras la noticia, que golpea al país justo cuando intentaba volver a los mercados de capitales tras el multimillonario default que protagonizó a fines de 2001, año en que se registró la peor crisis política, económica y social de esta nación. En la actualidad, Argentina necesita una inyección de divisas ante una economía en plena desaceleración y con una alta inflación.

La presidenta Cristina Fernández dijo ayer en cadena de radio y televisión que su gobierno “va a cumplir con sus obligaciones” pero solo a los acreedores que negociaron en 2005 y 2010, que representan al 93% del total. Eso supone que el gobierno argentino no acatará el fallo de la Justicia de EEUU que respaldó aljuez neoyorquino Thomas Griesa quien lleva adelante este litigio.

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Argentina tiene “vocación de pagar” y no caerá en default, pero no acepta “extorsiones”, dijo.

Como consecuencia del fallo judicial estadounidense Argentina estaría en condiciones de caer en un “default técnico”, debido a que los litigantes podrían obtener órdenes de embargos sobre fondos que el país transfiere a Nueva York para honrar su deuda regularizada.

Esto podría ocurrir tan pronto como el 30 de junio, cuando Argentina deba girar a Estados Unidos US$ 228 millones por un vencimiento de sus bonos Discount emitidos bajo legislación de Nueva York.

Fernández se niega a hacer un multimillonario desembolso a tenedores de deuda que se habían negado a sumarse a una reestructuración, tras un arbitraje de la Corte Suprema estadounidense que dejó intacto un fallo de un tribunal inferior que ordenaba a Argentina pagar su deuda de US$ 1.330 millones, sentando un precedente judicial que sorprendió a analistas y mercados.

Además, este monto es solo una parte de los cerca de US$ 15.000 millones totales en default, según una estimación del gobierno argentino.
Si el gobierno de Fernández decide pagar lo dispuesto en el fallo, se abriría la puerta a futuros reclamos de quienes poseen el resto de la deuda impaga.

Cristina Fernández y su gobierno se niegan a compensar a los acreedores rebeldes en mejores condiciones que las que ofreció en dos canjes de deuda, en 2005 y en 2010, en los que el 93% de los tenedores aceptó fuertes quitas a cambio de bonos que el país honra regularmente.

La administración K cree que los fondos “buitre” -como los llama la presidenta- colocan en peligro a su país y a la región, y pone en riesgo el sistema financiero internacional.

Además, ha señalado que Argentina está haciendo grandes esfuerzos para pagar las deudas que contrajeron otros gobiernos argentinos, como ha sido el caso del Club de París.

“Es un escenario muy perjudicial para Argentina. Hay que esperar ahora a ver cómo Griesa termina implementando esto”, dijo el director de la consultora Ecolatina, Marco Lavagna. Argentina ahora solo tiene la posibilidad de negociar el modo en que se implementa el pago de la deuda, coincidieron especialistas.

“A partir de ahora queda firme el fallo que obliga a pagar. Esto implica que (Argentina) acata y paga o entra en default”, dijo José Luis Espert, analista de Estudio Espert.

Argentina buscaba evitar un pago completo a los acreedores en disputa liderados por los fondos de cobertura Aurelius Capital Management y NML Capital Ltd, una unidad de Elliott Management Corp, del multimillonario Paul Singer.
Pero los tenedores en cuestión argumentaron ante la Justicia estadounidense que hay evidencia en casos presentados en cortes inferiores de que Argentina puede sustentar los pagos.

Algunos analistas advirtieron sobre el efecto que el fallo podría tener sobre la deuda de otros países.

“Está dando un antecedente para que cualquier fondo buitre vaya contra cualquier país, o sea cualquier país está indefenso ante una reestructuración, con lo cual es un mal dato para todos los otros países”, dijo Sebastián Centurión, economista de ABC Mercado de Cambios en Buenos Aires.

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