El poder de los militares se fortalece en la región

Vivimos un creciente protagonismo de las Fuerzas Armadas en la región. No intervienen en golpes de Estado como en el pasado, pero sí adquieren mayor participación en la vida civil por la expansión de sus roles en ámbitos que van más allá de la defensa nacional.
Las Fuerzas Armadas están teniendo mayor participación en tareas de seguridad pública interna, en la lucha contra el narcotráfico, en la protección de infraetructura de los países y hasta en tareas municipales en casos de emergencia. Esto es un reflejo de gobiernos  que enfrentan dificultades para dar una respuesta satisfactoria a la ciudadanía desde cierta debilidad institucional para enfrentar con éxito esos problemas.

La mayor participación castrense en funciones no tradicionales, le han significado a las Fuerzas Armadas más poder e influencia de alto impacto nacional. Aunque en promedio ha bajado la confianza de las Fuerzas Armadas en América Latina en los últimos dos años, siguen ocupando un lugar destacado en la consideración de la opinión pública (44% en 2018), en comparación a los partidos políticos, por ejemplo, que se mantienen bastante más abajo (14%), según surge de los estudios del Latinobarómetro.(ver recuadro)

“El mayor protagonismo de las Fuerzas Armadas no es un fenómeno nuevo en América Latina. En casi toda la región la presencia de éstas como elemento de ruptura institucional fue un clásico hasta el fin de la Guerra Fría. Ahora el ejercicio del poder del organismo es más sofisticado. La ampliación de sus funciones puede verse como un fenómeno propio de un cambio de las sociedades, o pueden asimilarse en ciertos casos a quiebres institucionales”, explicó a El Observador el profesor de la Universidad de la República Julián González Guyer, doctor en Ciencias Sociales especializado en Ciencias Políticas.

Todo ello ocurre en un contexto de cambio de paradigma: asuntos como el narcotráfico o el accionar de poderosas bandas criminales empezaron a ser consideradas como asuntos de seguridad nacional. Pero un nuevo papel de los militares en tareas no tradicionales como las mencionadas, representa un desafío para los gobiernos y para las instituciones democráticas.

¿En qué medida este fenómeno es un riesgo para un sistema democrático? “Depende de cada caso, pero no es algo que se pueda ver como positivo para la democracia, porque el eje de esas instituciones no es la consulta, sino el ´ordeno y mando´, imponiendo sobre qué y cómo hacer”, respondió González Guyer. Un aspecto que genera preocupación en la sociedad civil y en organizaciones de derechos humanos, es una  formación estrictamente militar de las Fuerzas Armadas y una falta de preparación para tareas civiles. 

País por país

Se trata de un fenómeno en muchos países de la región, pero que tiene distintas particularidades. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército que le ha dado poder a los militares en su gobierno, ha profundizado el papel de la fuerza en tareas de seguridad interna.  

Bolsonaro reforzó la medida del gobierno de su antecesor Michel Temer de autorizar el control de la seguridad de Río de Janeiro al Ejército, lo que desencadenó registros masivos en las favelas, despertando reacciones en contra de las organizaciones de Derechos Humanos que denuncian excesivo uso de la fuerza en los procedimientos que antes recaían exclusivamente en la Policía. 

Fue Temer quien le abrió la puerta a los militares, aprovechando el descrédito de la clase política por la corrupción que destapó la operación Lava Jato, y el prestigio ascendente que las Fuerzas Armadas estaban teniendo en la sociedad brasileña.

En México, uno de los países más violentos del mundo por los poderosos carteles de la droga, el presidente Andrés Manuel López Obrador les ha asignado mayor participación al Ejército y a la Marina en la lucha contra el narcotráfico (tradicionalmente bajo la órbita de la Policía).  En ese marco, y por la urgencia de la lucha contra la violencia, el Congreso aprobó recientemente la propuesta del mandatario de crear una Guardia Nacional, adscrita a la Secretaria de Defensa, integrada por miembros de la Policía Federal, Naval y Militar, lo que genera preocupación en organizaciones de derechos humanos.

Venezuela es uno de los países donde los militares tienen más poder por las características del régimen chavista. Durante el mandato de Hugo Chávez, y más aún con Nicolás Maduro, los militares han ido ocupando posiciones cada vez más importantes en la estructura del gobierno. Hoy en día son ministros de las más diversas carteras estratégicas de la nación, como la industria petrolera, y hasta participan en la distribución de alimentos. 

En Cuba, el concepto de “defensa nacional” está estrechamente relacionado con la lucha revolucionaria (como en Venezuela). En tal sentido, el presidente Miguel Díaz Canel reafirmó el poder del “Ejército Rebelde” y del Partido Comunista como instrumentos políticos de la revolución. Porque así como las Fuerzas Armadas han ido expandiendo sus roles, también se ha ido desdibujado su misión: la institución ya no defiende al Estado sino al gobierno, y el empoderamiento se está dando con ese sesgo.

En Bolivia, el presidente Evo Morales fue convirtiendo a los militares en sus aliados y hasta llegaron a participar en la distribución del “bono Juancito Pinto” (dirigido a escolares),  entre otras iniciativas sociales. También en una época de huelga panadera, los militares se mostraron horneando pan.

En Ecuador, el exmandatario Rafael Correa intentó reproducir el modelo de relación líder-pueblo-militares, aunque no lo logró ya que allí la defensa corporativa de las Fuerzas Armadas es alta y el organismo ha intentado funcionar como un órgano bastante autárquico. En esa línea de ganarse el favoritismo de la institución, el actual presidente Lenín Moreno aumentó las asignaciones presupuestarias de las Fuerzas Armadas (práctica también realizada por otros gobiernos de la región) y reforzó la participación del Ministerio de Defensa en funciones policiales, de inteligencia y gestión de riesgo. No falta analista que sostenga que Moreno aceptó, de facto, compartir el poder con las Fuerzas Armadas.

Colombia, un país que enfrentó una guerra interna de 52 años,  donde está activa una guerrilla de izquierda radical y operan diversos grupos delincuenciales vinculados al negocio de las drogas,  la Policía forma parte del Ministerio de Defensa. Si bien tienen cometidos específicos, muchas veces la línea es difusa. La situación de violencia y la presencia de estructuras armadas ilegales fronteras adentro superaron las capacidades técnicas y operacionales de la Policía Nacional, lo que llevó a que el Ejército desarrollara tareas para reforzar la seguridad interna. Esto incluye el combate a las bandas criminales y a la minería ilegal, y el cuidado de la infraestructura. Los militares han asumido labores relacionadas con la implementación de los acuerdos de paz y la participación en la normalización para el tránsito a la vida civil de los ex miembros de las FARC.

 En Argentina está habilitada la participación de los militares en tareas de seguridad interna. De hecho, durante la última década se emprendieron iniciativas que implicaron la militarización de algunos aspectos del control del narcotráfico. Primero, en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), y luego, aunque más en profundidad, en el actual de Mauricio Macri.
Hasta en Uruguay ha habido un mayor protagonismo de las Fuerzas Armadas. “Desde hace años los militares están a cargo de la custodia perimetral de las cárceles y la Fuerza Aérea asumió la seguridad portuaria. El Parlamento también aprobó una ley que plantea que las Fuerzas Armadas asuman como tarea el patrullaje con la posibilidad de detener sospechosos en una franja de 20 km de la frontera”, dijo González Guyer.

El analista señaló que durante la gestión de Guido Manini Ríos como Comandante en Jefe del Ejército, se planteó la idea de  que la fuerza se encargara de formar e inculcar en valores a los llamados “ni-ni” (ni estudian ni trabajan). y que participara en obras de estructura vial en el interior del país. 

Por otro lado, mencionó la propuesta de crear una Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas, para cumplir funciones de seguridad pública interior, que se incluye en una propuesta de reforma constitucional que será plebiscitada en las elecciones del próximo octubre, impulsada por el senador Jorge Larrañaga, precandidato presidencial del Partido Nacional.