El presidente Gustavo Petro presentó su nueva política de drogas con un criterio no punitivista

"Nuestro silencio estos 50 años fue cómplice en un genocidio en nuestro países porque eso es lo que provocó la política oficial de guerra contra la drogas en nuestra América Latina", afirmó el mandatario colombiano en el cierre de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas en Cali.

"Nos da miedo decir que ustedes, que tienen la mayor parte de consumidores de esas drogas, están equivocados", argumentó Petro al insistir en la idea de que la guerra tradicional contra las drogas que impuso a finales del siglo pasado Estados Unidos provocó la muerte de un millón de personas en el continente.

López Obrador también participó en el cierre de la Conferencia, oportunidad en que consideró que para enfrentar "el flagelo de la drogadicción y la violencia" se deben atender, principalmente, "las causas con un nuevo criterio, no pensar solo en medidas coercitivas".

“Tenemos que poner por delante el criterio de que la paz es fruto de la justicia, tenemos que luchar primero contra la pobreza, contra la desigualdad. Para enfrentar el problema de la violencia hay que ofrecer empleos, buenos salarios, atender a los jóvenes, garantizarles la oportunidad de estudio, de trabajo", dijo el mandatario mexicano.

Colombia, México y otros 17 países latinoamericanos acordaron durante la conferencia una "hoja de ruta" y se comprometieron a buscar un consenso regional. El documento consensuado, entre otros temas, señala la necesidad de impulsar una cumbre internacional en 2025 con una visión común que reconozca el fracaso del punitivismo y un enfoque desde la salud pública, la prevención y la descriminalización de los campesinos.

Petro, por su parte, aprovechó la conferencia para presentar para presentar su nueva política nacional de drogas. El documento, de 86 páginas y titulado "Sembrando vida desterramos el narcotráfico", es un plan que contempla una duración de una década y señala como uno de los objetivos prioritarios reducir la producción de cocaína en un 40% hasta 900 toneladas al año y que está diseñada para una duración de 10 años, explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

"Tiene ejes diferentes a lo que tradicionalmente se ha hecho. Se va a concentrar el esfuerzo penal del Estado en la persecución de las mafias de narcotraficantes, del lavado de activos, la persecución de la cocaína y del dinero de la cocaína", resumió Osuna durante una conferencia de prensa en el marco de la conferencia concretada en Cali.

“Antes se perseguía de un modo casi que igual a una estructura criminal muy potente y a una pequeño narcotraficante o un cultivador y al final la diferencia de penas entre alguien detenido por llevar 20 kilos de hoja de coca y otro con 20 kilos de cocaína no es mucha”, indicó Osuna.

El plan contempla, además de atacar a las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas, ofrecer penas reducidas para quienes acepten entregar información, reparar a las víctimas y devolver bienes especificó Osuna, quien sin embargo aclaró que las leyes para avanzar con la puesta en marcha de la nueva estrategia todavía deben ser aprobadas por el Congreso colombiano.

Con relación a los campesinos que cultivan hoja de coca, el funcionario afirmó que el gobierno dejará de criminalizarlos y que les ofrecerá un abanico de posibilidades para el tránsito de economías ilegales a economías legales. La iniciativa incluye apoyar negocios y otros cultivos, ofrecer terrenos de la reforma agraria adquiridos por el Estado y el pago por servicios ambientales; o bien el uso de la hoja para fines no narcóticos, como alimento y textiles, entre otros.

El plan también aborda el problema de drogodependencia. Para las personas con un consumo problemático, la estrategia oficial propone un enfoque preventivo y de salud pública "incluso con el suministro controlado de estupefacientes", dijo Osuna.

Osuna admitió las dificultades para implementar el nuevo enfoque. La iniciativa ha sido duramente criticada por organizaciones civiles porque no despenaliza el consumo algunas sustancias, como la marihuana o incluso la cocaína, al tiempo que la ley impulsada por Petro para regular el cannabis de uso recreativo, que el gobierno prometió reimpulsar, se cayó por unos pocos votos en el Congreso.

En diálogo con periodistas, el ministro de Justicia argumentó en que la legislación internacional aún no avanza y en que el Código Penal colombiano no permite obrar en ese sentido. "El mundo seguramente transitará hacia una regulación diferente al prohibicionismo; no sé cuándo, ojalá lo alcancemos a ver", dijo Osuna.

Petro, quien ha abordado el tema de la llamada “guerra contra la drogas” en foros internacionales en varias ocasiones, incluso en la Asamblea General de Naciones Unidas, aseguró que "Colombia está apostándole a liderar ese cambio del prohibicionismo a una regulación sensata y responsable, regulación que necesariamente es internacional".

Sin embargo, aclaró Osuna, “mientras el marco jurídico global no cambie, Colombia continuará cumpliendo con sus compromisos internacionales dentro de los cuales está penalizar el narcotráfico y seguirá estando penalizado el consumo de drogas".

(Con información de agencias)