Mundo > Guerra contra las pandillas
El presidente salvadoreño Nayib Bukele ordenó cercar militarmente una ciudad en busca de delincuentes
Más de 5.000 soldados y 500 policías cercaron una ciudad en el norte de El Salvador después de que el presidente Nayib Bukele ordenara perseguir a un grupo de pandilleros que habían asesinado un miembro de la policía nacional.
Unidades de la policía respaldadas por soldados tomaron control de la carretera de acceso a Nueva Concepción, donde registraban a las personas que entraban o salían del lugar para identificar y neutralizar a los pandilleros.
El presidente dijo vía Twitter que el despliegue en Nueva Concepción, una ciudad de unos 30.000 habitantes ubicada a unos 70 kilómetros al norte de la capital fue realizado “en busca de los responsables del homicidio y toda la estructura de pandillas y colaboradores que aún se esconden en ese lugar”.
“Pagarán muy caro el asesinato de nuestro héroe”, dijo Bukele.
Bukele dijo también que las muertes violentas como la del agente de la policía nacional son la muestra de la necesidad de continuar con el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para perseguir a las maras o pandillas, a las que las autoridades acusan de la mayoría de los crímenes que se comenten en el país centroamericano.
El presidente salvadoreño ha estado impulsando una guerra total contra las pandillas callejera del país y a esos efectos, solicitó en marzo de 2022 que el Congreso le otorgara poderes extraordinarios luego de que las bandas criminales hubieran cometido 62 asesinatos en el país.
El Congreso votó afirmativamente el estado de emergencia y refrendó su voto extendiendo las medidas extraordinarias por décimo cuarta vez este martes.
Bajo los poderes de emergencia, las autoridades han arrestado ya a más de 68.500 presuntos pandilleros o colaboradores.
No es la primera vez que las autoridades cierran el acceso a un pueblo. En octubre pasado, 2.000 soldados y policías rodearon Comasagua a unos 30 kilómetros al suroeste de la capital, en busca de pandilleros presuntamente responsables de un asesinato. Unos 50 sospechosos fueron detenidos en dos días.
Y en diciembre, el gobierno envió 10.000 soldados y policías para sellar Soyapango mientras buscaban a pandilleros.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos de las fuerzas de seguridad y en los centros penales en el contexto del estado de excepción, que suspende varios derechos constitucionales como el de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de su detención, así como contar con la asistencia de un abogado.
(Con información de agencias)
