6 de noviembre de 2012 8:54 hs

No hay un atajo hacia el desarrollo. El camino es largo y transitarlo o no es un dilema político, no económico. La gran dificultad radica en que los costos son inmediatos para los tomadores de decisiones y los beneficios vienen en diferido, más allá de los límites de un mandato de gobierno.

En su breve paso por el país, tuve el privilegio de conversar con el economista John Mauldin, best seller de The New York Times con su libro Final de juego y consultor de los principales fondos de inversión en el mundo. Su visión sobre Uruguay es muy optimista y se fue de aquí convencido de que dejaba atrás una economía de enorme potencial.

A diferencia de otros expertos, que creen que el tamaño de nuestro territorio y nuestra población es una limitante para el desarrollo, Mauldin ve en ese aspecto la principal ventaja competitiva del país frente a los gigantes de la región.

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"Todos sus líderes pueden sentarse en una mesa, pensar en qué país quieren para los próximos 10 años y acordar cómo llegar allí", dijo Mauldin. "Eso es imposible de imaginar en países grandes como Brasil y Argentina, ustedes tienen que ser los mejores en adaptarse a los cambios", agregó.

Creo que Mauldin acertó en el diagnóstico. El desarrollo debe ser una iniciativa política. Una estrategia de desarrollo debe partir desde el sector público, integrando al sector privado en las decisiones, pero generando un esquema de incentivos que permita construir las capacidades que permitan adelantarse a los requerimientos del mercado, no correr detrás de ellos ni esperar a que los vientos soplen a favor.

Sin embargo, nuestra clase política no parece darse por enterada de su responsabilidad histórica. Tanto el gobierno como la oposición parecen tener atrofiada su capacidad de proyección en el largo plazo. Cuando las decisiones se toman en función de sus costos y beneficios inmediatos, apostar a una estrategia de país es una hazaña imposible.

Con los actores políticos actuales, es difícil pensar que un gobierno -sea del signo que sea- esté dispuesto a pagar el precio de una transformación profunda de la economía, de la educación y del Estado, pilares para el desarrollo y el crecimiento sostenible. Ningún gobierno estaría dispuesto a asumir los costos y ninguna oposición dejaría pasar la oportunidad de confrontar y sacar algo de rédito.

Desde afuera, la cuestión del desarrollo parece ser muy simple. Uruguay tiene la posibilidad de avanzar a grandes zancadas en el camino correcto. Pero parece que no se nos da muy bien la política de consenso y en cambio asumimos la política de las apariencias, así el costo no lo paga un partido o una fracción, sino el país como un todo, los escasos tres millones de uruguayos.

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