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Empresarios elevan tono de críticas al gobierno y piden celeridad en reformas
Las diferencias con la gestión del gobierno y los reclamos no son algo exclusivo de los sindicatos y el PIT-CNT. En los últimos meses hubo varias ocasiones donde también quedaron al descubierto discrepancias del lado de los empresarios con el Poder Ejecutivo en temas de política económica, relaciones laborales y avance de reformas estructurales como seguridad social, por ejemplo.
El dólar nunca falta
Un tema que cobró fuerza en junio son los reclamos del sector exportador por la baja en el precio del dólar y su impacto en la competitividad. A principio de mes, la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) argumentó que aun dentro de un fenómeno global de debilitamiento del dólar, la divisa subió en países competidores, mientras perdió terreno a nivel local.
La gremial apuntó a la política contractiva del Banco Central (BCU) para bajar la inflación, que se entiende “impacta” sobre el tipo de cambio, y afirmó que la actual situación “perjudica” a todo el sector exportador, en sus diferentes rubros, y en particular a la industria manufacturera exportadora, generadora de puestos de trabajo. “Lamentablemente, hay empresas que ya han decidido cerrar su negocio en nuestro país debido a la pérdida de competitividad y no queremos que esta situación se extienda”, apuntó la UEU en referencia al cierre de la metalúrgica Cinter-Aperam.
Salarios e inflación
Las relaciones laborales y los ajustes salariales en la actividad privada es otro capítulo en donde el sector empresarial ha planteado matices. El primero punto se vincula con la ley de Negociación Colectiva. Hace poco más de un mes el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto con varias modificaciones que busca atender las observaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT),como respuesta a la queja presentada por los empleadores hace ya una década atrás.
Las gremiales empresariales expresaron que valoran la iniciativa como un avance, pero también dejaron en claro que no colma sus expectativas. Esto porque se deja de lado el reclamo principal sobre las competencias de los Consejos de Salarios y la negociación bipartita. Una fuente del sector reveló hace unos días a El Observador que si el proyecto no tiene cambios en el Parlamento –y se termina aprobando la propuesta realizada por el Poder Ejecutivo–se mantendrá la queja ante la OIT.
El sector empleador tampoco se ha mostrado demasiado alineado a la sugerencia realizada por el gobierno para que se negocie con los sindicatos adelantar un año el pago de los correctivos salariales por inflación pasada.
Apenas se conoció ese planteo, unas de las primeras reacciones que se escuchó del lado empresarial fue que, mientras desde el gobierno se pide que cuiden los precios, en paralelo se les solicita corregir salarios. Incluso la sugerencia del gobierno sorprendió a las gremiales porque se hizo con convenios vigentes, y se llegó a cuestionar la propuesta por considerarla un “cambio” en las reglas de juego. Así se planteó en una sesión del Consejo Superior Tripartito que tuvo lugar en abril.
Y los primeros resultados de las negociaciones muestran, por ejemplo, que en la mayoría de los sectores del comercio –que estaban habilitados para negociar ese anticipo– no hubo consenso por negativa de las empresas. En los papeles estas empresas lo que hicieron fue plegarse a mantener lo ya acordado en 2021 con las pautas que había dado el Poder Ejecutivo sobre la base de ajustes salariales por inflación esperada. El paso del tiempo marcó que esas proyecciones cuestionadas por los sindicatos quedaron cortas y han agravado la pérdida de poder adquisitivo en varios sectores que tendrán que esperan más tiempo para recuperar salario. También vale destacar que en sectores vinculados al agro sí se adelantará el correctivo.
La reforma previsional
La reforma de la seguridad social es otro punto en donde las gremiales empresariales están reclamando de manera recurrente que se avance. “Todos sabemos que hay un barco que tiene un agujero, ese barco se aleja del puerto. ¿Lo vamos a dejar hundir por los costos políticos que se puedan cargar?”, cuestionó el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía durante el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) hace dos semanas.
Ese planteo formó parte de otros vinculados a los precios de la energía eléctrica y los combustibles –siguen entre los más altos de la región–, la presión fiscal y sus efectos sobre la inversión industrial, y el “problema de la inflación”. “Nos nos gusta que se diga: ‘Acá vienen los empresarios a llorar, a pedir lo que les está faltando´. Todos tenemos obligaciones por delante. Claramente el gobierno las tiene”, dijo Antía ese día.
